Artículos de Interés

Incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, por imposición comunitaria, las directivas de contratos, ha sido definitivamente aprobada una nueva Ley de Contratos del Sector Público, en la que encontramos novedades cuya razón de ser está en ese influjo que proviene de Europa. Se trata de incluir en la contratación pública por parte de las Administraciones públicas de manera trasversal criterios sociales y medioambientales. Estos deben guardar relación con el objeto del contrato y tratar de hacer realidad el principio de la eficiencia en el uso y asignación de los fondos públicos. Con este objetivo se encuentran realidades, analizadas en este trabajo, como son la subrogación o la subcontratación, figuras que obligan a respetar meticulosamente los requisitos y exigencias normativas para evitar diversas figuras de fraude en su uso. Se trata, pues, de una nueva contratación integral en la que entran en juego las distintas realidades de nuestro Estado social en todas sus manifestaciones, lo que también nos obliga a delimitar el orden jurisdiccional competente en cada caso.

Palabras claves: subrogación; subcontratación; criterios sociales; contratación pública integral.

Las monedas virtuales pueden servir, entre otras funciones, como instrumento de pago, por lo que pueden formar parte de transacciones comerciales. Este tipo de medio de pago carece de soporte físico y está fuera de cualquier proceso de regulación de carácter público, lo que puede suponer un mecanismo de evasión o blanqueo de capitales. Asimismo, son objeto de transacciones económicas que quedarían al margen del control fiscal estatal, de ahí la necesidad de buscar un marco propio normativo o regulatorio de las mismas. Si bien existen distintos tipos, es la bitcoin una de las más populares a escala mundial.

El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de un análisis crítico de las sentencias relativas al «caso Prestige», una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de España, de la cual han transcurrido recientemente 15 años. La cantidad de empresas implicadas y la ausencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el momento de los hechos en España, unida a la magnitud del impacto, difícil de asimilar para nuestros tribunales, configuran un caso muy complejo (se trata de la causa con mayor volumen de documentos de España hasta el momento), lo que determina la idoneidad de su análisis.

Palabras claves: responsabilidad penal de las personas jurídicas; medio ambiente; impunidad; Prestige.

Con el presente trabajo se realiza una investigación detallada de la incidencia de las nuevas tecnologías en el derecho al honor, intimidad y propia imagen de personas físicas y jurídicas, y en concreto, de la inoperancia del apartado tercero del artículo 525 de la Lec en la actualidad. Para ello, resulta imprescindible estudiar los orígenes del artículo 525.3 de la LEC y las consecuencias que hoy en día genera la aplicación de tal disposición en relación con la globalización de las TIC. Además, se analizan los diversos criterios que adoptan los tribunales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de España y Audiencias Provinciales) sobre la valoración del daño moral que sufre tanto la persona física como la empresa, mostrando nuestra propia visión sobre el problema planteado atendiendo a la línea seguida por los tribunales ingleses.
Finalmente, se realizan una serie de conclusiones críticas y valorativas sobre los diversos puntos tratados en el transcurso de la investigación.

Palabras claves: tecnologías de la información y la comunicación; ejecución provisional; daño moral; honor; intimidad; propia imagen; red social; página web.

La proliferación de códigos de conducta que en la actualidad están siendo aprobados por multitud de instituciones empresariales pertenecientes a los más diversos sectores, mucho más allá del sector publicitario, pionero en la implantación de los sistemas de autorregulación, implica que nos planteemos su repercusión en el Mercado. En efecto, esta situación, que supone un complemento de la regulación para aquellos operadores económicos que voluntariamente se adhieren a los sistemas de autorregulación comprometiéndose a cumplir las normas establecidas en los respectivos códigos de conducta, conlleva unos efectos directos sobre la competencia que deben estar previstos y regulados por el ordenamiento jurídico. Si bien nuestra actual Ley de Competencia Desleal prevé ya ciertos supuestos relacionados con códigos de conducta desde la reforma llevada a cabo en el año 2009, basados fundamentalmente en el acto de engaño, la casuística que se plantea ahora podría suponer que quedaran impunes ciertos comportamientos desleales, lo cual entraría en contradicción con la voluntad decidida del legislador europeo y nacional de fomentar estos sistemas de autorregulación. En el presente trabajo se analiza la eficacia de las actuales previsiones de la ley en la materia, proponiendo una nueva interpretación, para la cual se parte de la función diferenciadora de los sistemas de autorregulación, como elementos inmateriales distintivos del empresario que voluntariamente se adhiere al código de conducta, de manera que tanto su indebida utilización como su incumplimiento tendrían cabida dentro de otros supuestos distintos del acto de engaño, como pueden ser la violación de normas o los actos de explotación de la reputación ajena.

