Casos Prácticos

El presente supuesto plantea diversas cuestiones jurídicas derivadas del ajuste a derecho de: dos contratos de servicios para la defensa de la Administración que recae en el mismo letrado y de un arrendamiento de local patrimonial adjudicado directamente y una venta directa de un bien patrimonial que tenía arrendado a una sociedad anónima participada, en un 60 % del capital social, por un concejal del ayuntamiento, con dedicación exclusiva y que forma parte de la Junta de Gobierno Local. Asimismo, se plantea la reclamación de un viandante por caída en la calle y la solicitud del alcalde pidiendo informe al secretario-interventor sobre diversas cuestiones que constan en el relato de hechos.

Posibilidades de éxito de una demanda de guarda y custodia de unos abuelos sobre sus tres nietos menores que residen en un país extranjero no perteneciente a la UE y donde hay conflicto bélico y conviven con madre española y sin padre conocido. El interés superior de los menores y la guarda y custodia de la madre.

El presente caso puede quedar enmarcado en el contexto propio de las responsabilidades civiles profesionales como consecuencia de una falta de diligencia a la hora de iniciar una acción que nunca se emprendió y debería haberse interpuesto. Pero se analiza la peculiaridad de que quien debía haber accionado era un sindicato en relación con una trabajadora afiliada que se ve perjudicada por la pérdida de oportunidad derivada de la pasividad del sindicato. Responsabilidad civil dimanante de una demanda de despido no interpuesta que origina la pérdida de una indemnización prácticamente segura. Relevancia de la comunicación de la extinción de la relación laboral como hecho nuclear de la causa de pedir de la demanda, puesto que se erige en el presupuesto fáctico del comportamiento negligente que la trabajadora imputa al sindicato responsable. Inexistencia de estímulos para que la trabajadora no comunicase dicha extinción de la relación laboral y que podía frustrar su demanda de fijeza en el puesto de trabajo. Viabilidad de la demanda de despido que hubiera sido estimada si se hubiera presentado en plazo. Condena al pago de la indemnización a la que habría tenido derecho la trabajadora en el proceso de despido.

Este caso se plantea en torno a dos procedimientos de expropiación forzosa de dos locales incoados por un Ayuntamiento, uno de los cuales es de propiedad particular y el otro de la Administración General del Estado, que tiene allí una oficina de información ciudadana. Ambos fueron tramitados por el procedimiento de urgencia. Con independencia de si el pleno era o no competente para esta declaración de urgencia en el primero de ellos y la actuación de un concejal como secretario de la corporación, el relato de hechos poniendo de manifiesto continuas ilegalidades que provocan la revisión de oficio del primer procedimiento. Respecto al segundo, igualmente, se producen desajustes a derecho valorándose las consecuencias de las mismas. Finalmente, se plantean cuestiones jurídicas derivadas de un contrato de obras y de otro de suministro. Finalmente, con ocasión de la transmisión de un puesto en el mercado de abastos se dejaron deudas impagadas en recaudación ejecutiva por el IBI.

Persona que había efectuado un requerimiento al banco para que, en un plazo, dejara sin efecto la cláusula suelo, y con devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
El banco contesta al consumidor ofreciendo compromiso de pago, y se allana.
Cuando de un interés fijo se trata, sustituido después por otro variable, y se ha suprimido la cláusula suelo manteniendo el índice de referencia del original contrato, se puede entender que se supera “el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación.
La consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones conlleva la declaración de su nulidad de pleno derecho
El incumplimiento de la normativa MiFID no supone la resolución contractual, sino la anulabilidad del contrato, pues la invalidez del mismo viene de una fase precontractual informativa, no enmarcada dentro de la relación financiera que dará lugar al contrato a firmar.

Relación entre la reclamación por daños personales y la reclamación nacida del seguro obligatorio de viajeros: compatibilidad entre ellas al margen de la curación de las lesiones personales. Caída de una pasajera en un autobús. Inexistencia de responsabilidad por daños personales derivados de la conducción del vehículo, ya que no ha quedado acreditado que la actuación del conductor haya sido la causante del accidente. Régimen de responsabilidad del seguro obligatorio de viajeros. Para ser acreedor de la indemnización con cargo al SOV bastará acreditar la condición de viajero con el correspondiente título de viaje y que los daños corporales deriven de alguna de las causas previstas legalmente, con independencia de la culpa o negligencia del conductor. Inclusión en los riesgos cubiertos de la caída de un pasajero por pérdida de equilibrio como efecto de una reducción de velocidad del vehículo. El hecho de haber curado de las lesiones sin secuelas no excluye el derecho a percibir indemnización con cargo al SOV.

Este supuesto se centra en el análisis de las consecuencias de que una exconsejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que, tras cesar en el cargo, opta por una compensación económica mensual durante dos años con la obligación de no realizar actividades incompatibles. Pese a ello, presta servicios profesionales en una empresa sujeta a la supervisión de la CNMC, por lo que la Oficina de Conflicto de Intereses instruye expediente sancionador que finaliza con sanción por incumplimiento de la Ley 3/2015, de regulación de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que es objeto de recurso contencioso-administrativo con los argumentos que se exponen en el relato de hechos y cuya procedencia o no se estudian en el presente caso. Finalmente, la sancionada plantea reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial, por las circunstancias concurrentes en la publicación de aquella en el BOE

Ejercicio legítimo el derecho a la información a que se refiere el artículo 20.1 d) de la CE, pues la publicación cumple los requisitos de veracidad y proporcionalidad, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, al tratarse de una información basada en documentos judiciales y policiales y sin que se realizaran comentarios o manifestaciones que no son simples rumores o aspectos sin constatación o meras invenciones.

Aborda el presente caso el análisis de diversas cuestiones jurídicas en relación con una mancomunidad de municipios y con la contratación del personal laboral por parte de un ayuntamiento. Así, en primer lugar, la aprobación de una ordenanza fiscal por una mancomunidad que es recurrida por un ayuntamiento que forma parte la misma y es anulada por sentencia judicial, planteándose el problema de la devolución de las cuotas que eran procedentes. En segundo lugar, el ajuste a derecho de la contratación laboral de una concejala de la oposición para un contrato a tiempo parcial de duración determinada no financiado con fondos propios del ayuntamiento, así como el procedimiento de selección utilizado.

Régimen de protección de los compradores de viviendas, en relación con las cantidades anticipadas como parte del precio. La garantía de devolución de los anticipos está vinculada a la efectiva construcción y entrega de la vivienda dentro del plazo contractual, siendo consecuencia de ello que dicha garantía no puede subsistir si la resolución es anterior al cumplimiento de la obligación del vendedor. Los compradores tienen derecho a reclamar de la aseguradora o avalista la devolución de los anticipos con base en un aval o seguro colectivo, aunque no se hubiera llegado a extender un aval individualizado. El banco no puede oponer el límite de cantidad de garantía del aval o el tiempo de vigencia, pues la ley no establece límites, sino que obliga a devolver las cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual.