Casos Prácticos

D. Federico, un joven empresario que recientemente ha contraído matrimonio en régimen de separación de bienes, ante la buena marcha de sus negocios, decide comprar un inmueble destinado a su vivienda habitual. En concreto, se trata de un chalé situado en el barrio El Brillante de Córdoba que, tras su adquisición, constituiría su domicilio familiar. Para financiar la adquisición, cuyo precio asciende a 400.000 euros, contrata un préstamo con garantía hipotecaria con la entidad bancaria Banco Credit Finance, SA en fecha de 4 de mayo de 2007.

La demandante, ciudadana de nacionalidad peruana, insta ante un juzgado de familia de la localidad de Madrid, la regulación de las relaciones paternofiliales con su pareja, varón de nacionalidad colombiana, con el que convivió durante dos años y que, como consecuencia de esa relación, nació una niña de cinco años de edad. El demandado lleva desde que se fue sin ver a la niña, ni comunicarse con la madre ni atender a las necesidades de su hija menor.

El presente caso pone de manifiesto hasta qué punto los Tribunales de Justicia (en concreto la Sala 1ª del TS), pueden erigirse en auténticos legisladores negativos capaces de vaciar de contenido un requisito legal en materia concursal, como es la obligación por parte del deudor de acreditar haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, para poder pretender el acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el caso de los deudores personas físicas no comerciantes; el principio de legalidad no puede quedar sacrificado en su integridad por las interpretaciones judiciales derogatorias de la norma (que entendemos contra legem), si el requisito no tiene margen de interpretación posible. De conformidad con la nueva doctrina: los deudores personas físicas no comerciantes que hubiesen optado directamente por el concurso de acreedores, no han de acreditar como requisito legal el haber intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, quedando reservada esta exigencia para los deudores comerciantes.

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.

Respecto de la rebeldía procesal, el Tribunal Supremo ha declarado que los órganos procesales han de cumplir rigurosamente con las normas reguladoras de los actos de comunicación con las partes, porque, de lo contrario, puede verse afectado el derecho a la tutela judicial efectiva y provocar indefensión.
En la desheredación, si el legitimario niega las afirmaciones de abandono o maltrato, desplaza la carga de la prueba al heredero. El maltrato psicológico se considera comprendido dentro de la expresión “maltrato de obra” del artículo 853.2ª CC.
En el caso de la impugnación del testamento, la acción es personalísima y no se puede actuar en nombre de otro legitimario si no se ostenta la representación procesal acreditándolo.

El presente caso pone de manifiesto las divergencias que continúan sin resolverse en nuestro país, en el conflicto Catastro-Registro de la Propiedad para inseguridad jurídica de los ciudadanos. La georreferenciación obligatoria desde la reforma del año 2015 aflora una evidente controversia que solo es técnica o cartográfica, acerca de si las georreferenciaciones alternativas que se presentan se ajustan o no a la realidad. Si el Registro de la Propiedad estima que la inscripción de una georreferenciación puede suponer una perturbación de hecho, han de analizarse cada una de las aportadas como alternativas, pues, aunque los datos del Catastro se presumen exactos en la legislación catastral, ello deberá entenderse sin perjuicio de los pronunciamientos registrales que, en cualquier caso, tienen preferencia. El alta de la alteración catastral no produce ningún efecto jurídico al carecer el Catastro de la función de control de la legalidad, y basta la oposición de un colindante para destruir la presunción de exactitud catastral, ya que la certificación catastral no constituye un título de propiedad.

El caso se plantea en torno a diferentes problemas relacionados con un Ayuntamiento tales como, la negativa de la Alcaldesa de convocar un pleno ordinario afirmando que no hay temas que tratar; la grabación de un Pleno y el intento de difusión posterior por Internet; el ajuste a derecho de notificación de un acto; la compatibilidad del pago por licencia de obras y el impuesto de edificación en una calle; el ajuste a derecho de la asistencia a una Comisión Informativa de un médico nombrado miembro honorífico del Ayuntamiento que había sido concejal de la Corporación mucho tiempo y, finalmente, cuestiones derivadas de un contrato de obras (posibilidad de variantes en las ofertas; inadmisión de un recurso y la modificación del contrato acordada por la Administración con oposición del contratista).

La demandante interpone una demanda contra la comunidad de propietarios por los perjuicios que le produce la instalación de un ascensor a cota cero, en un patio interior en la comunidad al verse privada de luces y vistas desde su ventana del dormitorio, ya que el mismo ocupa una parte dejando libre una de mucho menor tamaño, así como por la falta de privacidad dentro de su domicilio al tener una panorámica de toda su habitación, así como de luz y ventilación. Manifiesta que la instalación del ascensor en el edificio de cuatro plantas le perjudica y solicita una indemnización de 10.000 euros. la. La obra fue acordada por la junta de la comunidad en la que se acordó la contribución a los gastos se hiciera por todos los copropietarios, incluso los de los pisos bajos. La vivienda se encuentra en un piso interior de una planta intermedia. La comunidad fue avisada por el propietario del piso afectado indicando que la instalación del ascensor perjudicaba su vivienda y afectaba a su privacidad ya que ofrecía una vista completa de la habitación, pero ante su negativa a indemnizarle incluso con devolución de parte de lo pagado por él como copropietario o resolver de alguna manera esos inconvenientes, decidió interponer la demanda a la comunidad.

Plantea el presente caso práctico preguntas referidas a dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, el derecho de información de unos parlamentarios del Congreso sobre ciertos gastos de personal recogidos en los Presupuestos Generales del Estado; el órgano competente para resolver la misma; normativa aplicable y recurso contencioso interpuesto frente a la contestación, entre otras cuestiones y, por otra parte, si se vulneró el derecho a la integridad moral reconocido en el art.15 de la Constitución de una funcionaria que fue trasladada a un departamento administrativo dirigido por una persona que fue denunciada por presunto delito de falsedad documental por aquella cuando se encontraba en anterior destino, cuyo Jefe de Área era aquél y, posteriormente, se la destina al mismo Departamento, que ahora dirige el denunciado y condenado.

Fecha que ha de tomarse en consideración para que la póliza de un contrato de seguro cubra un posible siniestro y los criterios que se siguen para interpretar los datos que lleva o no a la indemnización. También se analiza cómo debe satisfacerse el importe del seguro y a quién la cantidad asegurada, según el orden de beneficiarios y la naturaleza del contrato de seguro asociado al préstamo hipotecario, así como quién puede reclamar o está legitimado para ello. Posibles modificaciones contractuales del contrato de seguro y como deben formalizarse la mismas.

Por último, suponiendo que el accidente confiera el derecho a la indemnización por accidente, además de la que le correspondería por ese accidente, en su caso, posibilidad de reclamar la indemnización complementaria.