Casos Prácticos

El presente supuesto versa sobre diversas solicitudes de informes jurídicos realizados a un funcionario, asesor del Ministerio. Así, en primer lugar, se plantea la consecuencia de la falta de inclusión en la resolución y notificación del contenido obligatorio al pie del recurso a un Ayuntamiento en una expropiación forzosa y la viabilidad de reversión por cambio de titular del bien. A continuación, el día de inicio de la prescripción de una sanción. Posteriormente, si procede el abono de la minuta de letrado a un funcionario al que se siguió delito penal y que fue absuelto. A continuación, si procede el derecho de información solicitado por un delegado sindical sobre perceptores de complemento de productividad y cantidades de personal al servicio de la Administración. Finalmente, dos cuestiones en relación a contratos administrativos. La primera, referente a la posibilidad de aplicación del procedimiento abierto simplificado a los contratos mixtos y; la segunda, relativa a la defectuosa realización del expediente de contratación respecto a la fórmula de revisión de precios.

El demandante administrador único de unas sociedades interpone demanda contra una entidad bancaria interesando la resolución del artículo 1124 del CC de dos contratos de crédito por 200.000 euros cada uno, con las consecuencias indemnizatorias de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos del demandado; dicha demanda fue desestimada, siendo firme la sentencia dictada. Posteriormente, el demandante interpone una segunda demanda interesando que se declare la inexistencia o nulidad absoluta por ilicitud de la causa de los contratos, y la condena a devolver unas determinadas cantidades, los intereses devengados y, subsidiariamente, ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en los incumplimientos por parte del banco. La demanda es estimada en primera instancia y el recurso de apelación que interpuso la entidad bancaria fue desestimado; el banco se plantea recurrir en casación la sentencia de la audiencia provincial.

El presente caso aborda el problema jurídico originado a partir de aquellos casos de solicitud de los concursados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), y si este beneficio debe alcanzar también o no a los créditos públicos por deudas de la AEAT, cuando la norma interna española puede estar contradiciendo la Directiva 2019/1023; esta norma comunitaria, recoge una relación detallada de créditos en su articulado, pero exige una justificación para la exoneración, mientras que la normativa concursal española no precisa una justificación alguna en materia de exoneración del crédito público. Es en esta tesitura en la que cabe preguntarse (a la vista de la disparidad de resoluciones nacionales) ¿pueden los Tribunales nacionales exonerar en el BEPI esos créditos públicos sin vulnerar la normativa comunitaria? Y ¿cómo afecta a esta cuestión los casos que hayan de ser valorados por esos Tribunales cuando la Directiva no ha sido traspuesta en la norma nacional?

Este caso se plantea en relación a distintas controversias jurídicas y presupuestarias concurrentes en un Ayuntamiento. En primer lugar, ante la municipalización de un servicio público, se plantea la situación de los trabajadores fijos y temporales que tenían contrato con la empresa. En 2º lugar, se plantea la admisibilidad de la implantación de un sistema de video actas que sustituya la redacción en papel del acta de las sesiones del pleno municipal. En tercer lugar, la obligación de informe, en su caso, del Secretario Interventor en el asunto citado anteriormente y las consecuencias de su omisión, en su caso. En cuarto lugar, un supuesto de gastos plurianuales y, finalmente, si el Alcalde puede ser, a la vez, Presidente de una Mesa de Contratación y el Órgano de Contratación en un mismo contrato.

Procedimiento sancionador del régimen electoral y Deber de neutralidad política de los órganos administrativos en el curso de una campaña electoral.

Reclamación de la filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad contradictoria. Caducidad de la acción de filiación y negativa a la realización de la prueba biológica

El presente caso aborda el problema jurídico de la falta de legitimación ad causam de las asociaciones de consumidores cuando es cuestionable que presenten demandas en nombre de su asociado, si el mismo ostenta el carácter de no consumidor, cuando realmente no son estas asociaciones las que contratan y firman los productos bancarios ni las directamente afectadas por las consecuencias de las decisiones judiciales que se adopten. Resulta imprescindible para valorar la concurrencia de esta legitimación, el análisis de cuál es el concepto legal de consumidor en relación con la precitada legitimación activa, en los casos como el de un agente comercial y que ejerce su profesión tanto como autónomo, como en su calidad de administrador único de su empresa, reconociendo que solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de un local en el cual ejerce su actividad empresarial. La vinculación entre el consumidor y si el contrato que firmó con la entidad financiera, lo fue con un propósito ajeno a su actividad profesional.

En este supuesto práctico se plantean diversas cuestiones referentes a la aprobación de una Ordenanza municipal tales como la omisión del trámite de información pública con carácter previo; del informe de calidad normativa y de los informes de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma respectiva o la realización de alegaciones por concejales en el trámite de información pública. Tras la aprobación, previo empate en la primera y renuncia del voto de calidad del Alcalde en la segunda, y remisión del acuerdo a la Comunidad Autónoma, éste hizo un requerimiento para ampliación de información que no fue contestado; finalmente, se plantearon dos recursos contenciosos administrativos por una asociación de transportistas y por el Estado y la referida Comunidad Autónoma contra diversos preceptos de la Ordenanza al considerarse contrarios al Ordenamiento Jurídico, planteándose en el mismo la legitimación de los recurrentes y la extemporaneidad o no de los recursos.

Registro de morosos y su utilización cuando la deuda es menor de la que se reclama, a efectos de considerarse cierta, líquida y exigible y si es preciso el requerimiento previo de pago, analizando la prueba de dicho requerimiento para que sea tenida en cuanta en juicio.

El presente supuesto plantea distintas cuestiones jurídicas derivadas de un expediente disciplinario incoado al Presidente de una Comunidad Autónoma por presunta infracción de la Ley Orgánica General Electoral cometida, tras la disolución del Congreso de los Diputados, al remitir una carta, en su condición de Presidente, a través de un medio oficial, solicitando el voto para su partido lo cual suponía una presunta vulneración del principio de neutralidad política de los Poderes Públicos.
Las vicisitudes jurídicas a las que se responde son derivadas del procedimiento incoado tales, como la recusación de miembros de la JEC, la competencia de esta para sancionar, la libertad de expresión, la vulneración del principio de igualdad del art.14 CE o la desproporción en la sanción impuesta, entre otras.