Legislación

Ante la necesidad de incorporar el derecho comunitario de seguros y la adaptación normativa al desarrollo del sector asegurador  se publica en el BOE de 15 de julio de 2015 la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras,  que recoge las disposiciones de la Directiva Solvencia II (Directiva 2009/138/CE), fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo, fortalece el sector del seguro, y favorece la competencia y la eficacia de las entidades aseguradoras, siempre en beneficio del consumidor.

El BOE de 14 de julio, publica la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, donde se recogen nuevas medidas normativas para la Reforma de las Administraciones Públicas, esta vez relativas a la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y a la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones.

En el BOE de 3 de julio de 2015, se publica la Ley 15/2015, de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria que entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado» excepto:

1. Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia.
2. Las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales, que entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.
3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

El 1 de julio de 2015 entrarán en vigor el nuevo Reglamento de Procedimiento y sus nuevas disposiciones de aplicación¹, a fin de mejorar el desarrollo de los procedimientos ante el Tribunal General.

Administración de Justicia. Acceso electrónico
Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

(BOE de 16 de junio de 2015)

Regulada la coordinación de ayudas al despliegue de banda ancha
Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha.

(BOE de 16 de junio de 2015)

El BOE de 30 de junio, publica la Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015.

Publicado en el BOE de 30 de junio, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 2015 es el 8,05 por 100.

Se ha publicado en el BOE la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, que permitirá, a partir del 1 de octubre de 2015, fecha de su entrada en vigor, la obtención de la nacionalidad española a través de la carta de naturaleza, prevista en el artículo 21.1 del Código Civil, cuando concurran circunstancias excepcionales. A tal fin, la Ley se encarga de explicitar que esas circunstancias excepcionales concurren en los sefardíes originarios de España, que prueben dicha condición y su especial vinculación con España.

Se publica en el BOE de 25 de junio, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que entrará en vigor el día 1 de noviembre de 2015. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación los siguientes preceptos:

Publicada en el BOE de 19 de junio, la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, de entrada en vigor el 20 de junio,  si bien conforme su Disposición final decimoséptima las normas sobre recapitalización interna entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, mientras que las pruebas de resistencia que el Banco de España realizará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no entrarán en vigor hasta el 3 de julio de 2017.

La crisis financiera ha puesto de relieve, la falta de instrumentos adecuados y eficaces para hacer frente a los problemas de solvencia y solidez de las entidades de crédito y para atajar el peligro de falta de viabilidad de estas y de las empresas de servicios de inversión.

Se publica en el BOE de 16 de junio la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia, que crea el Punto de Acceso General (https://sedejudicial.justicia.es), gestionado por el Ministerio de Justicia, a través del cual se podrá acceder a todas las sedes y subsedes judiciales electrónicas creadas dentro del territorio nacional, donde se podrán realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con ésta por medios electrónicos. Se aplica a las Oficinas Judiciales que se hallen bajo la competencia del Ministerio de Justicia.