Artículos de Derecho Penal

La STS 471/2018 analiza la figura del desistimiento voluntario en el delito de estafa procesal por parte de un coautor que no acudió el día del juicio. Sin embargo, pone de manifiesto que se trataba de un sujeto con dominio funcional del acontecer típico, con pleno conocimiento del plan defraudatorio. El Tribunal Supremo resuelve que el hecho de no acudir a la vista no implica una conducta voluntaria y activa que conlleve la aplicación de la excusa absolutoria, por lo que confirma la sentencia recurrida. Además, el Alto Tribunal rechaza que se deba atender a la clasificación de la tentativa acabada o inacabada a la hora de rebajar la pena en uno o dos grados, sino que deben valorarse el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado.

Palabras claves: clave: desistimiento; estafa procesal; tentativa.

El presente trabajo analiza el delito de enaltecimiento del terrorismo, atendiendo a su regulación legal y aplicación jurisprudencial. La casuística del delito, cada vez más amplia, ha suscitado numerosas críticas doctrinales por su compatibilidad con la libertad de expresión y los principios del Derecho penal. Tras analizar los elementos y fenomenología del delito, se concluye que no debe mantenerse en un Código Penal propio de un Estado democrático.

Palabras claves: enaltecimiento del terrorismo; ETA; Dáesh; Strawberry; Hasel.

Análisis sobre el deber de secreto y la obligación de confidencialidad que tienen los abogados para con respecto al cliente en cuanto al deber de guardar secreto de lo que conocen por el ejercicio de su actividad. Alcance real del artículo 199.2 del CP en cuanto al delito de descubrimiento y revelación de secretos. La protección de datos del cliente del abogado.

Palabras claves: abogado; secreto profesional; confidencialidad.

La regulación sobre el uso del cannabis y los clubs o asociaciones de cannabis en España viene definida además de por los tratados internacionales suscritos y ratificados, la normativa comunitaria de la Unión Europea y la normativa estatal, por el desarrollo legislativo en algunas cuestiones relacionadas con esta materia realizado por las comunidades autónomas dentro de sus competencias. Esta realidad jurídica conlleva una importante confusión normativa, que genera cada vez más inseguridad jurídica sobre el uso del cannabis y sus derivados dentro de la legalidad, acrecentada por distintas resoluciones judiciales, que también podrían considerarse contradictorias entre sí.

El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de un análisis crítico de las sentencias relativas al «caso Prestige», una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de España, de la cual han transcurrido recientemente 15 años. La cantidad de empresas implicadas y la ausencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el momento de los hechos en España, unida a la magnitud del impacto, difícil de asimilar para nuestros tribunales, configuran un caso muy complejo (se trata de la causa con mayor volumen de documentos de España hasta el momento), lo que determina la idoneidad de su análisis.

Palabras claves: responsabilidad penal de las personas jurídicas; medio ambiente; impunidad; Prestige.

Análisis de la intervención de los autores de un delito de contenido económico bajo la teoría del dominio del hecho y la responsabilidad penal que asumen estas personas que son los auténticos responsables del delito para evitar su impunidad.

Palabras claves: delitos económicos; teoría del dominio del hecho; autoría y complicidad.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril).
El Código Penal castiga aquellas conductas en las que de modo intencionado y con ánimo de obtener un beneficio se atenta contra el contenido patrimonial de los derechos que recaen sobre la propiedad intelectual. Su regulación viene establecida en los artículos del 270 a 272 del Código Penal.
En buena parte, las modificaciones establecidas por la reforma del Código Penal, Ley 1/2015, respecto al capítulo XI, vienen ocasionadas por las nuevas tecnologías que se han utilizado para cometer ilícitos en el campo de la cultura o de la industria, divulgando, sin autorización de sus legítimos propietarios, obras consecuencia del trabajo intelectual humano, obteniendo por ello un beneficio de carácter lucrativo.
La reforma del Código Penal en este ámbito del delito ha sido, de hecho, una puesta al día del citado código para incluir en la tutela judicial aquellas nuevas modalidades de cometer ilícitos y, cómo no, para dar satisfacción a una larga y ya urgente presión de los afectados (víctimas) para que se controlaran, castigaran y evitaran las prácticas que comportaban dichos ilícitos. Esta nueva regulación, en su propósito de satisfacer los intereses de los colectivos afectados, ha generado la tipificación de determinadas conductas que podríamos calificar de preparatorias o anticipatorias a la comisión del delito en sí mismo.

El Derecho alimentario es una disciplina jurídica relativamente joven, aunque las normas alimentarias sean tan antiguas como la humanidad misma. Esta rama del Derecho estudia las normas jurídicas y principios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. La seguridad alimentaria es un aspecto principal en la economía actual. Su concepto es amplio e interdisciplinar, razón por la cual adolece de una gran imprecisión en su definición. Esta es una de las principales dificultades con que se encuentra el legislador español, quien en su última intervención ha establecido un derecho a la seguridad alimentaria, referido especialmente a su aspecto sanitario así como a numerosos mecanismos de control de los alimentos, sin haber llegado por esta vía a garantizar suficientemente el reto que el reconocimiento de este derecho supone. En el ámbito del derecho penal, el sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance.

El presente artículo tiene por objeto el tratamiento del secreto a las comunicaciones como derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en el Derecho Comparado, como derecho que tutela la protección de la intimidad y el respeto a la vida privada, personal y familiar, configurándose como garantía de la libertad individual, reseñando asimismo los presupuestos legales y materiales para llevar a cabo la intervención judicial de las comunicaciones telefónicas, con especial referencia a su regulación en la Ley General de Telecomunicaciones, el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley General Penitenciaria, así como las excepciones a la previa resolución judicial recogidas en nuestra Constitución.