Jurisprudencia

• Allanamiento de morada de segundas residencias y vacacionales
• No existe responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra los derechos de los trabajadores
• Abogado colegiado como ejerciente en el delito de deslealtad profesional
• Maltrato animal y el sacrificio de animales heridos

• Ha de existir relación de causalidad entre el incumplimiento de las obligaciones de asesoramiento financiero y el daño patrimonial sufrido a causa de la inversión
• El titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a su titularidad
• Interpretación del art. 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital sobre impugnación de acuerdos sociales con abuso de la mayoría
• El derecho de socio a participar en el reparto de las ganancias sociales

• Derecho a la propia imagen y su posible aplicación a la propia voz
• El requerimiento previo de pago es un acto de comunicación recepticio que exige la constancia de su recepción
• Inadmisión por extemporánea de solicitud de nulidad de actuaciones trascurridos más de dos años de la sentencia del TJUE en que se basa
• Tutela judicial efectiva sin indefensión. Acceso al recurso. Deber de recabar de oficio la designación de procurador

• Potestad de autoorganización de los municipios
• Sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía como cuantía indeterminada
• El TC accede a la medida cautelar de suspensión de la tramitación de las enmiendas modificativas de la LOTC y la LOPJ
• Legitimación de una orden religiosa para la impugnación de actos que afecten a un centro docente del que es titular

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que establece las consecuencias de la reforma del Código Penal que ha entrado hoy en vigor para los procesados en la causa declarados en rebeldía, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana, los exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republica de Catalunya, Marta Rovira.

• La exigencia de la buena fe para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso de acreedores
• Condición legal de consumidor del prestatario en préstamos de doble finalidad
• Facultad del juez del concurso de suspender la eficacia del convenio arbitral y compensación de créditos
• Competencia. Exhibición de las pruebas pertinentes en poder de la parte demandada o de un tercero que deban crearse ex novo

• Requisitos en la apreciación de la alevosía en el delito de asesinato
• Recurso de casación por el motivo de denegación de prueba
• Progresión en la clasificación penal de internos penitenciarios
• Investigación policial y la necesidad de contar con autorización del paciente o con autorización judicial para datos médicos

• Carácter ganancial de la indemnización por despido percibida durante la vigencia del régimen de gananciales
• La pensión de alimentos deberá pagarse desde la interposición de la demanda descontando lo abonado en medidas provisionales
• Extinción del contrato de arrendamiento de local de negocio anteriores a 1985
• Arrendamientos. Inconstitucionalidad del art. 2.1 a) y b) del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020

• Comunicaciones previas y suspensión del plazo para resolver una solicitud de actividad
• Garantías constitucionales del expropiado y el cobro del justiprecio
• La distancia de 500 metros de zonas pobladas del Reglamento de sanidad mortuoria no es aplicable a crematorios
• Sanción a colegios de abogados por recomendar precios mediante baremos de honorarios. Competencia de la CNMC

• Derecho de renuncia al letrado que le venía asistiendo y designar otro
• Renuncia a la acción civil en procedimiento penal y su revocación
• Proceso penal y valor documental de las actas levantadas por los cuerpos policiales e intervención de objetos
• Delito continuado de deslealtad profesional de abogado