Artículos de Derecho Administrativo

España ha abandonado el Tratado de la Carta de la Energía, desde el pasado 17 de abril de 2024. También la Unión Europea se ha retirado de este tratado, pues considera que es un obstáculo para lograr las ambiciones de la Unión en materia de clima y seguridad energética que marcan el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París. Sin embargo, esta decisión no exonerará a España de cumplir con las indemnizaciones acordadas en las distintas sedes arbitrales internacionales sobre las reclamaciones que plantearon inversores de otros Estados parte del tratado por la supresión de las primas a las renovables, que llevó a cabo el Gobierno español de 2010 a 2013, pues esta salida no tiene efectos retroactivos sobre las condenas arbitrales ya falladas, ni sobre los arbitrajes pendientes de resolución. La retirada de España está cargada de incumplimientos de los laudos arbitrales resultantes de la aplicación del artículo 26 del TCE y dejará patente la inseguridad jurídica en materia de política energética, mermando su reputación ante la comunidad internacional y perjudicando su liderazgo ante futuras inversiones energéticas.

Palabras claves: laudos arbitrales; España; salida; Tratado de la Carta de la Energía.

Como viene advirtiendo certeramente la Defensora del Pueblo Europeo, a los documentos prelegislativos («huella normativa») deben aplicárseles los más altos estándares de transparencia.
En el caso de España, el acceso oportuno a la huella normativa, especialmente en los procedimientos legislativos en curso, entronca con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar –directamente– en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.
De un examen casuístico de las decisiones gubernamentales sobre las peticiones de acceso a la «huella normativa», se deduce la ausencia de una práctica coherente y respetuosa con el principio democrático. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está elaborando un criterio definitivo en relación con el acceso a la documentación que integra los expedientes normativos, con el fin de fijar un criterio válido para todos los supuestos de la misma naturaleza.

Palabras claves: better regulation; grupos de presión; huella normativa; participación ciudadana; procedimiento legislativo; transparencia.

Este trabajo aborda el control de constitucionalidad del déficit presupuestario, con arreglo al tenor reformado del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo legislativo, así como los múltiples problemas teórico-prácticos constitucionales, procesales, administrativos y presupuestarios que pueden derivarse de dicho control, muchos de ellos virtualmente carentes aún de análisis doctrinal y jurisprudencial, en parte a causa de la novedad del tema (pues la reforma del precepto, aprobada en 2011, retrasó a 2020 el inicio de vigencia de los márgenes de déficit y endeudamiento).

Palabras claves: estabilidad presupuestaria; déficit excesivo; control de constitucionalidad; prórroga presupuestaria.

Este trabajo analiza el derecho del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde una perspectiva sistemática con el objetivo de determinar su encaje en las estructuras y categorías fundamentales del derecho público español. Se parte de la hipótesis de que el plan constituye una manifestación de un nuevo poder de gasto (spending power), que, inevitablemente, conduce a una evolución del sistema de fuentes, las estructuras organizativas, los instrumentos jurídicos y los sistemas de gestión y control del gasto. Con esta finalidad, se toman como referencia tanto el marco jurídico creado como su aplicación práctica. La investigación pretende contribuir, en última instancia, a la construcción de un derecho público de la recuperación, que va más allá del carácter coyuntural del plan.

Palabras claves: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; derecho público; organización administrativa; poder de gasto; instrumentos jurídicos.

En artículos anteriores (CEFLegal, 228 [enero 2020] y CEFLegal, 269 [junio 2023]), hemos analizado la importancia del cumplimiento del efecto incentivador de las subvenciones en el marco de las distintas convocatorias (europeas, nacionales, regionales y locales) de las ayudas públicas para el fomento de la inversión de la pyme. Como un paso más en nuestro estudio, en el presente artículo, siguiendo el conocido como método del caso, analizaremos el conjunto de interpretaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha venido realizando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicho ítem. Nuestra (humilde) pretensión es que, a través de este trabajo, puedan extraerse determinadas conclusiones que ayuden a pacificar la controversia jurídica existente al respecto.

Palabras claves: subvenciones; efecto incentivador; método del caso.

En la contratación pública el licitador adjudicatario asume, al ejecutar el contrato, un riesgo y ventura. Cuando estamos ante prestaciones de contratos en las que existe una transferencia del riesgo estamos en un contrato de concesión de servicios, de forma que aquel soporta tanto el riesgo como la ventura derivada de la evolución y éxito del mismo. Es necesario diferenciar este tipo de otros, como el servicio o la concesión demanial, así como aplicar la normativa sobre la concesión que regula la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión junto a la jurisprudencia europea.

