Casos Prácticos

El presente caso trata de delimitar los parámetros que nuestra jurisprudencia ha fijado tras la reforma de 2019 en relación con los conceptos de imprudencia menos grave e imprudencia leve, aplicados a la seguridad vial, para determinar cuándo estamos ante conductas penalmente atípicas o cuándo las mismas han de ser estudiadas ya solo desde la perspectiva de la jurisdicción civil. Examen detallado del concepto de “conducción negligente” (letra m del artículo 76 de la Ley de seguridad vial), a estos efectos. Imposibilidad legal de fijar una relación de criterios determinantes, al ser el juzgador quien ha de valorar en cada supuesto sin perder de vista los parámetros legales que solo son orientativos. La remisión al artículo 76 de la LSV no limita el concepto de imprudencia menos grave a los supuestos contenidos en el precepto, ya que esta puede ser apreciada al margen de que concurra o no alguna de las conductas recogidas en el precepto, dada la necesaria valoración de la magnitud del hecho.

Caso donde se plantean diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con la vida local. En concreto y, en primer lugar, la legalidad de dos Ordenanzas municipales que son recurridas por una asociación vecinal cuestionando su legalidad por la falta del trámite de información pública y por su entrada en vigor con carácter retroactivo. En segundo lugar, la posibilidad y procedimiento para el ascenso, por promoción interna vertical, de dos funcionarios de la Administración Especial. A continuación, la legalidad del Acuerdo del Alcalde ordenando publicar en Internet la actas de los Plenos municipales y, finalmente, el ajuste a derecho de la aprobación de unas Bases aprobadas por el Alcalde y archivo de una solicitud al no aportar una empresa la documentación requerida.

Validez de actividad procesal por edictos desplegada en un Juzgado desde el Decreto de admisión de la demanda hasta la sentencia por defectos de notificación. Nulidad o no de la falta de intervención del Ministerio Fiscal en juicios donde se precisa y posible indefensión y  nulidad,  por la ausencia de grabación de la vista, sin más soporte que el acta sucinta.

Conflicto entre libertad de expresión y el derecho al honor en un ámbito de actuación en el ejercicio de la actividad profesional de abogado.

El presente caso trata de explicar la incompatibilidad procesal entre un desahucio interpuesto por el arrendador por falta de pago de la renta, con otra demanda de la arrendataria interpuesta para la determinación de la renta formulada en solicitud de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como consecuencia de la suspensión de actividad, o la brusca caída en la facturación de la actividad desarrollada en los locales arrendados, a consecuencia de la declaración del estado de alarma para contener la propagación del virus. La parte arrendataria debe solicitar la suspensión del proceso de desahucio por prejudicialidad civil, pues para decidir sobre el objeto del juicio de desahucio es necesario que haya quedado resuelta previamente la demanda de determinación de la renta formulada por la arrendataria, en aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus". Ahora bien, estas situaciones, pueden dar lugar a abusos por la arrendataria y para evitarlos deben imponerse a la inquilina determinadas obligaciones, entre otras, acreditar el pago o la consignación a disposición de la arrendadora, en concepto de renta mínima, de la cantidad de, al menos, un 50% de la renta contractual pactada; o de la cantidad que en concepto de renta se determine, en auto de medidas cautelares o en sentencia, en el proceso promovido para la determinación de la renta.

Este supuesto práctico versa sobre distintas vicisitudes jurídicas que giran, en primer lugar, sobre las consecuencias de dos expropiaciones forzosas sobre la misma finca llevadas a cabo por una comunidad autónoma para la construcción de un colegio público para impartir el bachillerato, toda vez que, en la primera, no se procedió a extender el acta de ocupación y pago ni su inscripción en el Registro de la Propiedad hasta bastante tiempo después, lo que dio lugar a que la primera expropiada vendiera la finca a un tercero de buena fe. En las mismas, una entidad local reivindica la competencia para ello. En segundo lugar, sobre un contrato administrativo de obras donde se plantea la posibilidad de delegación de esta competencia, la posibilidad de realizar la obra la propia Administración y una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial por daños causados en la ejecución de la misma. Finalmente, se plantea la incompatibilidad o no entre la titular de una jefatura de servicios y una jefatura de sección ocupada por su cónyuge.

