Artículos de Derecho Administrativo

En los últimos años ha surgido en el derecho de la Unión Europea un derecho administrativo sancionador común que ha de aplicarse por los Estados miembros y no por las instituciones de la Unión. Esta novedad surge de la necesidad de incrementar las sanciones por infringir las normas sustantivas como medio para asegurar la homogeneidad de los regímenes aplicables y evitar el arbitraje normativo. A su vez, se complementa con una serie de principios asentados en la jurisprudencia del TEDH y del TJUE y que busca, por el contrario, garantizar los derechos fundamentales de los expedientados. Ambas corrientes someten al Derecho de la Unión a una tensión a la hora de optar por una mayor protección de las garantías procedimentales o por la eficacia de aquel, que impregna todas las soluciones jurídicas adoptadas, en ocasiones un tanto contradictorias. En estas líneas, además de dar cuenta de este proceso, queremos detenernos en uno de los principios más representativos de esta tensión, como es la prohibición del bis in idem. En él se reúnen las dos líneas expuestas, que van a determinar un acercamiento cauteloso por parte de la legislación de la Unión, y un conflicto entre la jurisprudencia del TEDH y la del TJUE, más cercano a las disposiciones de derecho nacional que refuercen el reproche a las conductas infractoras. Dicha disparidad, junto con lo diverso de las tradiciones constitucionales, ha marcado la aproximación de los Estados miembros, que también se expondrá, y que no ha logrado una respuesta homogénea a la cuestión.

Palabras claves: ne bis in idem; sanciones administrativas; mercado de valores; derecho de la Unión Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante los últimos años, el TC ha declarado la inconstitucionalidad de sucesivas reglas de la normativa catalana orientadas a restringir la instalación de establecimientos comerciales fuera del núcleo urbano compacto. La STC 157/2016 (NCJ061681) es la más reciente de las resoluciones del TC al respecto. Esta sentencia, si bien no provee una solución definitiva que permita dar por zanjada la conflictividad entre Estado y Generalitat sobre la materia, explicita la opinión del TC al respecto del margen de decisión del que disponen las comunidades autónomas para restringir el acceso a la actividad de operadores económicos y anuncia el criterio de decisión del TC ante eventuales nuevos recursos.

Palabras claves: licencias comerciales, urbanismo comercial y grandes superficies comerciales.

La rápida evolución de los medios electrónicos y tecnológicos al alcance de nuestra sociedad informática ha enfrentado a los poderes públicos a los retos derivados de la necesidad de dispensar una protección cualificada a la información personal más cercana al ciudadano. Y así, el derecho a la autodeterminación informativa ha planteado recientemente un debate encarnizado entre dos posiciones dispares, la europea y la norteamericana, acerca de la oportunidad y el posible alcance del ejercicio de un supuesto derecho a ser dejado en paz, entendido como el derecho a exigir que se proceda a la retirada o al borrado de información personal que, si bien veraz, supone o representa para el interesado un perjuicio o una lesión que entiende no tiene el deber jurídico de soportar. A tal efecto el interés de la jurisprudencia europea y española más reciente radica no solo en el reconocimiento de este derecho sino, en particular, de ciertos límites a su implementación y ejercicio que abocan a la Agencia Española de Protección de Datos a una ponderación casuística de los derechos y de los intereses en juego en cada supuesto.

Palabras claves: derecho a la protección de datos, derecho al olvido y Agencia Española de Protección de Datos.

