Artículos de Interés

El mes de julio de 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales en España, un documento que trata de dar respuesta a las inquietudes que han surgido en estos últimos tiempos ante el vertiginoso desarrollo tecnológico, que junto con sus innegables ventajas y oportunidades, en ocasiones presenta peligros y amenazas para los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores democráticos de nuestra sociedad. Con este trascendental hito nuestro país está alineado con la Unión Europea, que en enero del pasado año 2022 ha presentado su propia Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Esta declaración sigue la estela de recientes propuestas de reglamentos en el ámbito de los servicios digitales, los mercados digitales, la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, que serán igualmente analizados en estas páginas. Nuestra conclusión es que estamos en un cierto proceso de «constitucionalismo digital» que plantea la creación de nuevos derechos para hacer frente a estas nuevas realidades en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y nos entretenemos.

Palabras claves: Carta de Derechos de Digitales; DMA; DSA, IA; constitucionalismo digital.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) constituyen la hoja de ruta avanzada en Europa de la sostenibilidad. La Unión Europea dirige las líneas maestras de su implementación, y el transcurso del tiempo evidencia el peligro de incurrir en una retórica huera sobre las exigencias inevitables de esta «sostenibilidad» en parcelas tan importantes que afectan a los consumidores o usuarios. Parece imprescindible un mayor esfuerzo para explicar con mayor rigor sus objetivos y los previsibles cambios en la profusa reglamentación, normativa y los trabajos preparatorios en curso que inciden sobre la vida útil de los bienes o productos de consumo, que exigen medidas claras y precisas en la lucha efectiva contra la obsolescencia técnica o programada de miles de productos (contexto del ODS 12). Dentro de la copiosa y dispersa legislación nacional y europea vigentes, un análisis jurídico transversal del ciclo de vida útil mínima de los bienes de consumo nos permitirá identificar los problemas clave y vislumbrar soluciones a muchas disfuncionalidades actuales en la cadena de distribución entre productores, empresarios y consumidores, y ello en el contexto de esta materia gris que denominamos «derecho de consumo», indefectiblemente unida al derecho privado, elemento vertebrador indispensable. No cabe duda de que el principio de sostenibilidad de los bienes de consumo debe conjugarse necesariamente con la protección real y precisa de los derechos de los consumidores, en medio de una economía circular colaborativa más competitiva que facilite la lucha efectiva y real contra la obsolescencia técnica o programada.

Palabras claves: sostenibilidad; obsolescencia; bienes de consumo; durabilidad-reparabilidad; garantías; piezas de recambio; servicios posventa; ecodiseño de productos; mercado único europeo.

La Administración pública ocupa un papel determinante en el mercado del arte, en calidad de delimitador de la exportación, pues el régimen de exportación de bienes culturales está constreñido por autorizaciones administrativas en aras de conservar el patrimonio histórico español. Dicho patrimonio está, por tanto, sujeto a límites que imposibilitan su libre disposición, lo mismo por parte de particulares que por parte de entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, los propietarios de bienes culturales están vinculados por una serie de obligaciones con respecto de los bienes de los que son titulares.
A través de un análisis normativo y jurisprudencial, el presente trabajo examina la regulación que supedita la exportación en el mercado del arte al control administrativo, así como las disyuntivas manifestadas en virtud de dicha supeditación. Para una mayor claridad, se abordan dichas cuestiones a través del análisis del caso de las cartas de Colón, que además proporciona las ideas clave en torno a las que gira la problemática: la quizá excesiva discrecionalidad de la Administración a la hora de conceder o denegar permisos de exportación, la posible vulneración del derecho a la propiedad privada, consecuencia de la denegación del permiso de exportación, y el perjuicio económico que esto supone para propietarios de bienes culturales.

Palabras claves: exportación; patrimonio cultural; intervención administrativa; bienes culturales.

La mayoría de los estudios relativos a las acciones del acreedor frente al administrador de la sociedad de capital se ciñen al supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 367 de la Ley de sociedades de capital (LSC), referido al administrador que asume obligaciones en nombre de la sociedad habiendo incumplido el deber de promover la disolución o el concurso de acreedores de la compañía. Pero existen otros supuestos en los que el impago obedece a comportamientos antijurídicos y culpables del administrador distintos al contemplado en el citado precepto. Piénsese, por ejemplo, en el administrador que contrae una deuda cuando la sociedad es solvente, pero a sabiendas de que no podrá abonarla a su vencimiento; o cuando, aun siendo imprevisible la posterior insolvencia, esta hubiera sido provocada por su negligente actuación. También cabe pensar en el administrador que incumple, injustificadamente, la obligación de gestionar el pago de una deuda líquida, vencida y exigible, cuando la sociedad es solvente, sobre todo si, con posterioridad, dicha sociedad deviene en estado de insolvencia eliminando las expectativas de cobro del acreedor. Tales supuestos son objeto de estudio en este artículo, que propone fundamentar la reclamación frente al administrador en el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 236 de la LSC.
Esta propuesta no es ajena a la reticencia que se advierte en el ámbito forense a declarar la responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad en supuestos distintos al contenido en el artículo 367 de la LSC, por lo que el trabajo contiene un análisis crítico de alguno de los argumentos que de manera recurrente esgrimen las resoluciones judiciales para eximir de culpa al administrador.

Palabras claves: sociedad de capital; responsabilidad del administrador; impago de la deuda social; deber de diligencia del administrador; artículo 236 de la LSC; artículo 367 de la LSC.

