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Mejora de la eficiencia de la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros del 20 de abril, ha sido informado sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El anteproyecto está integrado en la arquitectura jurídica de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, constituye la segunda norma de las tres previstas por el Ministerio para la eficiencia de la Administración de Justicia, junto a la ley de eficiencia procesal, aprobada en diciembre, y la ley de eficiencia digital, prevista para verano.

El BOE de 21 de abril de 2021, publica la Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se concluye lo siguiente:

- En la sesión del martes 20 de abril, el Congreso debatirá la toma en consideración de las proposiciones de ley del régimen estatutario del personal que integra los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias y de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

- También se decidirá sobre dos proposiciones no de ley y tres mociones. Además, el miércoles se celebrará la Sesión de Control al Gobierno.

El Congreso de los Diputados decidirá esta semana sobre la alternativa del Grupo Parlamentario Republicano a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. En caso de que se rechace, la Proposición de Ley Orgánica continuará su tramitación en su redacción original. Si se aprueba, la iniciativa se tramitará en los términos del texto alternativo aprobado.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, y la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda, han firmado hoy una resolución conjunta por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de representaciones gráficas en documentos notariales y se articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Consejo General del Notariado.

La nueva resolución también aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre los notarios y el Catastro, de forma segura y coordinada, y reduce los trámites administrativos a los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley para incorporar una serie de medidas que mejoran y actualizan el sistema del permiso y la licencia de conducción por puntos, y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva.

El proyecto de ley modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el sentido de agravar las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante, e impulsar el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la educación vial de los conductores.

Abogacía

Por Orden PCM/188/2021, de 2 de marzo, el Ministerios de Justicia y de Universidades convoca la prueba gratuita de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2021.

• El ministro de Justicia ha señalado que "la gestión del cambio en nuestras organizaciones resultará clave para su transformación digital e inteligente".
• Campo ha indicado que el Fondo Europeo de Resiliencia será clave para contar con los fondos necesarios para llevar a cabo la transformación digital de la Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha inaugurado el 1 de marzo el Foro Legaltech: La tecnología en el ámbito legal como valor añadido para el ciudadano, un encuentro sobre la tecnología en el ámbito de la Justicia, organizado por Legálitas y el diario El Español. En su intervención, Campo ha señalado que "el hecho digital es clave en el mundo de la Justicia".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado en el Senado que la regulación de la jurisdicción universal actual es deficitaria y necesita ser mejorada, ya que tiene una misión básica, que es la protección de los derechos humanos.

Juan Carlos Campo ha reiterado, en la Sesión de Control en el Senado, el compromiso del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a la jurisdicción universal, en respuesta a una pregunta de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Según Campo, "nunca existirá una regulación de jurisdicción universal que represente por completo todas las sensibilidades, pero en lo que sí estamos de acuerdo todos es que la actual es deficitaria".

Se remite a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera.

El tejido empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera en España está constituido principalmente por empresas de reducido tamaño, sobre las que impactan duramente las consecuencias del incumplimiento del plazo máximo legal de pago de los servicios de transporte, afectando gravemente a su liquidez y a su competitividad y rentabilidad.

El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de mayor riesgo económico, como el motivado por la pandemia ocasionada por la Covid-19, al hacerse más difícil la financiación, y afecta especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño, puesto que comporta una grave desestabilización de su estructura financiera, que puede condicionar incluso su viabilidad en un sector que desempeña una actividad esencial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

La regulación aprobada por el Gobierno conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución.