Artículos de Interés

En el presente trabajo explicamos el fenómeno del transfuguismo político en las corporaciones locales, que ha provocado una enorme desafección y lejanía de los ciudadanos en sus instituciones más próximas.
El transfuguismo es el fenómeno por el cual los concejales que han sido elegidos en una lista de una formación política traicionan dichas siglas durante el mandato corporativo, apoyando al grupo político contrario o firmando mociones de censura contra la formación política con la que concurrieron a las elecciones.
En definitiva, esta conducta supone una quiebra del sistema representativo democrático local por la que se incumple la voluntad de los representados, libremente expresada en las elecciones locales, cambiando gobiernos de espaldas al electorado, y además estas conductas, a lo largo de los últimos 40 años, han sido empleadas como un medio para el fin de la corrupción política.
Finalmente, se ofrecen soluciones legislativas para penalizar tanto a los tránsfugas como también a los partidos políticos cuando expulsan de forma arbitraria a sus cargos públicos.

Palabras claves: transfuguismo político; quiebra del sistema representativo; corrupción política; soluciones legislativas.

El objeto de estudio de este trabajo es analizar los supuestos de falta de cobertura (particularmente en relación con los daños materiales), por parte de las compañías aseguradoras, de siniestros que se producen entre dos vehículos conducidos por familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. En concreto, concentraremos nuestra atención en abordar la cuestión jurídica que subyace en este tipo de casos, relativa a las cláusulas de exclusión y los motivos de oposición que podrían esgrimirse ante una eventual demanda, así como los riesgos/problemas de reclamar judicialmente en un contexto de tales características.

Palabras claves: accidente de tráfico; familiares; contrato de seguro; exclusiones; praxis judicial.

En el presente estudio se expone el régimen jurídico actual del «derecho al dividendo» en las sociedades de capital no cotizadas.
El artículo 348 bis del TRLSC, de vida azarosa y seriamente contestado desde su origen, supone un auténtico cambio de paradigma en la formulación dogmática del «derecho al dividendo» en las sociedades de capital respecto a cómo estaba concebido con anterioridad. Ahora, vigente este precepto, ampliamente reformado, y si se dan los requisitos establecidos en el mismo, el derecho abstracto del socio o accionista a «participar en el reparto de las ganancias sociales», reconocido en el artículo 93 del TRLSC, se transforma en un derecho directamente exigible y cuantificable, anualmente, ante la junta de socios o accionistas, so pena de ejercitarse, como represalia, un derecho tan gravoso como el de separación.

Palabras claves: abuso de derecho; artículo 348 bis LSC; derecho al dividendo; derecho de separación.

Han proliferado en los últimos tiempos resoluciones de nuestros juzgados y tribunales que conceden medidas cautelares por las que se suspenden los efectos de obligaciones contractuales. Estas medidas frecuentemente han sido resueltas en procedimientos judiciales, en los cuales una parte contractual promueve la ineficacia total o parcial de un contrato cuyas prestaciones le resultan singularmente gravosas, hasta el punto de comprometer su solvencia. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus o la crisis financiera iniciada en 2008 han dado lugar recientemente al ejercicio de este tipo de acciones que tratan de modificar un contrato.
Habitualmente, esas resoluciones concluyen que concurre peligro en la demora debido a un riesgo de insolvencia del demandante. Es decir, se suspende una obligación de pago cuestionada en la demanda principal sobre la base de que, en caso de tener que satisfacer esa obligación, el actor se vería abocado a una situación de insolvencia. En tales casos se plantea la duda sobre la admisibilidad o no en nuestro ordenamiento de una medida cautelar que no solo adelanta los efectos de una posible sentencia estimatoria, sino que también comporta una alteración del estado de cosas previo al conflicto. También existe controversia sobre si el riesgo de que el demandante devenga en una situación concursal puede ser considerada a la hora de adoptar la medida. Para dar respuesta a esta problemática será necesario analizar y sistematizar la difícil regulación legal de las medidas cautelares en el ordenamiento procesal español, que presenta algunas cuestiones oscuras.
Pese a la notable importancia práctica de la cuestión, resulta llamativa la escasa atención que la doctrina ha dedicado a la posible alteración o suspensión de los contratos en sede cautelar. El presente trabajo se propone llenar ese vacío y aclarar si nuestro ordenamiento permite o no la modificación provisional de la relación contractual en tanto no se dicte sentencia sobre el fondo.

Palabras claves: medidas cautelares; medidas anticipatorias; medidas satisfactivas; riesgo de insolvencia.

