Jurisprudencia

La Sala de lo Civil explica que el necesario ajuste de las instituciones a la realidad social ha producido en la actualidad un cambio progresivo de esta cláusula

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aplica la cláusula rebus sic stantibus y ordena modificar el contrato de arrendamiento de un edificio hotelero en Valencia firmado por la cadena Accor con Residencia Ademuz el 25 de febrero de 1999 con una duración de 25 años.

La sentencia consolida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de algunas de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

En las reuniones de unificación de criterios celebradas en fecha 7 y 21 de noviembre de 2014 por la mayor parte de los Jueces Mercantiles de Madrid, once en total (con la participación posterior de los restantes), se ha tratado de adoptar unos criterios comunes sobre algunas de las cuestiones más conflictivas que pueden surgir en la aplicación de la Ley Concursal tras las reformas que han sido introducidas por las disposiciones aludidas en el título del presente documento.

El principio de efectividad se pondría en peligro si la carga de la prueba del incumplimiento de las obligaciones del prestamista recayera sobre el prestatario

Una Directiva de la Unión¹ impone al prestamista obligaciones de información y de explicación para que el prestatario pueda adoptar una decisión informada al suscribir un crédito. También obliga al prestamista a entregar al consumidor una ficha de información normalizada europea y a verificar la solvencia del consumidor.

• TS. Sociedades. Impugnación de acuerdos sociales. Aprobación de las cuentas anuales. Derecho de información. Imagen fiel del patrimonio. Pacto parasocial.
• TS. Concursal. Impugnación de lista de acreedores. Cuotas de un arrendamiento financiero devengadas con posterioridad a la declaración del concurso, declaradas crédito concursal.
• TS. Seguros. Responsabilidad civil derivada de circulación de vehículos. Derecho de repetición. Exclusión de la cobertura a conductor no autorizado menor de veintiséis años.
• TS. Cambiario. Excepciones personales. Cambiales libradas como parte del precio de vivienda en construcción, descontadas por el Banco. Resolución posterior de la compraventa con devolución de las cantidades entregadas.

• TS. Cuando un guardador de hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de los progenitores de los deberes de protección establecidos por las leyes respecto de la guarda de aquel, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo.
• TS. Cláusula Penal en contratos y su aplicación sin necesidad de probar los daños y perjuicios sufridos: función liquidadora.
• TS. Obligación de escuchar al mayor de doce años y al menor de esa edad que tenga suficiente juicio en proceso de custodia.
• TS. La servidumbre legal de luces y vistas no puede quedar coartado por un plan urbanístico o una licencia de obras.
• TS. Esencialidad pactada del incumplimiento contractual para que suponga la resolución del mismo.
• TS. Distancia de la plantación de árboles o arbusto cerca de heredad ajena.
• TS. Responsabilidad extracontractual. Imprudencia grave de la víctima. Inexistencia de nexo causal. Estándar de conducta exigible. Caída de un viajero entre dos vagones de metro. Ausencia de medidas de seguridad.
• TS. Vencimiento anticipado y resolución por impago de póliza de crédito. Oscuridad del clausulado. Falta de oposición en el proceso de ejecución de título no judicial. Cosa juzgada. Imposibilidad de su planteamiento en juicio ordinario posterior.
• TS. Sucesiones. Testamento ológrafo. Capacidad de testar. Autenticidad de letra y firma. Revocación parcial de testamento abierto anterior. Voluntad testamentaria de legar determinado inmueble.
• TJUE. Menores. Sustracción y ejecución de resoluciones sobre custodia. Traslado del menor de un Estado miembro a otro. Traslado o retención ilícitos. Residencia habitual del menor.

• TS. Competencia. Procedimiento sancionador. Duración del periodo de información reservada. Caducidad. Proporcionalidad. Tarifas abusivas. Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual.
• TS. Orden relativa al pago de peritajes judiciales a cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Limitación de honorarios de los peritos mediante baremos. Reserva de Ley. Libertad de empresa.
• TS. Infracción de la norma procedimental de revisión de los Planes Generales de Urbanismo.
• TS. A qué Administración corresponde en zona urbana la limpieza que podría denominarse “ordinaria” del cauce de un rio.
• AN. Nacionalidad. Denegación de su adquisición por residencia. Inicio del cómputo del plazo. Exclusión del tiempo de residencia posterior a la solicitud.
• STSJ. Plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de restauración de la legalidad urbanística alterada.
• TJUE. Métodos conforme a los cuales las autoridades nacionales pueden evaluar la credibilidad de la orientación homosexual de solicitantes de asilo.
• TJUE. Protección de datos de carácter personal. Concepto de «ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas». Instalación de cámara de vigilancia enfocando a la vía pública, en una vivienda particular.

• TS. Obligación de la libertad vigilada como medida postdelictiva en delitos sexuales.
• TS. Se requiere asistencia de letrado para que el detenido consienta la obtención de muestras de ADN.
• TS. Partícipe a título lucrativo de un delito.
• TS. Prevaricación por nombramiento ilegal de funcionario.
• TS. Agresión sexual que no subsume las lesiones ocasionadas a la víctima.
• TS. Legitimación del Ministerio público para recurrir con amparo en un derecho fundamental.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que en todo caso podría tratarse de una infracción disciplinaria

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid manifiesta que ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo, tal y como solicitaba el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el recurso contra el archivo de la querella criminal que presentó contra un letrado por formar parte de un proceso penal cuando estaba de baja en el Colegio.

No obstante, la Directiva permite tener en cuenta el interés legítimo de dicha persona en proteger sus bienes, salud y vida, así como los de su familia

La Directiva sobre protección de los datos personales¹ únicamente permite, en principio, tratar tales datos si la persona afectada ha dado su consentimiento. No obstante, la Directiva no se aplica al tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

El Sr. Ryneš y su familia habían sufrido reiteradas agresiones durante varios años por parte de un desconocido y, además, las ventanas de la vivienda familiar habían sido destrozadas varias veces. Para hacer frente a tales agresiones, el Sr. Ryneš instaló en la vivienda familiar un sistema de videocámara que filmaba imágenes de la entrada de la propia vivienda, de la vía pública y de la entrada a la vivienda situada enfrente.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veintiséis años, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.