Artículos de Derecho Administrativo

El presente trabajo constituye un análisis jurídico del tratamiento de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia en el Derecho español, tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sus Salas de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de aludir, igualmente, a determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Junto a ello se aportan fundamentos jurídicos de las contradicciones de tal jurisprudencia con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.
También se ofrecen propuestas de tratamiento de los cambios jurisprudenciales en el tiempo compatibles con dichos principios constitucionales, para lo cual se incluye previamente un estudio sintético, pero en profundidad, de dichos principios, en los primeros epígrafes de la exposición.

Palabras claves: retroactividad de la jurisprudencia; principio de seguridad jurídica; principio de confianza legítima; principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o de las normas restrictivas de derechos.

En el presente trabajo se analiza la fricción entre el derecho al acceso a la información pública regulado con carácter básico en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que se presenta como uno de los principales límites a la denominada publicidad pasiva. A tal fin, tras analizar diversos conceptos de interés para abordar la relación dialéctica entre ambos derechos, se examinan los supuestos de acceso al amparo del consentimiento del afectado y de ponderación. Específicamente en relación con este último, se exponen diversos factores que cabe aplicar para decantar la decisión a favor del acceso o la salvaguarda de la confidencialidad de la información, así como las alternativas que se presentan.

Palabras claves: acceso a la información pública; derecho a la protección de los datos personales; consentimiento; ponderación.

La Comisión Europea, como guardiana de los tratados, ha abierto a España un procedimiento de infracción por la regulación restrictiva de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la infracción del Derecho de la Unión Europea, contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Existen serias dudas sobre su adecuación al Derecho comunitario, tales como la intromisión de la legislación interna en la competencia del Tribunal de la Unión Europea para concretar los efectos temporales de sus sentencias o la vulneración de los principios europeos de efectividad y equivalencia; cuestiones que se desarrollan y analizan en el presente estudio.

Palabras claves: efectos temporales de las sentencias del TJUE; principios de efectividad y de equivalencia; régimen jurídico del sector público; responsabilidad patrimonial por actos legislativos contrarios al Derecho de la UE; violación suficientemente caracterizada.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la jurisprudencia del TC más reciente sobre los límites a las leyes singulares, cuya profusa utilización en Castilla y León durante la pasada década persiguió eludir el control jurisdiccional de la actuación administrativa con una pretendida inmunidad de la ley. Además de reforzar los límites establecidos a las leyes singulares en la doctrina Rumasa, el TC ha sistematizado sus distintas manifestaciones en dos tipos: leyes autoaplicativas y no autoaplicativas, operando en las primeras un canon de constitucionalidad del artículo 24.1 de la CE más estricto. Para ello, el TC ha invocado la doctrina del TJUE, que ha sancionado la utilización de la ley para soslayar el control judicial del Derecho de la UE. Dado que la cuestión de inconstitucionalidad ya no garantiza la tutela de los interesados, este canon más estricto del artículo 24.1 de la CE en las leyes singulares autoaplicativas no solo se explica en que su carácter consuntivo veda el acceso a la jurisdicción, sino en que el TC es partícipe de la tesis ordinamental para distinguir entre norma y acto administrativo, por lo que, solo en abstracto, no les atribuye normatividad. Junto a ello, se aborda la constitucionalidad de las reservas de ley singular establecidas en leyes ordinarias y se analiza si, en virtud de esta reciente jurisprudencia, cabría derivar de los artículos 24.1 y 97 de la CE una reserva de Administración.

Palabras claves: límites constitucionales a las leyes singulares; leyes autoaplicativas y no autoaplicativas; tutela judicial efectiva; instrumentos de ordenación del territorio; doctrina Boxus y Solway; reserva de Administración.

En los últimos años ha surgido en el derecho de la Unión Europea un derecho administrativo sancionador común que ha de aplicarse por los Estados miembros y no por las instituciones de la Unión. Esta novedad surge de la necesidad de incrementar las sanciones por infringir las normas sustantivas como medio para asegurar la homogeneidad de los regímenes aplicables y evitar el arbitraje normativo. A su vez, se complementa con una serie de principios asentados en la jurisprudencia del TEDH y del TJUE y que busca, por el contrario, garantizar los derechos fundamentales de los expedientados. Ambas corrientes someten al Derecho de la Unión a una tensión a la hora de optar por una mayor protección de las garantías procedimentales o por la eficacia de aquel, que impregna todas las soluciones jurídicas adoptadas, en ocasiones un tanto contradictorias. En estas líneas, además de dar cuenta de este proceso, queremos detenernos en uno de los principios más representativos de esta tensión, como es la prohibición del bis in idem. En él se reúnen las dos líneas expuestas, que van a determinar un acercamiento cauteloso por parte de la legislación de la Unión, y un conflicto entre la jurisprudencia del TEDH y la del TJUE, más cercano a las disposiciones de derecho nacional que refuercen el reproche a las conductas infractoras. Dicha disparidad, junto con lo diverso de las tradiciones constitucionales, ha marcado la aproximación de los Estados miembros, que también se expondrá, y que no ha logrado una respuesta homogénea a la cuestión.

