Casos Prácticos Derecho Administrativo

Este caso se plantea en relación a distintas controversias jurídicas y presupuestarias concurrentes en un Ayuntamiento. En primer lugar, ante la municipalización de un servicio público, se plantea la situación de los trabajadores fijos y temporales que tenían contrato con la empresa. En 2º lugar, se plantea la admisibilidad de la implantación de un sistema de video actas que sustituya la redacción en papel del acta de las sesiones del pleno municipal. En tercer lugar, la obligación de informe, en su caso, del Secretario Interventor en el asunto citado anteriormente y las consecuencias de su omisión, en su caso. En cuarto lugar, un supuesto de gastos plurianuales y, finalmente, si el Alcalde puede ser, a la vez, Presidente de una Mesa de Contratación y el Órgano de Contratación en un mismo contrato.

Procedimiento sancionador del régimen electoral y Deber de neutralidad política de los órganos administrativos en el curso de una campaña electoral.

En este supuesto práctico se plantean diversas cuestiones referentes a la aprobación de una Ordenanza municipal tales como la omisión del trámite de información pública con carácter previo; del informe de calidad normativa y de los informes de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma respectiva o la realización de alegaciones por concejales en el trámite de información pública. Tras la aprobación, previo empate en la primera y renuncia del voto de calidad del Alcalde en la segunda, y remisión del acuerdo a la Comunidad Autónoma, éste hizo un requerimiento para ampliación de información que no fue contestado; finalmente, se plantearon dos recursos contenciosos administrativos por una asociación de transportistas y por el Estado y la referida Comunidad Autónoma contra diversos preceptos de la Ordenanza al considerarse contrarios al Ordenamiento Jurídico, planteándose en el mismo la legitimación de los recurrentes y la extemporaneidad o no de los recursos.

El presente supuesto plantea distintas cuestiones jurídicas derivadas de un expediente disciplinario incoado al Presidente de una Comunidad Autónoma por presunta infracción de la Ley Orgánica General Electoral cometida, tras la disolución del Congreso de los Diputados, al remitir una carta, en su condición de Presidente, a través de un medio oficial, solicitando el voto para su partido lo cual suponía una presunta vulneración del principio de neutralidad política de los Poderes Públicos.
Las vicisitudes jurídicas a las que se responde son derivadas del procedimiento incoado tales, como la recusación de miembros de la JEC, la competencia de esta para sancionar, la libertad de expresión, la vulneración del principio de igualdad del art.14 CE o la desproporción en la sanción impuesta, entre otras.

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.

El caso se plantea en torno a diferentes problemas relacionados con un Ayuntamiento tales como, la negativa de la Alcaldesa de convocar un pleno ordinario afirmando que no hay temas que tratar; la grabación de un Pleno y el intento de difusión posterior por Internet; el ajuste a derecho de notificación de un acto; la compatibilidad del pago por licencia de obras y el impuesto de edificación en una calle; el ajuste a derecho de la asistencia a una Comisión Informativa de un médico nombrado miembro honorífico del Ayuntamiento que había sido concejal de la Corporación mucho tiempo y, finalmente, cuestiones derivadas de un contrato de obras (posibilidad de variantes en las ofertas; inadmisión de un recurso y la modificación del contrato acordada por la Administración con oposición del contratista).

Plantea el presente caso práctico preguntas referidas a dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, el derecho de información de unos parlamentarios del Congreso sobre ciertos gastos de personal recogidos en los Presupuestos Generales del Estado; el órgano competente para resolver la misma; normativa aplicable y recurso contencioso interpuesto frente a la contestación, entre otras cuestiones y, por otra parte, si se vulneró el derecho a la integridad moral reconocido en el art.15 de la Constitución de una funcionaria que fue trasladada a un departamento administrativo dirigido por una persona que fue denunciada por presunto delito de falsedad documental por aquella cuando se encontraba en anterior destino, cuyo Jefe de Área era aquél y, posteriormente, se la destina al mismo Departamento, que ahora dirige el denunciado y condenado.

Este supuesto plantea diversas cuestiones, en primer lugar, relativas a un procedimiento sancionador, en concreto, respecto a si el denunciante puede ser interesado y sobre si se produjo la caducidad o no del procedimiento y, en segundo lugar, en relación a un contrato de servicios docentes planteándose, entre otras, interrogantes respecto a su naturaleza, requisitos para ser contratista, modificación, subcontratación, publicidad, aplicación del resto de normas relativas a los contratos administrativos, si es preciso nombrar a un responsable del contrato, si debe expedir factura quien imparte el curso o si se aplican las reglas sobre incompatibilidad.

Este supuesto nos plantea distintas cuestiones jurídicas que tienen que ver con problemas planteados, en primer lugar, con un procedimiento de deslinde puesto en marcha por un ayuntamiento; en segundo lugar, la posibilidad de transformación de un ente público institucional en otra modalidad; en tercer lugar, el ajuste a derecho de la creación de comisiones especial de asesoramiento y de la contratación de una persona, que es concejal, con la condición de laboral y, finalmente, la concurrencia de una posible causa de prohibición para contratar en la enajenación de un bien patrimonial y el ajuste a derecho de la adjudicación del bien en razón a la persona compradora.

El presente supuesto práctico gira en torno a cuestiones jurídicas derivadas, en primer lugar, del ajuste a derecho de la decisión de una alcaldesa de un ayuntamiento para realizar dos contratos menores de obras consistente en perforación y sondeos en diferentes partes de un mismo parque público y con igual finalidad, por un valor estimado de 39.999 €, respectivamente. En segundo lugar, se plantea si la ayuda prestada por la comunidad autónoma a ese ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvención sujeta a las prescripciones de la Ley 38/2008, General de Subvenciones y, si es así, el posible incumplimiento por parte de la corporación respecto a las obligaciones a que se comprometió. Finalmente, en tercer lugar, la alcaldesa solicita informe al secretario de la corporación sobre si es posible por parte del ayuntamiento minorar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las personas físicas empadronadas en el municipio articulándose mediante un sistema de subvenciones.