Artículos de Derecho Administrativo

La Convención Europea de Derechos Humanos, junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la aplicación que hace de ambas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ponen de manifiesto la creciente sensibilización por el respeto de los derechos fundamentales, tanto de los individuos como de las personas jurídicas –con las debidas reservas–, y la importancia de salvaguardar el due process en los procedimientos del derecho administrativo sancionador. En este trabajo se revisa el estado de la cuestión en el ámbito concreto de la aplicación del Derecho de la competencia, tanto a nivel comunitario como español. El aumento de autoridades, la proliferación de ordenamientos antitrust y el sensible incremento en las sanciones impuestas parece llevar a calificar la naturaleza jurídica de este derecho como de «cuasi-penal». La cuestión es: ¿ofrecen los expedientes sancionadores todas las garantías exigibles para no colisionar con los derechos fundamentales?

Palabras claves: Derecho de la competencia; derechos fundamentales; procedimiento sancionador; personas jurídicas.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, Ley 6/2018, de 3 de julio, ha introducido una modificación en la LCSP que afecta a los organismos públicos de investigación. En concreto, ha añadido la disposición adicional quincuagésima cuarta, por la que se eleva el umbral de los contratos menores (que se pueden adjudicar de manera directa) hasta 50.000 euros para los servicios y suministros, siempre que estos no se afecten a gastos generales o de infraestructura. En este trabajo se analiza la citada disposición adicional, y se hace un análisis de otros supuestos en la LCSP vinculados a la I+D que se pueden adjudicar mediante procedimientos negociados o que están excluidos de la LCSP.

Palabras claves: investigación y desarrollo; contratos menores; Ley de Contratos del Sector Público.

En los últimos tiempos asistimos a lo que ha dado en llamarse una «vuelta a lo público» en la gestión de los servicios públicos, especialmente en el sentido de su reversión. Ello, unido a la reducción de entes del sector público, a efectos de cumplir con el objetivo de déficit público, ha provocado cambios que han llevado a problemas laborales, entre los que cabe destacar la posible aplicación de la sucesión empresarial –propia del Derecho del Trabajo– al ámbito del sector público, en lo que ha tenido una posición destacada la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Sin embargo, el tema trasciende una mera visión laboralista del asunto, siendo imprescindible tener en cuenta una multitud de normas propias del Derecho Administrativo, que tienen incidencia en la materia y que ponen de manifiesto la complejidad que subyace a todo ello.

Palabras claves: servicios públicos; remunicipalización; sucesión de empresa; contratos; racionalización del sector público; subrogación de personal.

El desarrollo de la estrategia diplomática china ha sido de tipo reactivo, sin embargo, actualmente, dada su nueva posición como promotor de la iniciativa de «la Franja y la Ruta», debe asumir un rol más activo y trabajar bajo los principios que la caracterizan para la reconstrucción del patrón geopolítico, la mejora del orden social internacional y la promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales a través de un planteamiento objetivo de la posición internacional del estado de derecho chino, necesario para dar forma a la teoría china del derecho internacional.
Dicha teoría deberá privilegiar la aplicación del estado de derecho y dar la bienvenida al hitchhike, siendo necesario mejorar las reglamentaciones existentes, e incluso establecer un nuevo sistema de gobernanza que refleje la realidad de la situación internacional actual, en la que inversores y receptores de inversión son actores simbióticos, con un deber de asistencia y promoción mutua como fuente para la creación del marco legal de «la Franja y la Ruta», y promover la cooperación judicial transnacional en materia de solución de conflictos encaminada a la reforma del nuevo orden económico internacional, eliminando las barreras económicas a través de la cooperación global e incentivando el crecimiento de los nuevos modelos económicos basados en innovaciones tecnológicas a través de bases legales para su fomento y protección.

Palabras claves: la Franja y la Ruta; estado de derecho internacional; hitchhike; solución de controversias; cooperación judicial.

En el presente artículo se analizan las novedades que trae el cuarto paquete comunitario de energía y su impacto en el ordenamiento jurídico español. Para ello, se comienza exponiendo la evolución de la política energética de la Unión Europea desde la confección del tercer paquete hasta la actualidad; indicando, asimismo, los elementos que pudieran resultar clave en su contexto geoestratégico. A continuación, se comenta el contenido del cuarto paquete de forma sistemática, dividiendo el mismo en cuatro áreas temáticas, a saber: el diseño del mercado eléctrico, el fomento de las energías renovables, el incremento de la eficiencia energética y la nueva gobernanza prevista para la Unión de la Energía. Finalmente, se apuntan qué aspectos recogidos en el cuarto paquete ya están incorporados en el ordenamiento jurídico español y, con la debida cautela, qué instituciones internas deberán adaptarse a la regulación comunitaria.