Palabras claves: ne bis in idem; sanciones administrativas; mercado de valores; derecho de la Unión Europea; Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante los últimos años, el TC ha declarado la inconstitucionalidad de sucesivas reglas de la normativa catalana orientadas a restringir la instalación de establecimientos comerciales fuera del núcleo urbano compacto. La STC 157/2016 (NCJ061681) es la más reciente de las resoluciones del TC al respecto. Esta sentencia, si bien no provee una solución definitiva que permita dar por zanjada la conflictividad entre Estado y Generalitat sobre la materia, explicita la opinión del TC al respecto del margen de decisión del que disponen las comunidades autónomas para restringir el acceso a la actividad de operadores económicos y anuncia el criterio de decisión del TC ante eventuales nuevos recursos.

Palabras claves: licencias comerciales, urbanismo comercial y grandes superficies comerciales.

La rápida evolución de los medios electrónicos y tecnológicos al alcance de nuestra sociedad informática ha enfrentado a los poderes públicos a los retos derivados de la necesidad de dispensar una protección cualificada a la información personal más cercana al ciudadano. Y así, el derecho a la autodeterminación informativa ha planteado recientemente un debate encarnizado entre dos posiciones dispares, la europea y la norteamericana, acerca de la oportunidad y el posible alcance del ejercicio de un supuesto derecho a ser dejado en paz, entendido como el derecho a exigir que se proceda a la retirada o al borrado de información personal que, si bien veraz, supone o representa para el interesado un perjuicio o una lesión que entiende no tiene el deber jurídico de soportar. A tal efecto el interés de la jurisprudencia europea y española más reciente radica no solo en el reconocimiento de este derecho sino, en particular, de ciertos límites a su implementación y ejercicio que abocan a la Agencia Española de Protección de Datos a una ponderación casuística de los derechos y de los intereses en juego en cada supuesto.

Palabras claves: derecho a la protección de datos, derecho al olvido y Agencia Española de Protección de Datos.

La Administración pública no puede concebirse hoy como en épocas pretéritas pues, además de cumplir con sus funciones tradicionales, tiene encomendada la finalidad esencial de cohesión social. Por tanto, si la sociedad cambia y está expuesta al riesgo, la Administración pública, como institución más cercana al ciudadano, debe reformarse y adaptarse continuamente a las necesidades de este a quien sirve. La información que poseen y que generan las organizaciones públicas es un recurso básico en Democracia, tanto para los ciudadanos como para las propias instituciones. Un tratamiento homogéneo, sistemático y seguro de esta información es una de las tareas esenciales a que deben hacer frente las Administraciones públicas. En este sentido, uno de los nuevos principios que recoge expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el principio de interoperabilidad. Tal principio, pese a no resultar una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, sí que se formula de manera autónoma y es quien preside las relaciones interadministrativas electrónicas. Así, la revolución silenciosa que supone la interoperabilidad está dando lugar a una concepción vanguardista del sector público en nuestro país, superando la tradicional visión interna de la Administración pública por un enfoque basado en el ciudadano como protagonista indiscutible de su actuar.

Palabras claves: interoperabilidad, sector público, transparencia, reutilización y democracia.

La doctrina mayoritaria sostiene que el título X de la Constitución o, al menos, el artículo 168 forma parte de facto de aquellas materias que únicamente pueden ser objeto de procedimiento agravado, cuando el propio precepto, de forma meridiana, lo ubica extramuros de la lista de materias cuya reforma debe operarse por la vía agravada. Como prioridad ante la posible apertura de cualquier proceso de reforma constitucional, en este trabajo se propugna que se aborde el blindaje del artículo 168 con el fin de impedir el «caballo de Troya» que supondría su sencilla modificación por la vía del artículo 167. Y ello con el fin de evitar que, bajo la apariencia de realizar un cambio en la Constitución, se lleve a cabo un cambio de Constitución, siendo numerosos los ejemplos de cómo es factible transformar un modelo político por otro diametral-mente opuesto empleando los mecanismos legales existentes.

Palabras claves: Constitución, reforma y fraude.

La justicia administrativa debe adaptarse a las necesidades sociales del momento. Se deben implementar en las distintas Administraciones públicas mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
A lo largo de este trabajo se pretende, en primer lugar, analizar la situación de la actualidad de la justicia administrativa en España, para posteriormente exponer los distintos mecanismos extrajudiciales indicados (según la doctrina) para la resolución de conflictos administrativos y sus posibilidades de aplicación real en el ámbito del derecho público.
Por último, se realiza un análisis comparado con la situación de la materia en distintos países, siendo estos: Estados Unidos, Francia y Alemania.

Palabras claves: extrajudicial, conflicto, alternativas, justicia administrativa y recursos.