Casos Prácticos

Gira este caso sobre la distinta problemática que se plantea en un procedimiento de subvenciones empezando por la competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma para la tramitación del procedimiento y gestión de los fondos y la posible conculcación de los principios de igualdad y no discriminación al preverse, exclusivamente, para los titulares de inmuebles rústicos de una determinada Comunidad Autónoma. A continuación se plantean diversas cuestiones jurídicas sobre recursos presentados contra las Bases y la Convocatoria; las circunstancias concurrentes en diversas solicitudes de participación; la delegación para la resolución del procedimiento tras el informe preceptivo de un órgano consultivo y el ajuste a derecho de la resolución y su notificación y publicación, de la subcontratación realizada por un beneficiario a un tercero sin comunicación al órgano competente y la revisión de oficio respecto a la concesión a un beneficiario que falsificó un documento esencial.

El foro alternativo aplicable es el del artículo 52.3 de la LEC, puesto que la acción principal es la de nulidad radical absoluta y originaria del contrato de tarjeta de crédito contratada.
La existencia de un proceso judicial o arbitral, en el que se esté discutiendo la existencia, cuantía o exigibilidad de la deuda, excluye los requisitos de certeza de los datos personales comunicados a un registro de morosos.
Un requerimiento, aun defectuoso, no impide la inclusión en el fichero si nunca se tuvo intención de pagar, y no se puede escudar en la sorpresa de verse reflejado como moroso cuando la deuda había sido renegociada. En tal caso, hablamos del decaimiento del derecho al requerimiento previo.
La jurisprudencia viene considerando que la no comunicación de la devolución de una carta de requerimiento de pago por una empresa contratada al efecto no implica necesariamente la recepción correcta y formal por el destinatario, pues existen otros medios de comunicación tales como telegramas, correos, etc.

Defensa que el arrendatario puede adoptar cuando es demandado con una demanda de desahucio por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas a ella; e interpretación de los términos del artículo 22 y 440 de la LEC, al permitir al arrendatario, no solo oponerse a la reclamación judicial que recibe negando esa deuda, sino, simultáneamente, realizar una consignación del importe que se le está reclamando para enervar, en su caso y ad cautelam, para el supuesto de que la demanda fuese estimada y evitando de ese modo la resolución del contrato de arrendamiento. Nos encontramos ante la novedosa problemática de si es posible declarar enervada la acción ejercitada, cuando esta pretensión se formula por la arrendataria de manera subsidiaria, después de haber sostenido en la contestación que las cantidades que se le reclamaban no era exigibles, siendo el impago de estas cantidades las que sostenían la demanda del arrendador.

Se plantean en este supuesto diversas vicisitudes jurídicas en el ámbito de una corporación local. Así, el ajuste a derecho de: un cambio de día de sesión plenaria en contra de lo señalado en el reglamento orgánico acordado por el alcalde y grabación de la sesión; varios contratos menores de suministros con el mismo contratista; la revisión de oficio de la adjudicación de un contrato de servicios en el que, iniciada su ejecución, el contratista fue sancionado por infracción muy grave en matera medio ambiental; el silencio administrativo en un procedimiento de investigación de un bien patrimonial; la elaboración de informes relacionados con el levantamiento de reparo a un funcionario del subgrupo C1; y el acceso a la documentación relativa por los aprobados en una oposición por parte de dos vecinos.

Protección y derecho al honor de una persona fallecida. Personas legitimadas y colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión o información.

En el desahucio por precario que ha sido promovido contra los ignorados ocupantes de la vivienda, previamente adjudicada a la entidad financiera demandante y acreedora en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que continúa ocupada por los cónyuges deudores hipotecarios, dichos cónyuges han de ser demandados. De no estimarse concurrente la situación litisconsorcial, los cónyuges pierden la oportunidad de haber sido oídos en el procedimiento, porque la demanda no se dirigió contra ellos, como era preceptivo. La entidad demandante, cesionaria del remate en el procedimiento de ejecución hipotecaria y participada íntegramente por la acreedora adjudicataria de la vivienda en dicho procedimiento, conocía o debía conocer por su participación en aquel procedimiento quiénes eran los deudores hipotecarios, que además han venido pagando las cuotas de comunidad de la vivienda que han seguido ocupando. La demandante no podía ignorar razonablemente estos datos aplicando una mínima diligencia. Deben retrotraerse las actuaciones hasta el preceptivo emplazamiento de uno de los ocupantes de la vivienda, que era perfectamente conocido del demandante y no fue demandado.

En este caso se plantea la situación de un ciudadano ecuatoriano que tenía una autorización inicial de residencia y trabajo temporal en España pero que, antes de su extinción temporal, es condenado por un delito de robo, acordándose, entonces, la extinción de aquella. Con ocasión de que, posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia emitió un certificado señalando que el condenado había pagado la multa impuesta con carácter sustitutivo y que, por ello, quedaba exento de responsabilidad penal, el interesado solicita, de nuevo, renovación de su autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia por el periodo legal de dos años.

El presente caso trata de delimitar los parámetros que nuestra jurisprudencia ha fijado tras la reforma de 2019 en relación con los conceptos de imprudencia menos grave e imprudencia leve, aplicados a la seguridad vial, para determinar cuándo estamos ante conductas penalmente atípicas o cuándo las mismas han de ser estudiadas ya solo desde la perspectiva de la jurisdicción civil. Examen detallado del concepto de “conducción negligente” (letra m del artículo 76 de la Ley de seguridad vial), a estos efectos. Imposibilidad legal de fijar una relación de criterios determinantes, al ser el juzgador quien ha de valorar en cada supuesto sin perder de vista los parámetros legales que solo son orientativos. La remisión al artículo 76 de la LSV no limita el concepto de imprudencia menos grave a los supuestos contenidos en el precepto, ya que esta puede ser apreciada al margen de que concurra o no alguna de las conductas recogidas en el precepto, dada la necesaria valoración de la magnitud del hecho.

Caso donde se plantean diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con la vida local. En concreto y, en primer lugar, la legalidad de dos Ordenanzas municipales que son recurridas por una asociación vecinal cuestionando su legalidad por la falta del trámite de información pública y por su entrada en vigor con carácter retroactivo. En segundo lugar, la posibilidad y procedimiento para el ascenso, por promoción interna vertical, de dos funcionarios de la Administración Especial. A continuación, la legalidad del Acuerdo del Alcalde ordenando publicar en Internet la actas de los Plenos municipales y, finalmente, el ajuste a derecho de la aprobación de unas Bases aprobadas por el Alcalde y archivo de una solicitud al no aportar una empresa la documentación requerida.

Validez de actividad procesal por edictos desplegada en un Juzgado desde el Decreto de admisión de la demanda hasta la sentencia por defectos de notificación. Nulidad o no de la falta de intervención del Ministerio Fiscal en juicios donde se precisa y posible indefensión y  nulidad,  por la ausencia de grabación de la vista, sin más soporte que el acta sucinta.