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Artículos de Interés

Cuestiones laborales en la Ley Concursal. Especial referencia al artículo 64

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ha sufrido un sinfín de reformas/modificaciones que han afectado a la mayor parte de su articulado, siendo la regulación de las cuestiones laborales en el concurso una de la más vapuleadas por la iniciativa reformadora del legislador.
A lo largo del presente artículo se irán analizando aquellos aspectos más relevantes que afectan al Derecho laboral y concursal, en la medida que este último «absorbe» competencias que, en otras circunstancias, sería propias del primero.
Se hace un detallado análisis del artículo 64 de la LC y se pone en relación con otros artículos de la propia ley.

Palabras claves: acciones sociales, extinción, modificación o suspensión colectiva, jornada de trabajo, Estatuto de los Trabajadores, personal de alta dirección, incidente concursal y sucesión de empresas.

Alfredo Elías Mondeja
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Almería

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 182 (marzo 2016)

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Doctrina del consumo compartido aplicada a las asociaciones de consumo de cannabis a la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo 484/2015, de 7 de septiembre

La regulación del cannabis, a lo largo de este último año, ha sufrido una serie de modificaciones con el objetivo de dar coherencia a años de vacíos legales y posturas contrapuestas.
La naturaleza de la droga, como droga blanda, y su uso medicinal provocan que el debate sobre la materia sea amplio y muy complejo.
Estudiaremos en este artículo la evolución tanto del tráfico como del consumo de cannabis en España, el nuevo marco legal y la proliferación de negocios asociados al mismo, cuya legalidad está siempre en entredicho, aspectos generales relativos al consumo, posesión y cultivo de cannabis en España y las distintas regulaciones, al ser un país descentralizado, cuya ventaja (o desventaja, según como se mire) es que, dentro de unos límites, cada comunidad autónoma puede pautar a su manera la legislación relativa al cannabis. Cierto es que existe un panorama general en el lento proceso para la legalización del cannabis que hace que parezca que todo vaya a cámara lenta. Está claro que los Gobiernos pretenden con ello ganar tiempo suficiente para cambiar de estrategia, o bien distraer a la sociedad para que los procedimientos terminen lo más tarde posible, o algo incluso peor: nunca.

Daniel Sánchez Romero
Abogado

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Las víctimas del delito ante la excarcelación de presos tras la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 (Caso Río Prada contra España)

Análisis sobre la situación originada por la excarcelación de presos derivada de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 21 de octubre de 2013 y la afectación a las víctimas del delito directas e indirectas en los casos de condenas por delitos de terrorismo y contra la libertad sexual. Riesgo de reincidencia y medidas nuevas contempladas en las reformas legales para evitar la nueva victimización de las víctimas.

Palabras claves: delitos de terrorismo, delitos sexuales y víctima del delito.

Vicente Magro Servet
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante
Doctor en Derecho

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 181 (febrero 2016)

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Un enjuiciamiento constitucional del actual modelo de tasas judiciales. Motivos para su inconstitucionalidad a pesar de las sucesivas atemperaciones legislativas. Propuesta de futuro

En pocos casos la promulgación de una norma como la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, suscita una controversia y una oposición tan unánime de ciudadanía y operadores jurídicos. Las reforzadas tasas judiciales suponen un reto de difícil superación en lo que a su armonía constitucional se refiere. El legislador es consciente de ambos aspectos y ha ido limando la regulación inicial mediante sendos decretos-leyes dictados en un corto periodo de tiempo, pero aun así pende al tiempo de redactar estas páginas el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el asunto vistos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad ante él entablados, fiel reflejo de las dudas de validez de ese régimen jurídico que se anunciaban. En este trabajo, previo análisis de la regulación en la materia a efectos ubicativos, se expondrán los motivos por los que, en consideración particular, el fallo de esos recursos ha de desembocar en la inconstitucionalidad de tal norma y, seguidamente, se propondrá cuál puede ser el sistema aplicable si el legislador estima adecuado el mantenimiento de esa figura tributaria por estos lares del ordenamiento jurídico, con las modulaciones precisas que permitan su viabilidad dentro del irrebasable marco trazado por nuestra Constitución.

