Jurisprudencia

La Sala Tercera rechaza los recursos de casación interpuestos por el Consejo General del Notariado y el abogado del Estado, que defendió en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario público que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber genérico de controlar todos los documentos por él autorizados

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de marzo de 2016, ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios por falta de habilitación legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorización de los préstamos hipotecarios o la inscripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan con la legalidad vigente.

La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que dé cobertura a las previsiones recogidas en la mencionada Orden que no sólo otorga la función de control notarial, sino que además establece que la decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La exclusión de hijos extramatrimoniales en la carta de concesión de título nobiliario no afecta al principio constitucional de igualdad por la propia naturaleza de las distinciones nobiliarias.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, en una sentencia de 8 de marzo de 2016, cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Salas Carceller, ha estimado los recursos de casación interpuestos por los demandados en un caso de conflicto en la sucesión de un título nobiliario cuya carta de concesión ordenaba la sucesión exclusivamente a favor de los hijos y descendientes de legítimo matrimonio.

La mujer, que destacó en su recurso al Supremo que su caso era el primero en España que declaraba el derecho de una menor a percibir pensión de alimentos de sus cuatro abuelos, alegaba que también debían tener cabida en dicha acción los gastos extraordinarios, en concreto las clases de música y de apoyo de su hija

El Supremo en sentencia de 2 de marzo de 2016, rechaza que los abuelos tengan obligación de pagar los gastos extraordinarios de una nieta por la insolvencia de sus padres. La Sala Civil rechaza el recurso de una madre que pretendía que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensión de alimentos de esa nieta, deban pagar además sus clases de música y otros gastos extraordinarios.

El Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid “realizar los actos necesarios para proceder” a la devolución inmediata del archivo requisado en 1939 al geógrafo Gonzalo de Reparaz en su domicilio de Madrid por la Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos creada por el régimen franquista.

La Sala III, en una sentencia de 2 de marzo de 2016, de la que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, estima el recurso de la nieta de Reparaz y anula las resoluciones de la Viceconsejería de Cultura de la Comunidad madrileña y del Ministerio de Cultura que desestimaron su petición de devolución de los documentos y libros requisados a su abuelo, reconociendo el derecho de la recurrente a la devolución de su archivo familiar. De la “entrega inmediata” debe ocuparse la Comunidad de Madrid.

El Supremo da la razón a María del Carmen Reparaz Zamora en el sentido de que el silencio administrativo dado por la Comunidad de Madrid a su petición tenía carácter positivo y no negativo, es decir, que suponía conceder lo solicitado. La Comunidad alegó que el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, que reguló el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, establecía que el silencio administrativo a las peticiones era negativo: si en cuatro meses no se contestaba al interesado, éste debía entender desestimada su solicitud.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en providencia de 1 de marzo de 2016, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

La sentencia del alto tribunal precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada.

La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o ‘keywords’ en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica. La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

• TSJ. Sanción de caza por participar en batidas  ilegales en terrenos vedados
• TSJ. Lenguas cooficiales. Instrucciones lingüísticas sobre atención al público en la administración autonómica catalana. Naturaleza jurídica. Legitimación activa 
• TS. Impugnación de una resolución presunta desestimatoria estimada parcialmente mientras se sustancia el recurso
• TS. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Invocación de sentencias posteriores a la impugnada
• TS. Sector eléctrico. Impugnación del Real Decreto 216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
• TS. Urbanismo. PORN del Cabo de Gata. Sector «El Algarrobico»

• TS. Contratos bancarios. Nulidad por error vicio del consentimiento
• AP. Plazo de ejercicio de la acción rescisoria en el concurso de acreedores
• AP. Calificación del concurso de acreedores  como culpable
• JM. Propiedad intelectual. Plagio. Trabajo Fin de Master. Estructura. Originalidad. Obras científicas. Labor de equipo. Recopilación de datos. Indemnización. Daño moral 
• TGUE. Marca comunitaria tridimensional. Carácter distintivo. Adquisición por el uso. Percepción del consumidor medio. Nueva botella de Coca-Cola, distinta de su botella tradicional

• TS. Comunidad hereditaria. Acción de regulación del uso de vivienda común entre los comuneros. Utilización por turnos
• TS. Error obstativo y su distinción con el error vicio en un contrato de compraventa
• TS. Orden de los apellidos del menor en caso de desacuerdo de los progenitores
• TS. Procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón de su régimen económico matrimonial tras la disolución de este
• TS. La custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si hay desproporción en los ingresos de los padres
• TJUE. Copropiedad indivisa de inmuebles. Disolución de la comunidad por venta. Derechos reales sobre los inmuebles. Nombramiento de fideicomisario para efectuar la venta. Competencia judicial 

• TS. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su derecho de defensa por persona física, también acusada, en el mismo procedimiento
• TS. Se avala a efectos de prueba lícita el acceso de los padres a las cuentas de Facebook de sus hijos para evitar el ciberacoso
• AN. La Audiencia Nacional no ve delito en la pitada al himno en la final de Copa del Rey
• TS. Estafa por sacar dinero de una cuenta bancaria donde solo estaba autorizado una vez fallecido el titular
• TS. Régimen de responsabilidad civil en relación con el delito de apropiación indebida y la excusa absolutoria por parentesco
• TS. Clubs sociales de cannabis. El cultivo compartido no es consumo compartido