La Administración pública no puede concebirse hoy como en épocas pretéritas pues, además de cumplir con sus funciones tradicionales, tiene encomendada la finalidad esencial de cohesión social. Por tanto, si la sociedad cambia y está expuesta al riesgo, la Administración pública, como institución más cercana al ciudadano, debe reformarse y adaptarse continuamente a las necesidades de este a quien sirve. La información que poseen y que generan las organizaciones públicas es un recurso básico en Democracia, tanto para los ciudadanos como para las propias instituciones. Un tratamiento homogéneo, sistemático y seguro de esta información es una de las tareas esenciales a que deben hacer frente las Administraciones públicas. En este sentido, uno de los nuevos principios que recoge expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el principio de interoperabilidad. Tal principio, pese a no resultar una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, sí que se formula de manera autónoma y es quien preside las relaciones interadministrativas electrónicas. Así, la revolución silenciosa que supone la interoperabilidad está dando lugar a una concepción vanguardista del sector público en nuestro país, superando la tradicional visión interna de la Administración pública por un enfoque basado en el ciudadano como protagonista indiscutible de su actuar.

Palabras claves: interoperabilidad, sector público, transparencia, reutilización y democracia.

La doctrina mayoritaria sostiene que el título X de la Constitución o, al menos, el artículo 168 forma parte de facto de aquellas materias que únicamente pueden ser objeto de procedimiento agravado, cuando el propio precepto, de forma meridiana, lo ubica extramuros de la lista de materias cuya reforma debe operarse por la vía agravada. Como prioridad ante la posible apertura de cualquier proceso de reforma constitucional, en este trabajo se propugna que se aborde el blindaje del artículo 168 con el fin de impedir el «caballo de Troya» que supondría su sencilla modificación por la vía del artículo 167. Y ello con el fin de evitar que, bajo la apariencia de realizar un cambio en la Constitución, se lleve a cabo un cambio de Constitución, siendo numerosos los ejemplos de cómo es factible transformar un modelo político por otro diametral-mente opuesto empleando los mecanismos legales existentes.

Palabras claves: Constitución, reforma y fraude.

La justicia administrativa debe adaptarse a las necesidades sociales del momento. Se deben implementar en las distintas Administraciones públicas mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
A lo largo de este trabajo se pretende, en primer lugar, analizar la situación de la actualidad de la justicia administrativa en España, para posteriormente exponer los distintos mecanismos extrajudiciales indicados (según la doctrina) para la resolución de conflictos administrativos y sus posibilidades de aplicación real en el ámbito del derecho público.
Por último, se realiza un análisis comparado con la situación de la materia en distintos países, siendo estos: Estados Unidos, Francia y Alemania.

Palabras claves: extrajudicial, conflicto, alternativas, justicia administrativa y recursos.

El lenguaje jurídico-administrativo sufre diferentes trastornos lingüísticos que suponen un uso incorrecto del lenguaje común.
Este ensayo hace un análisis de los defectos que proliferan en el lenguaje jurídico-administrativo y aspira a ser una llamada de atención sobre la existencia del problema y una oportunidad para mejorar la literatura jurídica.

Palabras claves: lenguaje jurídico-administrativo, trastorno lingüístico y lenguaje común.

El discurso sobre la ética pública no constituye una novedad en el ámbito de la Administración pública cuyo arranque actual podemos situar en Estados Unidos en los años 70, pero el contexto socioeconómico y la crisis institucional experimentada en España en la última década han traído a la actualidad de la Administración pública la necesidad de dotarse de instrumentos y mecanismos que permitan regenerar la confianza de los ciudadanos, ante la clara desafección provocada en la ciudadanía consecuencia del estallido de numerosos casos de corrupción en los últimos años. Como categoría relevante de estos instrumentos se encuentran los códigos éticos o buen gobierno, que están llamados a desempeñar un relevante papel en la conformación de marcos de integridad institucional (OCDE), y que para una mayor eficacia pueden conjugarse a modo de las técnicas de compliance existentes en el sector privado, con profundo arraigo en la empresa y que en un adecuado proceso de adaptación pueden revelarse como eficaces instrumentos de mejora de la calidad democrática de las instituciones, estableciendo un completo sistema organizativo de control y seguimiento como mecanismo de prevención de comportamientos ilícitos, a través de un proceso de la interiorización de la dimensión ética en la gestión pública.

Palabras claves: código ético, gestión pública y compliance.