La escasez de referencias en la legislación societaria que regulen sustantivamente los grupos de sociedades ha provocado que, hasta la fecha, la legitimidad de las operaciones vinculadas intragrupo se resolviese según el régimen jurídico del deber de lealtad del administrador, contemplado en los artículos 228 y siguientes de la LSC. Al respecto, se ponía el interrogante en la aplicación, para la aprobación de este tipo de operaciones, del deber de abstención del administrador al consejero de la filial, nombrado por la matriz, por el deterioro a la operatividad del grupo que ello conllevaba. El presente trabajo tiene por objeto analizar la posición del administrador en las operaciones vinculadas intragrupo, entre sociedades no cotizadas, a la luz del régimen de los artículos 228 y siguientes de la LSC, y evaluar el cambio jurídico que comporta la aprobación de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, que ha introducido, a través de un novedoso artículo 231 bis, un régimen especial de aprobación de operaciones vinculadas intragrupo.

Palabras claves: grupo de sociedades; operaciones vinculadas; administrador dominical; interés del grupo; conflicto de intereses.

En el presente artículo se analiza la relevancia que las redes eléctricas inteligentes tendrán en la transición energética hacia un modelo renovable, flexible y eficiente. Nos hallamos ante un cambio de paradigma en el sector eléctrico marcado por el cambio climático y la revolución tecnológica. Este novedoso contexto exige que las redes eléctricas experimenten un proceso de modernización, gracias al cual puedan integrar adecuadamente los recursos energéticos distribuidos, como son, por ejemplo, las instalaciones de almacenamiento y los vehículos eléctricos. Una tarea que implicará, aunque en algunos supuestos sea con carácter transitorio, la asunción de nuevas funciones por parte de los gestores de las redes de distribución. Se trata, en suma, de una radical transformación del sector eléctrico y su regulación, que encuentra en las redes eléctricas inteligentes el eje vertebrador de la transición energética. Una transición que se presenta evidente en lo referido a la perspectiva medioambiental y extremadamente compleja en su vertiente industrial.

Palabras claves: redes eléctricas inteligentes; transición energética; energías renovables; regulación; cambio climático; Unión de la Energía.

En este artículo se analizan las medidas que con carácter temporal se han adoptado desde la perspectiva del derecho concursal para mitigar las consecuencias que la pandemia sanitaria generada por la covid-19 ha traído consigo en el ámbito empresarial. Estas medidas integran un verdadero derecho concursal de emergencia, y dentro de ellas puede diferenciarse entre unas medidas normativas aprobadas por el Gobierno de España y otras que tienen su origen en actuaciones judiciales concretas.

Palabras claves: pandemia; concursal; emergencia.

Durante el año 2020 y el vigente 2021, las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de la covid-19 han provocado paralizaciones en la circulación de personas a escala mundial. Sin embargo, las reuniones de los socios no podían detener su actividad y, por tanto, las sociedades se han reinventado celebrando la junta virtualmente. El legislador, consciente de la nueva realidad societaria, ha promulgado la Ley 5/2021, modificando e incluyendo preceptos sobre la junta virtual para dar coherencia al sistema regulatorio. En este trabajo estudiaremos los problemas de identificación que han surgido en las juntas generales a lo largo del 2020, determinaremos con claridad los aspectos relevantes del régimen jurídico aplicable, analizaremos el régimen vigente y realizaremos una propuesta de futuro, tanto legislativa como tecnológica, para una mejor identificación del socio o su representante en las juntas virtuales.

Palabras claves: sociedades; junta virtual; identificación del socio; junta híbrida; junta íntegramente virtual; medios telemáticos.

En el presente trabajo se analiza el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito. Se estudia el origen de esta infracción, el bien jurídico que se protege con su tipificación, los requisitos que deben concurrir para apreciar la conducta típica y la posible ausencia de su tipicidad o antijuridicidad material cuando la orden desobedecida es ilegal. Asimismo, y para finalizar, se ponen de manifiesto algunos problemas que ha conllevado la aplicación de este tipo infractor durante el estado de alarma decretado por la situación de emergencia sanitaria derivada de la covid-19.

Palabras claves: desobediencia; autoridad; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; seguridad ciudadana; estado de alarma.

Este trabajo analiza varias cuestiones polémicas relativas a la validez y eficacia de los pactos parasociales: (a) en qué medida pueden las partes renunciar en ellos a sus derechos societarios, (b) si estos convenios pueden contener instrucciones a los administradores sociales, (c) si la sociedad debe o puede implicarse en asegurar la efectividad de lo pactado, y (d) si, cuando los pactos son omnilaterales, pueden ejecutarse mediante remedios societarios. Estos temas se suelen afrontar indicando que el pacto parasocial no es oponible a la sociedad (art. 29 LSC), lo que significaría que solo obliga inter partes y carece de eficacia societaria. Tal planteamiento olvida que el pacto tiene efectos de facto sobre la realidad en la que se inserta, que es la societaria. Sobre esta base ofrecemos soluciones en las que la legislación de sociedades recobra un papel relevante, junto con los principios generales del derecho contractual y patrimonial.

Palabras claves: pactos parasociales; validez; eficacia; derecho de sociedades.