Aprobado el Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), que sustituye al Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, que fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal Supremo en relación con la obligación de comunicar al registro los datos de los usuarios de los servicios de VTC.
De esta forma, los titulares de VTC, antes del inicio de cada servicio concreto y por vía electrónica, deberán comunicar a la Administración los datos de los servicios contratados con el detalle establecido en la nueva normativa, que excluye los datos de los usuarios de los servicios.
Los datos que se exigen son los necesarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los titulares de estas autorizaciones, entre otras:
- La pre-contratación de los servicios.
- Su origen en el territorio de la comunidad autónoma en la que esté domiciliada la autorización.
- La contratación con intermediarios autorizados.
- Y, transitoriamente, la habitualidad de la prestación del servicio en dicha comunidad autónoma.
La puesta en marcha del registro y, en consecuencia, de la obligación de comunicación electrónica de los datos, se determinará por resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de Mitma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, una vez se efectúen las necesarias adaptaciones en la aplicación informática que da soporte al registro.
La comunicación electrónica sustituirá en un futuro próximo la actual hoja de ruta que los titulares de las autorizaciones de estos servicios están obligados a cumplimentar y conservar, por lo que supondrá una menor carga administrativa para estas empresas en el ejercicio de su actividad.
La puesta en marcha del registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor permitirá un mejor control de la actividad de estos servicios, en aras de garantizar la competencia leal con el sector del taxi.
Fuente: Moncloa