Palabras claves: tasa, tribunal, Constitución y jurisdicción.

Eduardo Sánchez Álvarez
Doctor en Derecho
Profesor asociado de Derecho civil.
Universidad de Oviedo

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 181 (febrero 2016)

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Modificaciones de la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

Centramos el presente trabajo en las reformas aparecidas durante el año 2015 en el seguro del automóvil y la responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación. Analizaremos dichas reformas a la luz de las dos normas que han supuesto los cambios más importantes en la materia: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica, de 23 de noviembre, del Código Penal y despenaliza las faltas; y la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, denominada «reforma del baremo», que modifica también otros aspectos de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (oferta y respuesta motivadas, auto ejecutivo).

Palabras claves: despenalización de las faltas, nuevo baremo y novedades seguro de autos.

Miguel Ángel Toledano Jiménez
Abogado
Profesor de Derecho. CEF.- UDIMA


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 181 (febrero 2016)

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Usucapión extraordinaria de elementos comunes de la propiedad horizontal

La propiedad es el señorío más pleno que se pueda tener sobre una cosa, que comprende el derecho a gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Una de estas limitaciones la establece, en su artículo 1, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1960).
En este trabajo presentamos la propiedad horizontal como una institución de acción colectiva, con claro componente redistributivo y con una evidente matriz de incentivos para permitir el intercambio de utilidades; que tiene un contenido flexible, pues permite alcanzar, mediante diferentes regímenes de mayorías, un acuerdo que modifique el título constitutivo de la misma.
Entre los incentivos de la propiedad horizontal se encuentra la prohibición de realizar alteraciones de la cosa común, así como que las partes en copropiedad solo podrán ser enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable.
Por su parte, el artículo 609 del Código Civil señala como medio de adquirir la propiedad, entre otros, la prescripción. En este trabajo analizamos la posibilidad de adquirir por usucapión ciertos elementos comunes de la propiedad horizontal.

Palabras claves: propiedad horizontal, elementos comunes y usucapión.

Luis Corpas Pastor
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad de Málaga


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 181 (febrero 2016)

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¿Es posible emprender un proceso de desheredación?

Sus características en Cataluña

Cuando una persona se dispone a confeccionar un testamento, es libre de otorgar sus voluntades a quien desee. O sea, puede elegir sin trabas quienes serán su heredero o herederos. Pero la ley obliga a dejar una parte del valor de su herencia a los denominados “herederos forzosos” o “legitimarios”.

 En el caso concreto de Catalunya, los hijos tienen derecho a la legítima por partes iguales. Y en caso que el fallecido no tuviera hijos, el derecho recae sobre los padres. El importe de la legítima es de un cuarto sobre el total de la herencia, que se debería repartir entre las personas receptoras de la misma. 

Más allá de la obligación, contenida en la ley, que expresa que se debe dejar una parte de la herencia en concepto de legítima, en el Artículo 451-17 del Código Civil de Cataluña se contemplan diversas causas de desheredación, que permiten la posibilidad de excluir a un legitimario de su derecho a la legítima.

Si la voluntad es desheredar a un hijo de este derecho, esto debe estar indicado expresamente en el testamento, y debe tener base en alguna de las causas legales que precisaremos, y se debe producir la designación nominal expresa en el testamento del hijo desheredado.

Las causas que avalan la intención de desheredación son:

  • Haber tenido una condena –con sentencia firme penal- por un delito contra la persona o la integridad del causante (padre).
  • La negación de dar alimentos al padre o al cónyuge, en aquellos casos en que existía una obligación legal para otorgárselos.
  • Haber incurrido en un maltrato grave al progenitor.
  • La ausencia de relación familiar, en forma manifiesta y continuada, entre el causante y el legitimario, y si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario.

En la última reforma del Código Civil de Cataluña, esta última causa se añadió precisamente con la referencia a la ausencia manifiesta y continuada de la relación familiar, ya que por diversos motivos, se detecta que es más frecuente que un hijo se niegue a tener algún tipo de relación con su padre y/o el entorno familiar. Y cuando sucede el fallecimiento, el hijo aparece para exigir su parte de la legítima.

