Artículos de Derecho Penal

El asunto que tratamos atañe al proceso de construcción europea y versa sobre una circunstancia concreta que atenaza la colaboración directa entre autoridades judiciales europeas, en concreto, sobre la euroorden cursada por el juez instructor del Tribunal Supremo español en el conocido como «caso Puigdemont» y sus aristas. Se dedican estas líneas a la –digamos– azarosa deriva del caso citado en el actual contexto jurídico de la Unión Europea. Sin entrar en los pormenores, adelantamos que este asunto y sus concomitancias ha interferido considerablemente en la dinámica del poder judicial español, al pronunciarse los jueces receptores de las euroórdenes aludidas sobre resultancias fácticas, probatorias y argumentales de las que hay dudas de que puedan disponer o conocer, impidiendo al juez instructor español culminar la instrucción y al Tribunal Supremo ejercer su plena función jurisdiccional. La euroorden es instrumento de importancia en las relaciones entre Estados de la Unión, y cuya vigencia podría quedar en entredicho, tanto como los principios que lo informan y sus derivadas en la integración jurídica europea.

Palabras claves: euroorden; cooperación judicial; reconocimiento mutuo; integración europea; tutela de derechos.

Se analizan los delitos de la defraudación a la Seguridad Social del artículo 307 del CP, fraude de prestaciones de la Seguridad Social del artículo 307 ter del CP, y del fraude de subvenciones del artículo 308 del CP, como una de las corruptelas existentes en el título XIV del libro II del CP en cuanto a la actividad de personas que, lejos de llevar una conducta ordenada en cuanto a las subvenciones y ayudas que se reciben de la Administración pública, las dirigen a otros objetivos distintos, así como los que no cumplen con la Seguridad Social en sus obligaciones contributivas respecto de los trabajadores que con aquellos trabajan.

Palabras claves: fraude de prestaciones; Seguridad Social; defraudación.

El delito contable constituye un tipo penal con distintas modalidades delictivas, y a su vez se ubica en el específico capítulo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública. Con el presente trabajo se trata de analizar los elementos penales de esta infracción penal en toda su extensión, con una aportación doctrinal, jurisprudencial y personal; ofreciendo criterios de interpretación del precepto así como algunos problemas casuísticos que se han planteado a lo largo de los últimos años.

Palabras claves: delito contable; concurso de delitos; contabilidades distintas; libros obligatorios.

Las pruebas de ADN han sido desde hace tiempo (décadas) objeto de preocupación y controversia, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, habida cuenta, por un lado, de la importancia in crescendo de este instrumento para la investigación delictiva y, por otro lado, de la parquedad legislativa existente y los problemas que tal situación planteaba en la práctica. Ahora, en el texto del anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal de 2020, que pretende una reforma integral de la norma procesal penal española, se contempla una regulación en buena medida sistematizada, que pretende dar respuesta a diferentes lagunas y cuestiones dudosas en la praxis, si bien presenta ventajas a la par que desventajas, extremos en los que precisamente concentraremos nuestra atención en el presente trabajo, que desarrollaremos desde un enfoque de análisis crítico.

Palabras claves: prueba de ADN; proceso penal; anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal; perspectiva crítica.

En este trabajo comentamos la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo núm. 256/2020, en la que se condenó por apropiación indebida a una procuradora que retuvo las cantidades derivadas de dos procedimientos judiciales, que había recibido a nombre de la misma sociedad mercantil. La recurrente alegó que la empresa a la que representaba le adeudaba una serie de honorarios profesionales, por lo que ella decidió no restituir los importes percibidos hasta que se procediese a la liquidación correspondiente. Aquí atendemos a los argumentos expuestos por el Alto Tribunal a propósito del momento de consumación del delito, de la existencia del animus rem sibi habendi, y sobre el derecho de retención.

Palabras claves: apropiación indebida; procurador; honorarios profesionales; animus rem sibi habendi; derecho de retención.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo por vez primera en la Ley Orgánica 5/2010. En concreto, en el artículo 31 bis del Código Penal.
El legislador previó la responsabilidad penal, directa e independiente, de las personas jurídicas respecto de los propios administradores o directivos de la sociedad.
La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal vino a solventar las lagunas legales sobre la forma en la que las personas jurídicas debían intervenir en el proceso penal, derivadas de las modificaciones que la Ley Orgánica 5/2010 introdujo en el Código Penal.
Ya en el mes de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, última reforma del Código Penal, cuya regulación es la que se expone en este artículo.

Palabras claves: responsabilidad penal; empresa; administrador.

La modificación de los denominados smart contracts –«contratos» que se formalizan en el código de un blockchain– supone que, por su mecánica de funcionamiento en la cadena de bloques que los configura como «autoejecutables», en el caso de que se produzca una alteración fraudulenta de los mismos que derive una transmisión patrimonial, esta modificación sea difícilmente corregible, aunque sea detectable para las partes. El ejemplo paradigmático fue el conflicto de The DAO, en la que una parte los miembros de la red aceptaba el fraude por no infringir los principios de no intervención y modificación del código. El objetivo de este análisis es la determinación de las posibles consecuencias jurídicas que nacen en torno a este tipo de situaciones.

Palabras claves: criptodivisas; Ethereum; smart contracts; DAO.

Este comentario de la llamada Sentencia del Procés (STS 459/2019, de 14 de octubre) tiene como principal propósito analizar jurídicamente la parte que podemos considerar más «constitucionalista» de la sentencia, sin entrar por tanto en el estudio más «penalista» relativo a si los hechos juzgados constituían delito de rebelión o de sedición.
La parte «constitucionalista» de la sentencia es tan importante como profusa. Nos referimos a las casi doscientas páginas de la fundamentación jurídica en las que la Sala II del Tribunal Supremo responde, con una prolija y cuidada argumentación, a las numerosas alegaciones de las defensas sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los procesados. Esta parte de la fundamentación jurídica es especialmente importante porque a nadie se le escapa la más que previsible impugnación en amparo de la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, en caso de que este no admita el amparo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es también una parte especialmente extensa en términos comparativos con el resto de la fundamentación jurídica de la resolución, consecuencia de los muchos derechos invocados por las defensas. Por ello, y a fin de no desbordar las dimensiones de este trabajo, nuestro comentario se referirá a todos los derechos invocados por los procesados, si bien se detendrá de forma algo más pormenorizada solo en algunos, destacando entre ellos el llamado «derecho a decidir».

Palabras claves: Sentencia del Procés; derecho a decidir; referéndum de autodeterminación.

El presente trabajo analiza la posible calificación jurídica del caso Magrudis que ha generado una especial alarma en España en los últimos meses. La intoxicación de 216 personas que habían consumido el producto cárnico infectado por la bacteria Lysteria monocytogeneses resultó en tres muertes y siete abortos. Se analizan los delitos contra la seguridad alimenticia, la concurrencia de dolo o imprudencia, la posible calificación jurídica de los hechos, y también la posibilidad de apreciar que se trate de un curso causal no verificable, en comparación con lo que sucedió en el caso de la colza.

Palabras claves: Magrudis; delitos contra la seguridad alimenticia; salud pública; imprudencia; causa.