Artículos de Derecho Administrativo

La realidad de un contrato público está sometido a vicisitudes que generan dudas sobre la extensión de los derechos y obligaciones de las partes. Tras su ejecución, en ocasiones el contratista presenta solicitudes de abono a la Administración con base en prestaciones ordenadas por esta, contra o sin ajustarse al procedimiento. Situación irregular que enriquece sin causa al contratante y que permite al licitador reclamar que se le abonen los trabajos realizados.
Se analiza en este trabajo cuáles son los medios de que dispone el contratista, los requisitos para reconocer el enriquecimiento injusto, los efectos de la nulidad administrativa y sus efectos contables para solventar la injusta situación, así como las posibles responsabilidades en un marco normativo garantizado por los principios generales de la contratación.
Se arbitra mediante la figura del enriquecimiento injusto la seguridad jurídica que supone realizar la obra, prestar el servicio o el suministro satisfecho como obligación, fundamentado en la prestación realizada y satisfecha y no en el contrato si fuera declarado nulo y por tanto inexistente.

Palabras claves: enriquecimiento injusto; contratos del sector público; intervención financiera-contable; nulidad contractual.

El presente estudio tiene por objeto revisar la profusa doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional que durante las últimas dos décadas ha venido negando, de forma reiterada y sistemática, la legitimación activa de los laboratorios farmacéuticos para impugnar autorizaciones de comercialización de medicamentos de otros laboratorios, impidiendo que estos pudieran acceder a la jurisdicción para cuestionar la legalidad de las autorizaciones de sus competidores y el uso de los resultados de sus estudios clínicos para obtener dichas autorizaciones. Así, mediante un análisis de la jurisprudencia comunitaria y nacional, a la luz de la casuística propia del sector farmacéutico, se pretende discernir si realmente existe algún título legitimador que esos laboratorios ostenten y que la Audiencia Nacional haya ignorado. El estudio realizado lleva a concluir de forma clara la existencia de una serie de derechos subjetivos implícitos e intereses legítimos competitivos susceptibles de fundar esa legitimación activa, y cuya concurrencia será innegable en algunos casos, si bien deberá acreditarse en el resto de supuestos, pero de lo que debe derivar en todo caso la liquidación del criterio actual de nuestros tribunales al respecto, pues su aplicación supone una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de aquellos laboratorios.

Palabras claves: legitimación activa; autorización de comercialización; medicamento; exclusividad de datos.

El abogado puede, por su propia voluntad, darse de baja del colegio de abogados, y el colegio puede, a su vez, darle de baja en caso de incumplimiento en el pago de sus cuotas. Esta baja por impago de cuotas no tiene naturaleza sancionadora sino ordenadora. Cualquier intento de hacer valer una naturaleza sancionadora en estas bajas por impago está abocada al fracaso, dada la recurrente doctrina jurisprudencial que apoya la tesis ordenadora. Y aun así, llegan casos a los tribunales pretendiendo lo contrario.

Palabras claves: colegio de abogados; impago de cuotas; baja; sanción disciplinaria.

¿Está sirviendo el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus para recortar derechos fundamentales de los ciudadanos en España? Aunque la respuesta fuera positiva, ¿está justificado el recorte de libertades al amparo del bien supremo que es la vida y la salud? ¿Debemos dejar en manos de «papá Estado» la protección de estos bienes tan preciados o, por el contrario, huir de planteamientos paternalistas y preservar por encima de todo el sistema de libertades con que nos dotó la Constitución de 1978? Puede que el uso de las nuevas tecnologías, antes de la crisis sanitaria, ya viniera cercenando ciertos derechos de un ciudadano atolondrado por el abanico de oportunidades que brindan estas, sin ser consciente del precio que se paga por estar conectado a todas horas, y sin embargo, hasta ahora no se haya suscitado el debate porque, por desgracia, también en esto se ven oportunidades políticas. O puede que a quienes propugnan una amenaza seria a las libertades les asista la razón.
Sea como fuere, el presente trabajo trata de asomarse a la nueva realidad jurídica que subyace tras ciertas normativas aprobadas en el seno del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con respecto a las cuales se ha cuestionado su constitucionalidad partiendo de la esencia conceptual de lo que es un estado de alarma.

Palabras claves: garantías; derechos; libertad; poderes públicos; responsabilidad.