Palabras claves: cuarto paquete (paquete de invierno); diseño del mercado eléctrico; energías renovables; eficiencia energética; gobernanza energética; Unión de la Energía.

El presente trabajo utiliza el símil médico para repasar la desvertebración de nuestra función pública, tradicionalmente organizada en torno al «cuerpo», que determinaba la retribución y la carrera profesional del funcionariado. La «metástasis» o propagación de los cuerpos especiales ocasionó unas «patologías» que pugnaban contra el interés público. La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 apostó por «extirpar», sin intentar curar sus «males», la institución del «cuerpo», elevando el «puesto de trabajo» a la categoría de «anticuerpo» determinante de la retribución y de la carrera administrativa. El vigente Estatuto Básico del Empleado Público potencia la misma «terapia», mermando la objetividad e imparcialidad del funcionariado de «carrera», que pasará a serlo de «empleo», y –al igual que el funcionariado interino– sin «cuerpo».

Palabras claves: carrera; cuerpo; puesto; personal funcionario.

Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, con un incremento diario exponencial de datos. El flujo de información es continuo, masivo y además global. Las nuevas posibilidades de acumulación de datos y de elaboración de perfiles comportan una mayor capacidad de control sobre los individuos. La normativa debe tener por objeto proteger a las personas frente a las empresas que almacenan y negocian con los datos de las personas, por lo que compete al legislador lograr un óptimo equilibrio entre la salvaguardia de la vida privada y el interés progresivo que tiene la sociedad en el tráfico de la información sobre las personas, información que se ha convertido en una mercancía muy valiosa. En materia de protección de datos la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos supone una nueva cultura de la privacidad en un mundo de redes sociales, teléfonos inteligentes, banca por internet y transferencias globales.

Palabras claves: protección de datos; privacidad; seguridad y certificación.

El Estado social conlleva el reconocimiento y garantía de una serie de derechos vinculados a la persona, entre los que ocupa actualmente un lugar preeminente el derecho a una vivienda digna y adecuada. Reconocimiento internacional y nacional que obliga a todas las Administraciones a intervenir para su realidad. Así, los poderes públicos disponen de distintos mecanismos y competencias por sectores en la regulación administrativa especial, caso del urbanismo, donde el derecho a la vivienda como derecho prestacional se verá influido por circunstancias varias, como la situación económica, política y social de cada momento para su materialización. Las regulaciones legislativas y reglamentarias disponen de medios para garantizar este derecho, desde su expreso reconocimiento en leyes reguladoras del derecho a la vivienda, hasta la previsión de los planes generales de ordenación urbanística, en los que existen distintos instrumentos que prevén su regulación (determinaciones, estándares urbanísticos, patrimonio municipal del suelo o derecho de superficie). Es el derecho a la vivienda un derecho reconocido en nuestra Constitución y en el Estatuto de Andalucía, vinculado a derechos y deberes tanto de los administrados, para los que se convierte en necesidad básica, como de las tres Administraciones públicas, en razón a su respectiva competencia en el sector de la vivienda.

Palabras claves: vivienda; mercado del suelo; propiedad privada; derecho social.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una realidad. Y estas tecnologías aumentarán en el futuro. La relación entre las personas y el Estado se realizará mediante procedimientos electrónicos y automáticos. La respuesta judicial será más rápida. Y el ordenamiento jurídico deberá adaptarse en el caso de que los robots alcancen capacidad para actuar autónomamente, sean titulares de derechos no humanos y cuenten con personalidad jurídica electrónica. Todo ello debería suponer el reconocimiento de la capacidad del robot autónomo. Y deberá conjugarse la libertad en la creación de la tecnología, con la seguridad y la garantía de los principios, valores y derechos humanos.

Palabras claves: inteligencia artificial; robot autónomo; tramitación electrónica; proceso futuro.

En atención a la regulación positiva actual del silencio administrativo y a la generalidad del sentido positivo de dicho silencio, teniendo en cuenta además la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios en la materia, por medio del presente artículo se intenta dar respuesta a la posible operatividad del silencio administrativo positivo contra legem en nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto, se abordan los supuestos concretos de ausencia en el procedimiento o emisión en sentido desfavorable de informes preceptivos vinculantes. Asimismo se hacen extensivas las conclusiones alcanzadas a los supuestos que se estiman asimilados respecto de los informes calificados como determinantes.