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El BOE del sábado 22 de junio publica la Orden PJC/621/2024, de 19 de junio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2024.

La convocatoria se rige por el derogado Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, de conformidad con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, según la cual, las pruebas de evaluación ya convocadas y las correspondientes a los cursos académicos 2022-2023 se celebrarán con arreglo al referido Real Decreto 775/2011.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto hasta el pasado 30 de marzo un total de 679 recursos de empresas que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio causado por el cierre de sus negocios durante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Hasta la fecha, todos los pronunciamientos del alto tribunal han sido desestimatorios, con argumentos comunes que la Sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del hotel Alhambra Palace. Este establecimiento solicitaba una indemnización de 417.000 euros por el perjuicio económico provocado por el cierre desde el inicio del confinamiento hasta el mes de junio de 2020.

Orden PJC/274/2024, de 23 de marzo (BOE de 26 de marzo), por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2024.

Esta convocatoria, no contiene limitación del número de plazas y la prueba es gratuita y será única e idéntica para todo el territorio español. El programa que rige la evaluación es el que figura en el anexo de la Orden mencionada.

Como requisitos para poder realizar la prueba, se precisa, estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de grado equivalente, con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía. Se debe haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión a la fecha en que se realice la prueba.

• El texto, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y decayó antes de su adopción final por la convocatoria de elecciones, comienza de nuevo su tramitación parlamentaria incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.
• Se trata de un proyecto de especial relevancia para el Ministerio de Economía, por lo que se le ha dado prioridad en estos primeros meses de Gobierno con el fin de que la Autoridad pueda constituirse lo antes posible.
• Con la creación de este organismo, los usuarios financieros podrán presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones de forma ágil, en un plazo máximo de 90 días, y gratuita.
• La creación la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas, que ampliaron el marco preventivo de apoyo a las familias.
• De hecho, el proyecto refuerza el papel de estos protocolos, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento.
• Se refuerza la inclusión financiera a través de la atención personalizada, tanto por la Autoridad, como por las entidades financieras, especialmente a personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.
• El texto incluye el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo.
• Se recoge, asimismo, el tipo de reclamaciones que podrán presentarse, que podrán tener o no contenido económico, incluyéndose las quejas por el incumplimiento de obligaciones de información o la apertura de cuentas de pago básicas.
• Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros.
• La Autoridad se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones a cada entidad y de las resueltas a favor del cliente.
• Asimismo, se refuerza el derecho de acceso a la cuenta de pago básica, dirigida especialmente a colectivos vulnerables, simplificando los procedimientos y documentación requerida.
• Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas bancarias para que su sencillez sea pareja a la de la apertura.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 27 de febrero, el proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.

Esta norma pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una atención de calidad, personalizada y accesible, siendo uno de sus objetivos reducir los tiempos de espera que las empresas ofrecen a las personas consumidoras cuando solicitan información o realizan reclamaciones.

Por ello, uno de los puntos más destacados de esta norma es que obligará a las empresas a garantizar que el 95% de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas, de media, en un plazo inferior a 3 minutos. Además, la ley reforzará el derecho a una atención personalizada, prohibiendo que las empresas atiendan a estas llamadas de forma exclusiva a través de contestadores automáticos. A partir de la entrada en vigor de esta norma, los clientes podrán solicitar hablar directamente con una persona, un operador especializado, en cualquier momento de la consulta o de la reclamación.

Conclusiones de la Abogada General en el asunto C-450/22 | Caixabank y otros (Control judicial de transparencia en una acción colectiva).

Ello es así incluso en el caso de una acción dirigida contra más de un centenar de instituciones financieras españolas.

Las cláusulas suelo eran cláusulas tipo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable celebrados con consumidores por un número considerable de entidades financieras en España. Estas cláusulas fijaban un umbral (o suelo) por debajo del cual no podía situarse el tipo de interés variable, aun cuando el tipo de referencia (generalmente el Euribor) fuera inferior a ese mínimo.