La palabra «metaverso» es, sin duda alguna, la palabra de moda. Pero ¿qué es el metaverso? ¿Existe ya o está en construcción? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia en los últimos tiempos? ¿Cuáles son los principales retos jurídicos que va a conllevar su paulatina implantación?
Así las cosas, el propósito de este artículo es analizar, de una parte, en qué consiste el metaverso, sus antecedentes históricos, sus principales características, las tecnologías que convergen en el mismo, los casos de uso que se desarrollarán; y, de otra parte, el impacto que puede tener el metaverso en el Derecho y cómo este puede afrontar los numerosos riesgos y conflictos jurídicos que, sin duda, surgirán a raíz de la implantación del mismo.

Palabras claves: metaverso; derecho del metaverso; realidad virtual.

La doctrina ha señalado como una de las patologías de nuestro sistema normativo escrito la incesante proliferación de normas que se suceden, casi sin solución de continuidad, a un ritmo frenético, fenómeno que se ha llegado a calificar como de explosión, marea, avalancha, inflación e hipertrofia de la legislación. Este escenario proyecta incertidumbre sobre los aplicadores del derecho e inseguridad jurídica sobre los ciudadanos, a las que prometen contribuir los requerimientos de nuevas normas para afrontar las recientes crisis económicas, sanitarias, energéticas y medioambientales.
El presente trabajo aborda la problemática de la evaluación de la inflación normativa, tomando como referente la labor desarrollada a este respecto en Francia y procurando extraer de ella conclusiones que contribuyan a estudiar un eventual sobredimensionamiento de nuestro ordenamiento jurídico y, en su caso, a concretar soluciones para su corrección. Para ello, se procede a definir el concepto de inflación normativa, se examina la problemática que plantea su cuantificación, se exponen las iniciativas adoptadas en Francia, ahondando en los trabajos del Conseil d’État, y se exponen algunas de las soluciones alumbradas en España, efectuando, en sede conclusiva, varias propuestas de mejora.

Palabras claves: inflación normativa; legística; Conseil d’État; órganos consultivos.

Hace 15 años se reguló por primera vez la hipoteca inversa en España a través de la disposición adicional primera de la Ley 41/2007. Desde entonces, escasas novedades legislativas se han realizado a este producto financiero, que, año tras año, no ha conseguido despegar en el volumen de operaciones formalizadas (hasta el punto de considerarse un producto residual).
Sin embargo, en este mismo tiempo, el mercado de la financiación hipotecaria a particulares para la compra de vivienda ha vivido una notoria revolución jurídica, impulsada, en un primer momento, por las sentencias del Tribunal Supremo que declaraban la nulidad de varias cláusulas contenidas en las escrituras de préstamo hipotecario y, posteriormente, su transformación ha sido promovida desde Europa, con la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/CE.
En este artículo se analiza la hipoteca inversa con una finalidad prospectiva, examinando su actual regulación para poder establecer una predicción de los riesgos jurídicos que podrían entrañar, para las entidades prestamistas, la formalización de estas operaciones en el presente.

Palabras claves: deberes de información; entidades bancarias; hipoteca inversa; préstamo hipotecario.

Este trabajo centra su análisis en los aspectos jurídicos del proceso de constitución telemático de una sociedad de responsabilidad limitada y en el rol del notariado y del registrador mercantil. Este trabajo examina también las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2019/1151 de digitalización del derecho de sociedades y su norma de transposición, el anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia. Un análisis crítico que aporta algunas propuestas de mejora que pudieran resultar de utilidad.

Palabras claves: derecho societario; sociedad limitada; digitalización; sostenibilidad.

El objeto principal de este trabajo se centra en el análisis de las garantías y mecanismos de protección del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de las transferencias internacionales de datos que se producen entre un Estado de la Unión Europea y un tercer Estado, lo que llevará, entre otros extremos, al análisis de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Schrems I, de 15 de julio de 2015, y Schrems II, de 16 de julio de 2020, dos casos paradigmáticos que suponen un importante avance en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión relativa al derecho a la protección de datos de carácter personal y que nos ofrecen una interesante información acerca de la dificultad de fijar medidas de protección eficaces cuando los datos personales traspasan las fronteras de la Unión.

Palabras claves: Schrems; datos personales; transferencias internacionales de datos; safe harbour; privacy shield.

El presente trabajo consta de dos partes. En la primera parte, se hace una crítica de las instituciones del derecho administrativo, a la luz de los postulados liberales del Estado de derecho (en el plano político) y del Estado mínimo (en el plano económico) para poner en contexto el problema de la tutela judicial de los derechos y garantías particulares frente a la Administración. Y en la segunda parte, se muestra el estado del debate en los Estados Unidos sobre el llamado Estado administrativo, esto es, el conjunto de órganos y agencias gubernamentales de ese país, cuya actuación parece haber desbordado el marco de la Constitución y ha llegado al punto de lesionar los derechos y garantías particulares. El caso norteamericano se pone como ejemplo para analizar la situación actual del contencioso-administrativo en España, el cual no ha sido capaz de configurar un auténtico proceso judicial frente a la Administración pública, y con ello verificar que –tanto en los Estados Unidos como en España– el problema radica en la consagración de prerrogativas a favor de la Administración pública, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Finalmente, el autor prevé el posible impacto que tenga en España el debate sobre el Estado administrativo en los Estados Unidos.

Palabras claves: Estado administrativo; contencioso-administrativo; derecho administrativo comparado; prerrogativas; derecho administrativo liberal.