Palabras claves: concesión; riesgo; contrato; equilibrio.

En este estudio, se analiza el funcionamiento de la actividad subvencional de las Administraciones públicas españolas para hacer frente a estos turbulentos años veinte del siglo XXI, en los que las subvenciones públicas han adquirido una gran relevancia como consecuencia de la ingente cuantía de fondos públicos que, desde las distintas instituciones y gobiernos, se han puesto a disposición de las Administraciones públicas con la finalidad última de garantizar la recuperación, la transformación y un resiliente resurgimiento del modelo social y económico, tras los embates sufridos en este último cuatrienio.
Por eso, lograr estos ambiciosos objetivos apuntados va a depender, en gran medida, del buen uso que se haga de estas subvenciones públicas, a la vista de que en ellas se han depositado elevadas expectativas para la contribución al bienestar del país.
Ante semejante reto, en este trabajo se propone reflexionar sobre algunos aspectos clave que coadyuvan a optimizar el uso de esta técnica de fomento, porque, como decía Theodore Roosevelt, «It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed».

Palabras claves: Administraciones públicas; políticas públicas; subvenciones públicas; fondos europeos de recuperación; gestión pública; evaluación; principios de eficacia y eficiencia.

Que a lo largo las primeras semanas de 2023 se haya desarrollado una huelga indefinida por parte de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia colocó en el centro de la atención pública a estos operadores jurídicos. El conflicto laboral en sí resulta, como es lógico, mayormente indiferente a la sociedad. Pero sus consecuencias, no. Se paralizaron centenares de miles de actuaciones judiciales de toda índole, añadiendo más retraso si cabe a la prestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ya, per se, se produce casi de manera estructural. Bien, ¿tan importante es entonces este funcionario? ¿Por qué el ejercicio de huelga de uno de los elementos humanos integrados en la Administración de Justicia causa tan graves efectos en la garantía judicial de los derechos subjetivos? Se pretende aquí estudiar esa figura, sus funciones y marco normativo en orden a su proyección a tal garantía que, no se olvide, se halla constitucionalizada a plenos efectos; y extraer de ello consecuencias que quizá demuestren fallos legislativos sistémicos en la conceptuación estructural y desarrollo del itinerario normativo insertado para la consecución de esa tutela judicial efectiva.

Palabras claves: letrado; justicia; tutela judicial efectiva; huelga; funciones.

El presente documento busca aportar una aproximación detallada al Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva jurídico-financiera, abordando aspectos como la financiación, la distribución del gasto o la respuesta ante la pandemia de la covid-19. Para ello, se analizan datos específicos recogidos en el más actual informe anual del Ministerio de Sanidad, reflexionando sobre los presupuestos asignados, la inversión per cápita, la distribución de profesionales de la salud, etc.; proporcionando, así, una visión integral de la situación actual del sistema sanitario español.

Palabras claves: Administración pública sanitaria; Sistema Nacional de Salud; derecho administrativo sanitario; derecho a la protección de la salud; organización sanitaria.

La fuerte conmoción sufrida en los regímenes constitucionales de nuestro entorno por la pandemia del coronavirus se ha visto reflejada, principalmente, en la generación de estados de emergencia o excepción (formales o de facto), la atenuación de los controles parlamentarios sobre las medidas adoptadas por los gobiernos (que han supuesto la privación o limitación de los derechos fundamentales y las libertades públicas) e, incluso, la revisión de algunos de los supuestos ideológicos del constitucionalismo (por ejemplo, el modo de concebir la intervención del Estado sobre la sociedad o los controles y equilibrios entre poderes). Por lo que se refiere a España, los problemas más relevantes y controvertidos que, desde la perspectiva del derecho constitucional, ha traído consigo la pandemia del coronavirus han sido la preterición del Parlamento, del que la suspensión de su actividad al inicio de la crisis y el uso excesivo y arbitrario del decreto-ley son sus muestras más significativas, y el relativo a la conformidad con la Constitución de las medidas restrictivas de derechos adoptadas para afrontar la emergencia de salud pública provocada por la covid-19, que no solo ha sido cuestionada por diferentes resoluciones judiciales y parte de la academia, sino por el mismo Tribunal Constitucional, que ha llegado a desautorizar las decisiones más significativas de los titulares del poder de excepción.

Palabras claves: covid-19; Constitución; derechos fundamentales; régimen parlamentario.