Legislación

El BOE de 9 de mayo, publica el Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Transporte internacional
Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014.

(BOE de 16 de abril de 2015)

Subvenciones para adquirir vehículos eléctricos
Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).

(BOE de 18 de abril de 2015)

El Boletín Oficial del Estado publica la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. La norma consta de 94 artículos, 6 disposiciones adicionales, 11 transitorias y 13 finales, además de la correspondiente derogatoria, y estará en vigor desde el 29 de abril de 2015, salvo el contenido de su Título I –incluidas las modificaciones de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca que hace su artículo 5-, que no tendrá vigencia hasta tres meses después de que el Banco de España publique el modelo-plantilla de la Información Financiera-PYME y del informe estandarizado de evaluación de la calidad crediticia de la pyme a los que se hace referencia en el artículo 2.3 y el apartado 2 de la disposición final duodécima, apartado este que, a su vez, señala como plazo para esta tarea el de 5 meses, es decir, que, teóricamente, la totalidad del texto debiera estar vigente no mucho después del comienzo de 2016, si no antes.

El BOE de 28 de abril de 2015, publica la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

1. Derecho de traducción e interpretación.

Introduce novedades en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reconociendo el derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua del procedimiento, extendiéndose a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales. Incluye un intérprete en las comunicaciones con su Abogado y requiere además que se le facilite la traducción de los documentos esenciales tales como las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias. La traducción deberá hacerse en un plazo razonable.

Publicado el estatuto de las víctimas en el BOE de 28 de abril, constituye un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas que sigue las líneas trazadas por la Directiva 2012/29/UE, si bien de forma más ambiciosa; considerando como víctima a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito (víctima directa), y también a sus familiares (víctimas indirectas). El horizonte temporal de la directiva era el 16 de noviembre de 2015, si bien el estatuto entra en vigor el 28 de octubre del presente año.

El objetivo es dar una respuesta jurídica y sobre todo social a través de un trato individualizado a todas las víctimas, que serán evaluadas para atender las circunstancias de su caso; es decir, el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral.

Medio ambiente. Residuos
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

(BOE  de 7 de abril  de 2015)

La necesidad de mantener la unidad de mercado, aconseja la adopción de criterios comunes, aplicables a todos los traslados de residuos que se realicen en el territorio del Estado; fruto de lo cual, se publica en el BOE del 7 de abril de 2015, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, además de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión, ha sentado las bases para la determinación de esos criterios rectores del régimen de traslados, procediendo ahora, mediante la aprobación de este real decreto, el desarrollo de los mismos.

Seguro de vida. Cálculo de provisiones.
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2015.

(BOE  de 18 de marzo  de 2015)

Servicios de pago
Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas.

(BOE  de 30 de marzo  de 2015)

Código Penal
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

(BOE  de 31 de marzo  de 2015)

Se publica en el BOE del 31 de marzo la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que aunque estaba previsto que entrara en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, finalmente echará a andar el 1 de julio de este año.

La indexación permite modificar un valor monetario vinculándolo a las variaciones de un índice determinado a lo largo de un período. La indexación basada en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente produce beneficios ni está justificada. En economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores monetarios a índices de precios como mecanismo de defensa.