Palabras claves: expropiación forzosa; contrato administrativo de obras; autonomía local; responsabilidad patrimonial de la Administración.

En el presente supuesto, la cuestión jurídica que se nos plantea es la de si tiene derecho a una indemnización con cargo al seguro obligatorio de viajeros (SOV) un pasajero que tiene un siniestro dentro del medio de transporte, con lesiones personales, si no existió responsabilidad por daños personales derivados de la conducción del vehículo, al haberse demostrado que la actuación del conductor no ha sido la causante del accidente. En el régimen de responsabilidad del seguro obligatorio de viajeros, para ser acreedor de la indemnización con cargo al SOV bastará acreditar la condición de viajero con el correspondiente título de viaje y que los daños corporales deriven de alguna de las causas previstas legalmente, con independencia de la culpa o negligencia del conductor. Deben considerarse incluidos en los riesgos cubiertos las caídas de los pasajeros por pérdida de equilibrio como efecto de una reducción de velocidad del vehículo. El hecho de haber curado de las lesiones sin secuelas no excluye el derecho a percibir indemnización con cargo al SOV.

Palabras claves: seguro obligatorio de viajeros; indemnización; daños personales.

Este caso práctico plantea diversas cuestiones tales como, en primer lugar, la posibilidad y requisitos para la concesión de subvenciones por un ayuntamiento a personas/entidades, titulares de pequeñas y medianas empresas locales; en segundo lugar, sobre si, declarado el estado de alarma, es posible la celebración de sesiones normales con restricciones o la celebración por medios electrónicos, y si esta última posibilidad es aplicable a las sesiones de los otros órganos colegiados del ayuntamiento; finalmente, se plantean cuestiones jurídicas sobre un contrato administrativo de servicios, tales como la correcta composición de la mesa de contratación y un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos.

Palabras claves: subvenciones; estado de alarma; sesiones municipales; contrato administrativo de servicios.

El presente supuesto aborda una cuestión de evidente actualidad, ya que nos estamos refiriendo a las intromisiones ilegítimas en derechos fundamentales (intimidad, honor y propia imagen) que tienen lugar por publicación de sentencias penales en redes sociales, cuando ninguna de las partes afectadas tiene notoriedad pública y no concurre tampoco interés público o social legítimo. No existe un bien constitucionalmente protegido que permita limitar la intimidad de la persona afectada por la publicación en redes sociales, ni tampoco concurre la llamada «publicación neutral», al tratarse de una publicación en redes encaminada a divulgar datos de la esfera personal e íntima de una persona condenada por sentencia penal. La publicidad de esos datos atenta contra la intimidad de la persona, sin que pueda prevalecer la libertad de expresión. No es equiparable la publicación en redes sociales con la difusión en un periódico o medio de difusión pública.

Palabras claves: derecho a la intimidad; redes sociales; publicación de sentencias; daño moral.

En el mundo jurídico es necesario saber, con arreglo a nuestras normas de conflicto, cuál es el derecho aplicable. Un posible recurso puede fundarse en la inaplicación del derecho extranjero, admitiéndose la prueba del mismo en segunda instancia, pues tal es el sentido del artículo 282.2 de la LEC, pero sin alterar el objeto del debate concretado en la demanda y en la contestación.
La libertad de tarificación, la mayor responsabilidad que implica la facturación del equipaje y la falta de previsión expresa de la facultad del viajero de trasportar cuanto quiera son los datos que nos permiten concluir en la validez de las cláusulas que contemplen restricciones a la facturación de objetos de valor por parte de la compañía aérea.

Palabras claves: contrato de transporte; condiciones generales de la contratación; denegación de embarque; derecho extranjero.