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Aparte de la recomendación explícita de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios afectados, se obliga a las comunidades autónomas por, Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, publicada en el BOE de 1 de octubre, a adoptar, las medidas en los municipios de más de 100.000 habitantes, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:

a) 500 casos o más por 100.000 habitantes en 14 días (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración).
Este criterio no será de aplicación si al menos el 90% de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares controlados, y comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
b) Positividad en las pruebas diagnósticas de infección por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%.
c) La comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en UCIS superior al 35% de la dotación habitual.

Con la Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, sin limitación del número de plazas y para todo el territorio español.

El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo de la presente convocatoria.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Título preliminar, objetivo y finalidad

El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura.

El Ministerio de Consumo ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) con el objetivo de desarrollar la figura del consumidor vulnerable.

Con ello, el Gobierno pretende avanzar hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.

Así lo ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Garzón ha dicho que esta medida formará parte de una reforma de la actual ley en la que también se incorpora la ya anunciada prohibición de los números telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.

El Ministerio de Consumo plantea modificar el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad. Para ello, Consumo ha abierto un periodo de consulta pública en el que la sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020.

El Plan recoge un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, 3 leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos. Un total de 50 incorporan a nuestro ordenamiento directivas u otras disposiciones europeas.

Una planificación que se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, y que recoge las previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas del Gobierno que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, han firmado un acuerdo de colaboración para incentivar el consumo en el comercio de proximidad, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y por las disposiciones normativas que han obligado a la reducción de su actividad.

Ambas instituciones pondrán en marcha una campaña de publicidad que se desarrollará hasta final de año y cuyo objetivo reactivar el consumo en el comercio, resaltando sus cualidades -cercanía, confianza y calidad-, y las medidas sanitarias adoptadas por el comercio para favorecer una compra segura.

El ministro participa junto a López-Yuste en una videoconferencia en la que ambos han agradecido el trabajo realizado durante la pandemia y el esfuerzo actual para normalizar ya la actividad.

El Ministerio de Justicia, a través de la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, ha trasladado esta tarde a los gerentes territoriales su felicitación por haber logrado poner en marcha en tiempo récord el sistema de gestión de citas previas que permite retomar la posibilidad de realizar ya trámites administrativos vía presencial, pero de una manera ordenada teniendo en cuenta las medidas de prevención para evitar contagios.

La comisión designada por el ministro Campo para elaborar el anteproyecto inicia sus trabajos bajo la presidencia de Antonio Garrigues, que defiende una norma orientada al ciudadano para "impedir situaciones de indefensión".

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha presidido hoy la primera reunión de la comisión de expertos que participará en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa por encargo del ministro, Juan Carlos Campo. Zapatero ha calificado de "oportunidad histórica" la integración en una única norma de las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, actualmente dispersas en diferentes instrumentos legales.

El Ministerio de Justicia ha elaborado una guía con recomendaciones para la celebración de los juicios telemáticos que son una de las medidas implantadas a raíz de la crisis del COVID19 para garantizar la seguridad de los ciudadanos, profesionales y funcionarios públicos y evitar contagios.

En cumplimiento del Real Decreto-ley 16/2020, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante vía telemática. Todo ello siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios y se garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en cuestión.

Así, los juicios telemáticos llegaron con el estado de alarma pero, como ha manifestado recientemente el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues "han venido para quedarse". Es por eso por lo que el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha difundido un documento que analiza los elementos organizativos, técnicos y jurídicos, de aplicación en su ámbito competencial, para la celebración de actuaciones judiciales cuya realización sea viable mediante la utilización del sistema de videoconferencia corporativo y que deban ser grabadas por el sistema eFidelius.

El ministro de Justicia ha presidido el 1 de junio de 2020 la primera reunión presencial de la comisión y ha defendido el momento elegido para el inicio de los trabajos pese a la complejidad del contexto actual.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido el 1 de junio la primera reunión presencial de la comisión de expertos designada para elaborar el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Campo ha incluido la actualización del proceso penal entre las prioridades de su mandato, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de final de año.