La ley busca evitar la figura de esta situación que es conflictiva y desagradable para el núcleo familiar, y esta es la razón por la que se ha agregado como un causal de de desheredación. O sea, la ausencia de relación tiene que ser algo conocido y no esporádico, lo que equivale a una total inexistencia de vínculos, y no solo afectivos, sino también físicos, y que estos sean evidentes para las personas del entorno familiar.

Asimismo, el artículo mencionado indica que “la ausencia de relación debe ser exclusivamente imputable al legitimario”. O sea, tener preciso que el causante no haya sido la causa de este alejamiento o bien lo haya promovido. Dicho de otra forma: las razones del distanciamiento solamente se deben atribuir al hijo.

Pero hay un gran inconveniente: se prevé expresamente que si el hijo no está de acuerdo con la cláusula de exclusión del derecho a la legítima, puede recurrir a su impugnación. Y en caso de ser impugnada, el heredero tendrá que demostrar que la citada causa es cierta. Es decir, debe ser el heredero el que pruebe que no existía una relación familiar de manera manifiesta y continuada y que únicamente era responsabilidad del hijo.

Por ello, es evidente que cuando se produce la inversión de la carga de la prueba, aún es más difícil probar si es cierto o no que había una mala relación entre ambas personas, y considerando que el causante ya ha fallecido. Por lo tanto, el heredero tendrá que disponer de los medios de prueba suficientes para acreditar esa falta de relación entre las partes o los motivos que les llevaron a ello.

En estos casos los tribunales se tendrán que basar en pruebas que consideren suficientes e indiciarias de la ausencia de vínculos. Obviamente, lo más sencillo será probar la falta de relación entre las partes, lo que se puede lograr a través de la declaración de amigos o familiares. Sin embargo el punto clave es determinar a cuál de los dos partes (ya sea el padre o el hijo) se le debe imputar la falta de relación manifiesta. En caso de que existieran dudas o que no pudiera probarlo correctamente, el Juez consideraría nula la cláusula y declararía el derecho del hijo a percibir la parte correspondiente de la legítima.

La importancia del finiquito de indemnización en transacciones extrajudiciales

Si se tiene la desgracia de que suceda un siniestro que causa un daño, y una persona se considera perjudicada, puede reclamar la indemnización que le corresponde a la compañía aseguradora del causante. Tras haber obtenido el acuerdo de indemnización de la compañía, se debe pasar a firmar el finiquito, o sea, el ‘recibo’ de la indemnización.

Por finiquito consideramos a un documento que es cumplimentado y firmado debidamente por el perjudicado, en el que éste afirma que pudo alcanzar un acuerdo amistoso con el causante del daño o con la aseguradora, y ya sea por una parte o la totalidad de los perjuicios del siniestro. Este es un documento clave en cualquier transacción amistosa y extrajudicial que se realice, ya que a través de su firma el perjudicado se considerará como totalmente indemnizado por los conceptos reclamados.

En el finiquito tiene que constar el importe total de la indemnización económica del acuerdo, y a lo sumo, el desglose de los conceptos por los que se ha alcanzado la transacción amistosa. A modo de ejemplo, podemos citar los accidentes de tráfico, en que se suele indemnizar en conjunto las lesiones, los daños materiales y los gastos que derivan del siniestro.

Pero es frecuente que una vez que se logra el acuerdo, la asegurada envíe un finiquito redactado en términos genéricos que, si el perjudicado lo firma, ya se le considerará como indemnizado por los daños y perjuicios presentes o futuros que tengan relación con el siniestro. O sea, ya se considera a la reclamación como zanjada.

Por esta razón, si hay un acuerdo parcial y todavía hay partidas que están pendientes de indemnizar, es importante revisar el contenido del finiquito y verificar que estén incluidos expresamente los conceptos por los que se ha transaccionado, y así se puede dejar la vía abierta a continuar las reclamaciones por otros conceptos.

En las compañías aseguradoras, la mayoría de ellas admiten-una vez que se alcanza el acuerdo-, que sea el perjudicado o la representación letrada la que remita el finiquito, en donde se hace constar el importe y los conceptos de la transacción acordada. Pero cabe aclarar que algunas aseguradoras remiten sus propios finiquitos tipo, que por supuesto, tienen que ser muy bien revisados antes de ser firmados.

