Jurisprudencia

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de diciembre de 2015 y cuyo ponente ha sido el magistrado Ignacio Sancho Gargallo ha interpretado, en relación con la contratación telefónica de un producto swap celebrado entre una entidad mercantil y el BBVA, los requisitos exigidos en la contratación de productos financieros por vía telefónica contenidos en el Real Decreto 217/2008, en concreto la necesidad de confirmación escrita y las consecuencias de la falta de esta confirmación.

La Sala Primera del Tribunal Supremo –STS nº 639/2015, de 3 de diciembre de 2015, ponente el magistrado José Antonio Seijas Quintana-, en relación a la demanda interpuesta un grupo numeroso de perjudicados frente a las mercantiles “Uralita, SA” y “Uralita Sistemas de Tuberías, SA”, en ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños ocasionados a trabajadores y a familiares de estos producidos por el amianto, material empleado por las empresas demandadas ha estimado en parte el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por las entidades demandadas y ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer de esta demanda formulada por trabajadores y sucesores de los trabajadores ya fallecidos, al entender que su conocimiento corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional social. Únicamente estima competente a la jurisdicción civil para conocer de las reclamaciones que formularon tres perjudicadas, ya que en estos casos sufrieron los daños derivados del amianto como consecuencia de su exposición al manipular la ropa de trabajo de sus maridos, trabajadores de las fábricas de uralita de Getafe y Valdemoro y, en consecuencia, estas perjudicadas se sitúan al margen de relación laboral alguna.

Los cónyuges habían pactado la pensión en el convenio regulador en el momento de la separación, cuando el marido ya sabía que ella vivía con otra persona.

La Sala 1.ª del Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de diciembre de 2015, ha estimado en parte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en procedimiento de divorcio, en el que se plantearon dos cuestiones jurídicas relativas a la extinción de la pensión compensatoria, pactada por los cónyuges en el convenio regulador de la previa separación matrimonial, y la determinación del momento para solicitar la compensación económica prevista en el art. 1438 del Código Civil.

En el supuesto de hecho a que se refiere el presente recurso, los cónyuges firmaron convenio regulador de su separación en el que pactaron a favor de la esposa una pensión compensatoria por período de 10 años, finalizando en el año 2018. Antes y después del referido convenio la esposa convivía con otra persona, more uxorio, de la que estaba embarazada, circunstancia perfectamente conocida por el esposo.

La mujer también fue condenada a 10 años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a las niñas a menos de 200 metros y a comunicar con ellas por cualquier medio por el tiempo de diez años superiores a la penas de prisión, así como al pago de una indemnización de 50.000 euros por daños morales

El Tribunal Supremo ha confirmado en su sentencia de 4 de diciembre de 2015, la condena de 36 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Tenerife a una madre por abusar sexualmente de sus hijas, de 5 y 8 años de edad, y por grabar vídeos de contenido sexual y pornográfico de las menores que, después, enviaba por internet. La mujer también fue condenada a 10 años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a las niñas a menos de 200 metros y a comunicar con ellas por cualquier medio por el tiempo de diez años superiores a la penas de prisión, así como al pago de una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

El 7 de diciembre de 2005, la Comisión de las Comunidades Europeas recibió una solicitud de dispensa de pago, con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3), conocida como «comunicación sobre la clemencia de 2002», presentada por Deutsche Lufthansa y sus filiales, Lufthansa Cargo y Swiss International Air Lines. Según se exponía en dicha solicitud, se habían producido contactos contrarios a la competencia entre varias empresas activas en el mercado del transporte aéreo de mercancías entre otras cuestiones acerca del recargo por combustible y del recargo por seguridad (que se había introducido para hacer frente al coste de ciertas medidas de seguridad impuestas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001).

• TS. Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Prohibición de cobrar anticipos a cargo del consumidor antes de que concluya el plazo de desistimiento
• TS. El aprovechamiento por turnos de los bienes inmuebles. Nulidad por falta de objeto
• TS. El TS fija doctrina sobre el régimen visitas del menor cuyo progenitor ha sido condenado por maltrato en el ámbito doméstico
• TS. Cumplimiento de las solemnidades testamentarias referido al plano formal del juicio de capacidad realizado por el notario para otorgar testamento
• TS. Pensión compensatoria. Periodos de separación previos al divorcio determinantes de la inexistencia de desequilibrio económico
• TS. Alimentos. Modificación de medidas. Solicitud de extinción a hijo mayor de edad que convive con el otro progenitor y cursa estudios. Mínimo vital

• TS. El Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés
• TS. La parada de descanso del conductor queda cubierta por el seguro obligatorio
• TS. Tratamiento concursal de los créditos derivados de contratos de permuta financiera. Doctrina jurisprudencial
• TS. Marcas. Semejanza aplicativa. Prioridad y continuidad registrales. Extensión a otras clases del Nomenclator
• TJUE. Las operaciones de cambio que forman parte de determinados tipos de préstamos en divisas no constituyen un servicio de inversión
• TJUE. Libertad de establecimiento. Inspección Técnica de Vehículos. Ejecución por entidad privada. No ejercicio de poder público. Autorización previa. Distancia mínima entre estaciones de ITV. Cuota de mercado
• TGUE. Marca comunitaria. Ausencia de carácter distintivo. No adquisición por el uso. Solicitud de marca por un club de fútbol sobre la silueta de su escudo

• TS. El Tribunal Supremo confirma la multa a un colegio concertado de Almería por cobrar 20 euros por trimestre a las familias
• TS. El uso de pistolas de airsoft y paintball requiere estar en posesión de una tarjeta de armas
• TS. Anulación de la concesión de la nacionalidad española por falta de buena conducta cívica. Hechos posteriores a la resolución administrativa concediendo la nacionalidad
• TS. Proceso selectivo de funcionarios públicos. Pruebas médicas y posibilidad de prueba en contrario
• TS. Régimen electoral. Tiempo de presencia de las candidaturas en medios públicos. Criterios para su atribución  

• TS. El elemento subjetivo, intención de hacer sufrir de la agravante de ensañamiento.
• TS. Individualización penológica concurriendo simultáneamente una eximente incompleta y una agravante.
• TS. Preceptiva la asistencia letrada en el incidente de acumulación de condenas.
• TS. Presentación del escrito de conclusiones por el Ministerio Fiscal fuera de plazo.
• TS. Prueba ilícita. La confesión como ruptura del nexo de antijuridicidad.

Resolverá primero ocho casos que marcarán la pauta para los miles de recursos presentados ante la Sala Tercera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado crear una sección específica que tramitará en exclusiva los miles de recursos que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario al derecho comunitario el 27 de febrero de 2014 por vulnerar la Directiva sobre los Impuestos Especiales.