Jurisprudencia

• Autorización de entrada en el domicilio acordada por el Juzgado de lo Contencioso al objeto de proceder al desahucio
• La suspensión del ejercicio de la profesión se considera de cuantía indeterminada susceptible de apelación
• Libertad religiosa. Derecho de los progenitores a decidir sobre la educación de los hijos. Audiencia del menor. Jurisdicción voluntaria
• Impugnación del Decreto-ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado hoy por mayoría la sentencia, cuya ponente ha sido la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, que desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por setenta y un diputados del Partido Popular, contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta Ley permitió, por primera vez en nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo por decisión libre de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, introduciendo el denominado “sistema de plazos”, vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Este sistema vino a sustituir al anterior de “indicaciones”, en que sólo se permitía en aquellos supuestos de riesgo para la vida o salud de la embarazada, violación, o probabilidad de que existieran en el feto graves taras físicas o psíquicas.

Recuerda que la carga de la prueba en estos casos es de quien sea designada heredera.

La Sala Civil del Tribunal Supremo, mediante sentencia de 19 de abril, ha anulado la desheredación de una hija por su padre por falta de pruebas de que se hubiera producido, por parte de ella hacia él, el maltrato físico o psíquico que el hombre dejó apuntado en su testamento, así como que la falta de relación entre ambos, que ella ha reconocido, fuese imputable a la hija.

• Injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
• Autoría de extraños, en delitos especiales como la malversación de caudales públicos
• Construcción de casetas y delitos contra la ordenación del territorio
• La continuidad delictiva en el delito de contrabando

• La prohibición de compensación del artículo 58 de la Ley Concursal
• La cobertura de defensa jurídica contratada para el caso de accidentes que pueda sufrir el asegurado es exigible en caso de fallecimiento por su viuda e hijos
• Préstamos hipotecarios multidivisa y nulidad de las cláusulas
• Difusión de una obra musical como música ambiental en transportes como acto de comunicación al público

• Derecho de reembolso del dinero privativo utilizado para pagar la vivienda ganancial
• Desahucio por expiración del plazo contractual
• Extinción de la pensión de alimentos por desafección del hijo respecto de su progenitor
• Mayorías necesarias para prohibir pisos turísticos en régimen de propiedad horizontal

• Revocación de actos de las administraciones públicas
• Principio de no regresión en materia de protección ambiental
• Constitucionalidad de la suspensión durante el estado de alarma de desahucios y lanzamientos
• Legitimación para recurrir cambios en nombres de calles en aplicación de la Ley de memoria histórica

• Acción civil en proceso penal y plazos de prescripción
• Prueba pericial e imposibilidad de ratificación de informes en juicio
• Penalidad aplicable a un delito continuado de hurto de acciones constitutivas de delitos leves y delitos menos graves
• Delimitación del delito de lesiones por rotura de fundas de dientes

• Riesgo y ventura en la contratación administrativa
• Comprobación de una declaración responsable o comunicación previa
• El Tribunal Constitucional rechaza la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 14/2019
• Los ucranianos pueden acogerse de forma inmediata y sin necesidad de previa solicitud al principio de no devolución

• Novación que elimina la cláusula suelo sin incluir una renuncia de acciones
• Valoración de las facturas como prueba de contrato mercantil
• Carácter usurario del interés remuneratorio pactado en las tarjetas revolving
• La Directiva 93/13 se opone a que el juez, tras declarar abusiva una cláusula, pueda colmar las lagunas originadas por la supresión