Palabras claves: autorregulación; código de conducta; competencia desleal; explotación de la reputación ajena; acto de engaño; práctica comercial engañosa.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, constituye uno de los más decididos remedios del legislador para proteger, a través de vías procesales rápidas, el derecho de propiedad privada frente al fenómeno «okupa», en un intento de sortear la actual saturación que experimenta la Administración de Justicia, al tiempo que de facilitar a las Administraciones públicas competentes la puesta en práctica de programas de coordinación orientadas a proveer de vivienda a las personas y familias en riesgo de exclusión residencial, que han sido objeto de desalojo.

Palabras claves: vivienda; ocupación ilegal; okupas; juicio verbal.

Tras la resolución del Banco Popular en el mes de junio de 2017 –que constituyó la primera resolución instrumentada a través de los mecanismos de la Unión Bancaria europea– se han generado numerosos litigios tanto a nivel nacional como europeo que plantean diversas cuestiones de interés. El presente artículo analiza, a la luz de la jurisprudencia de los tribunales europeos y sin entrar en el fondo de la citada operación, determinadas cuestiones procesales que delimitan la legitimación de los demandantes que instan un proceso de anulación previsto en el Derecho de la Unión Europea.

La figura de la titulización ha sido utilizada principalmente por las entidades financieras como fuente de financiación. A pesar de que tiene como objetivo, entre otros, facilitar el acceso al crédito de las mismas, en los últimos años esta estructura ha estado sometida a crítica y ha sido objeto de debate por su asociación con la crisis financiera que se inició en 2007. Fue entonces cuando este instrumento se hizo visible al público en general, dejando de ser exclusividad del mercado profesional. A raíz de esta visibilidad se han ido planteado una serie de cuestiones que necesitan ser concretadas para evitar una situación de inseguridad jurídica. Entre ellas se encuentra el objeto de este estudio, esto es, el cuestionamiento de la legitimación activa de las entidades financieras para instar la ejecución de la garantía hipotecaria de préstamos o créditos que hayan sido titulizados. Por ello el presente documento pretende llegar a una conclusión razonada sobre la discusión mediante el análisis de la problemática general, de la naturaleza y características de diversas figuras implicadas, y el desarrollo de las distintas interpretaciones, así como su situación actual, tanto legal como judicial, doctrinal y jurisprudencial.

Palabras claves: titulización; legitimación activa; figura jurídica; participaciones hipotecarias; ejecución hipotecaria.

Análisis de la intervención de los autores de un delito de contenido económico bajo la teoría del dominio del hecho y la responsabilidad penal que asumen estas personas que son los auténticos responsables del delito para evitar su impunidad.

Palabras claves: delitos económicos; teoría del dominio del hecho; autoría y complicidad.

El presente trabajo utiliza el símil médico para repasar la desvertebración de nuestra función pública, tradicionalmente organizada en torno al «cuerpo», que determinaba la retribución y la carrera profesional del funcionariado. La «metástasis» o propagación de los cuerpos especiales ocasionó unas «patologías» que pugnaban contra el interés público. La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 apostó por «extirpar», sin intentar curar sus «males», la institución del «cuerpo», elevando el «puesto de trabajo» a la categoría de «anticuerpo» determinante de la retribución y de la carrera administrativa. El vigente Estatuto Básico del Empleado Público potencia la misma «terapia», mermando la objetividad e imparcialidad del funcionariado de «carrera», que pasará a serlo de «empleo», y –al igual que el funcionariado interino– sin «cuerpo».

Palabras claves: carrera; cuerpo; puesto; personal funcionario.