El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Una de las medidas extraordinarias que se adoptaron para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 fue el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Su artículo 34 contiene las medidas adoptadas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias de la covid-19. En concreto, el apartado 4.º de ese precepto recoge el derecho del concesionario de obras o de servicios a restablecer el equilibrio económico de cada contrato afectado por esa situación de hecho creada por la mencionada crisis sanitaria.
En el presente trabajo se estudia la naturaleza de ese artículo 34.4, las distintas interpretaciones que del mismo se han realizado hasta el momento (con el fin de determinar la más ajustada a derecho), así como su relación con la legislación ordinaria en materia de contratación pública. El objetivo principal es dilucidar con claridad los remedios aplicables a este tipo de contratos, en aquellos casos en que han resultado afectados por la situación de hecho de la covid-19 y por las medidas adoptadas por las distintas Administraciones públicas para combatirlo.

Palabras claves: contratos; concesión; covid-19; obra; servicio.

Análisis de los supuestos en los que se deriva responsabilidad a la Administración pública en los casos en que una víctima de violencia de género ha presentado una denuncia por un hecho de violencia de género en dependencias policiales, y derivado a procedimiento judicial no se ha llevado a cabo un adecuado control de la valoración del riesgo, causando el autor de la inicial agresión, finalmente, la muerte de la víctima ante el déficit de protección.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial; violencia de género.

La pandemia debida a la covid-19 ha puesto al límite las capacidades de nuestro sistema público de salud. Quizás el único precedente similar se remonte a casi 40 años atrás en relación con la comercialización del aceite de colza desnaturalizado. La dimensión internacional de esta pandemia que tanto ha condicionado nuestras vidas en 2020 quizás transmita la impresión de que se trata de un mal inevitable; todos los países de nuestro entorno lo han sufrido con mayor o menor intensidad (aunque en el nuestro de una forma especialmente virulenta). Cabe plantearse, no obstante, si las Administraciones sanitarias han reaccionado a tiempo, incurriendo en un funcionamiento anormal que haya incrementado el riesgo propio de la enfermedad. Esta será una cuestión a la que intentaremos dar respuesta en clave del principio de precaución y de la transparencia que resulta inherente.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial; covid-19; principio de precaución.

Se analiza en este trabajo si cabe aplicar en España el paradigma emergente de la «reforma constitucional inconstitucional», explicativo de un fenómeno, no infrecuente en derecho comparado, de impugnaciones (e incluso anulaciones) jurisdiccionales de enmiendas a la Constitución por transgresión de un núcleo material básico que limita el poder de revisión de esta.

Palabras claves: reforma constitucional inconstitucional.

El presente artículo es la elaboración de un estudio jurídico cuyo objeto es conocer el debate sobre la titularidad de derechos o no de los animales y cómo se articula el derecho de los animales en España. Este tema suscita cada vez más interés en la sociedad y en la política y, sin embargo, la normativa tiene mucho que avanzar todavía para cumplir con las exigencias europeas y sociales. Se analizarán cuestiones en relación con la titularidad de derechos, la normativa estatal, autonómica y local que configura el derecho de los animales, sus deficiencias y una posible propuesta de mejora que pasa por su inclusión constitucional. Como conclusión, observaremos lo atrasada que se encuentra la regulación nacional al respecto.

Palabras claves: legítima expectativa; riesgo regulatorio; ayuda de Estado; arbitraje de inversión; derecho de la Unión Europea; derecho internacional; reconocimiento y ejecución de laudos.

El conflicto normativo que en este trabajo se aborda representa un claro exponente de la imposibilidad de cumplir de forma simultánea dos normas que arrastran a resultados antagónicos. De una parte, el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea en tanto que opuesto al otorgamiento de ventajas económicas selectivas e imputables a los Estados miembros, al ser incompatibles con el mercado interior. De otra, la obligación de ejecutar los laudos producto de los mecanismos de solución de controversias dispuestos en acuerdos internacionales y, en particular, en el Tratado de la Carta de la Energía. Se trata de una cuestión de la mayor actualidad y relevancia económica para España, al seguirse sucediendo laudos condenatorios multimillonarios por la supresión de incentivos a las energías renovables en el marco de una batalla judicial y arbitral que aún se libra y que presenta multitud de frentes abiertos a lo largo de todo el planeta. La exposición parte de la desigual forma en la que se han protegido las legítimas expectativas de los inversores ante los órganos judiciales nacionales y los arbitrales, discurre por el decisivo precedente que el asunto Micula puede representar y culmina concluyendo en la improcedencia de que tales laudos sean satisfechos por España en los casos en que el inversor sea nacional de un Estado miembro, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Achmea.

Palabras claves: legítima expectativa; riesgo regulatorio; ayuda de Estado; arbitraje de inversión; derecho de la Unión Europea; derecho internacional; reconocimiento y ejecución de laudos.