Además del finiquito firmado y cumplimentado en forma, hay que remitir a la compañía aseguradora la documentación que acredite la identidad de la persona que percibirá la indemnización (con el DNI, NIE o Pasaporte), y los datos bancarios, para lo cual basta un recibo bancario en donde se indique el número de cuenta corriente del perjudicado, para que la compañía pueda realizar la transferencia de la indemnización.

En la praxis habitual, la mayoría de aseguradoras realizan los pagos por medio de transferencia bancaria, lo cual supone la vía más rápida de cobro de las indemnizaciones (en cuestión de quince días como máximo se realiza el ingreso). Pero hay algunas compañíasque gestionan el pago mediante la expedición de cheque, el cual únicamente podrá ser cobrado por el perjudicado en determinadas entidades bancarias.

Otros documentos que suelen acompañarse son los escritos judiciales de renuncia a las acciones, para el caso en que se haya alcanzado un acuerdo amistoso existiendo un procedimiento judicial abierto por los mismos hechos. En la mayoría de ocasiones, el escrito de renuncia judicial presentado en el Juzgado conllevará el archivo definitivo de las actuaciones de que se trate.

Por todo lo expuesto, resulta fundamental contar con la correspondiente asistencia de abogados, los cuales asesorarán en la firma de este tipo de documentos, y valorarán si los importes de la indemnización a percibir que se contienen en el finiquito son adecuados a la realidad de los perjuicios ocasionados a raíz del siniestro de que se trate.

Pol Martínez
Abogado del despacho "Sanahuja & Miranda",
de Barcelona

Reflexiones críticas acerca de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana

En este estudio se analizan algunos de los aspectos que, con mayor o menor eco, resonaron durante la elaboración, tramitación y aprobación del nuevo régimen jurídico en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, se analizan las controvertidas necesidades en las que se ampararon para justificar la misma; en segundo lugar, sus problemas de encaje con la regulación dada al derecho fundamental a la reunión y manifestación y, en tercer y último lugar, se efectúa una breve referencia a la metamorfosis de algunos ilícitos penales en administrativos, así como algunas consideraciones relativas a los principios rectores de la potestad sancionadora de la Administración pública.

Palabras claves: seguridad ciudadana, derechos fundamentales, derecho de reunión, derecho de manifestación y Derecho administrativo sancionador.

Roser Andreu Llovet
Doctoranda en Derecho.
Universidad de Lleida


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 181 (febrero 2016)

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La figura del plan estratégico de subvenciones en el ámbito local. Regulación de máximos versus regulación de mínimos. Especial referencia al Ayuntamiento de Madrid

La Ley General de Subvenciones creó una figura de importancia capital para la política subvencional, como es el Plan Estratégico de Subvenciones. A pesar de su importancia, su desarrollo normativo ha sido tardío, y su aplicación por la Administración muy desigual. El legislador ha creado una figura, para armar, cuyo resultado y efectividad dependerá de la voluntad de los entes que tienen capacidad normativa en la materia. La mejor manera de entender el Plan es aproximarse a una regulación concreta, por ese motivo este artículo tiene una visión eminentemente práctica, incidiendo sobre la figura del Plan en el Ayuntamiento de Madrid. Esa perspectiva permite presentar una regulación concreta analizando las alternativas normativas, y las opciones definitivamente adoptadas en esa organización. Así el Plan puede concebirse como una carga formal de la Administración, siendo posible que se sustancie con una regulación de mínimos, o bien ser considerado como un instrumento de planificación y de transformación de la política subvencional, por medio de una regulación de máximos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se ha optado por esta segunda opción claramente, aplicando una regulación ambiciosa, cada vez que el legislador abría la puerta a opciones diversas.

Palabras claves: subvenciones, planificación estratégica y eficiencia.

Luis Salvador Giraldes Gutiérrez
Doctor en Derecho
Jefe del Departamento de Régimen Jurídico.
Secretaría General Técnica, A.G. de Portavoz,
Coordinación de la Junta de Gobierno y relaciones con el Pleno.
Ayuntamiento de Madrid.


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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 180 (enero 2016)

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