Contrato administrativo de concesión de servicios y responsabilidad patrimonial del Estado-legislador. Devolución de lo pagado

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.