Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y, por tanto, nulos dos artículos del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; ambos preceptos fueron derogados hace dos años y medio por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, estima parcialmente el recurso formulado por la Generalitat de Cataluña y considera que los dos preceptos anulados invaden competencias de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo.

La Sala Civil confirma que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha resuelto dos recursos de BANKIA contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011.

La Sala ha desestimado todos los motivos de los recursos, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil y ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.

Fuente: Poder judicial

El alto tribunal declara la responsabilidad civil del marinero, de la aseguradora, de la propietaria del barco y del Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos (FIDAC), que deberán hacer frente a las indemnizaciones que se fijen en ejecución de sentencia

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión al capitán del buque Prestige, Apostolos Ioannis Mangouras, como autor responsable de un delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de daños catastróficos en relación con la grave afectación del medio marino y demás perjuicios provocados a consecuencia del vertido de fuel proveniente del citado petrolero, una vez que el día 13 de noviembre de 2002, cuando su navegación había alcanzado las 27,5 millas al oeste de Fisterra, y se encontraba dentro del corredor marítimo denominado Dispositivo de Separación de Tráfico, sufrió una rotura en su costado de estribor.

La Sala de lo Penal rebaja la condena al concluir que cinco de esas frases no son delictivas y que reflejan la sintonía ideológica del condenado con determinados presos en el sentido de coincidencia de objetivos políticos, así como solidaridad con su situación de privación de libertad o camaradería nacida de vínculos ideológicos

La Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, en sentecia de 30 de diciembre de 2015 , ha condenado a un año de prisión por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo a un joven que en su perfil de Facebook, bajo la identidad de “Vicent Sidorenko”, publicó la expresión “Gora ETA. Libertad presos políticos, Miguel Ángel Blanco mejor muerto”. Dos semanas más tarde, el 31 de enero de 2014, insertó otro mensaje con una foto a la que añadió que “el zulo de Ortega Lara tenía más metros cuadrados que donde viven muchísimos españoles”.

Desestima el recurso del torero contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que estableció dicha pensión al conceder el divorcio a la pareja

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado una pensión compensatoria de 3.000 euros mensuales durante 3 años a la exmujer del torero Miguel Ángel Perera, que deberá abonar el diestro.

El Supremo desestima el recurso planteado por Perera contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que estableció dicha pensión al conceder el divorcio a la pareja. El alto tribunal señala que en supuestos (como el de Perera y su primera mujer) de convivencia more uxorio (pareja de hecho) seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil, consecuencia de la ruptura de la convivencia matrimonial.

Fuente: Poder Judicial

Cláusulas abusivas en los contratos bancarios celebrados con consumidores: cláusula suelo; intereses moratorios; vencimiento anticipado; atribución de gastos de la operación al consumidor; contratación telefónica.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Pedro José Vela Torres, ha desestimado los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por BBVA y Banco Popular Español contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013. El procedimiento se inició por una acción colectiva interpuesta por la OCU en la que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas en diversos contratos bancarios de BBVA y Banco Popular.

La sentencia de 22 de diciembre de 2015, le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros ni comunicarse de cualquier manera con la víctima por un período de tres años e indemnizarle con 2.000 euros.

El Juzgado de lo Penal 4 de Almería ha condenado a un hombre a dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por espiar a su expareja a través de una aplicación informática que le instaló en el móvil sin el conocimiento de ella.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 encierra un interesante juego jurídico en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas que, a la postre, supone el reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del pago de las operaciones de expropiación.

En efecto, la sentencia, como ya apuntó en día la sentencia de instancia -STSJ de Canarias, de 10 de julio de 2013-, reconoce de partida que la exención de las operaciones de expropiación no está reconocida en el RDLeg. 1/1993 (TR ITP y AJD), como tampoco lo estuvo en la norma anterior -RDLeg. 3050/1980-.

Es más, lo que sí contienen esas normas es una disposición transitoria –la primera en el caso de la norma vigente; la segunda en el texto anterior-  que establece que quedan sin efecto cuantas exenciones y bonificaciones no figuren mencionadas en ellas.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de diciembre de 2015, de la que ha sido ponente el Magistrado D. Francisco Marín Castán, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada-apelante, arrendataria en un contrato de arrendamiento de vivienda anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante, LAU de 1964), contra la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que acordó estimar el recurso de apelación formulado por la demandante arrendadora contra la sentencia dictada en primera instancia en el juicio verbal de desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta. La Audiencia Provincial declaró resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y condenó a la demandada a desalojar la vivienda y a pagar a la arrendadora la cantidad adeudada en concepto de tasa de basura.

• TSJ. La DGT tiene que descontar el margen de error de los radares en las multas de velocidad.
• TS. No existe responsabilidad patrimonial de la Administración por prohibir la comercialización de munición de racimo.
• TS. Requisitos para la autorización de uso de títulos extranjeros nobiliarios.
• TS. Urbanismo. Reclasificación. Silencio administrativo. Actos propios. Sentencia. Congruencia. El análisis casacional del derecho autonómico.
• TS. Extranjería. Denegación de visado Schengen de corta duración pese a acreditarse por la solicitante garantías de retorno al país de origen.
• TS. Expropiación forzosa. Justiprecio e indemnización sustitutoria. Recursos contra autos dictados en ejecución de sentencia.
• TC. No son considerados dominio público marítimo-terrestre los terrenos inundados artificial y controladamente.
• TC. Prestación de servicios profesionales en las administraciones públicas. Competencias autonómicas sobre colegios profesionales.