Artículos de Interés

En el presente trabajo se estudia el marco normativo del contrato de servicios jurídicos y su relación con las normas deontológicas de la abogacía como posible argumentación jurídica para justificar la no consideración de dichos servicios como objeto de un contrato público. Realiza una reflexión jurídica sobre la inadecuada transposición de la Directiva 2014/24/UE al ordenamiento interno mediante la actual Ley de Contratos del Sector Público, siempre en relación con el contrato de servicios jurídicos cuando es prestado por abogado.

Palabras claves: contrato; abogado; transposición; servicios; administrativo.

El contrato de reserva de alojamiento en régimen de contingente es un contrato entre una agencia de viajes y un hotelero por el cual el hotelero pone a disposición de la agencia de viajes un número acordado de plazas hoteleras (contingente) durante un periodo de tiempo determinado. La agencia de viajes se obliga a comercializar las plazas en el mercado, incluyéndolas en sus viajes combinados. Una vez que se hayan contratado los viajes combinados, el operador turístico entregará las listas de alojamiento (rooming lists) al hotelero, pagando por las plazas finalmente ocupadas, hasta que llegue la fecha acordada de liberación (release). A partir de ese momento, el resto de las habitaciones estarán nuevamente a disposición del hotelero. En este artículo, analizamos las obligaciones de las partes teniendo en cuenta: la relación de estos acuerdos con los viajes combinados, su analogía con el contrato de agencia, sus cláusulas habituales y cómo la jurisprudencia española ha abordado los incumplimientos de estos contratos.

Palabras claves: contingente; reserva; hotel; agencia de viajes; viaje combinado.

Los contratos inteligentes –smart contracts– son redacciones en forma de código informático que persiguen la automatización plena de las relaciones contractuales. Pese al interés despertado, solo Francia y Estados Unidos han comenzado a regular la figura. No obstante, la libertad de forma consagrada en nuestro Código Civil implica que si reúnen los requisitos generales de los contratos, los smart contracts pueden considerarse acuerdos electrónicos legalmente vinculantes. La figura presenta importantes particularidades, especialmente en sede de consentimiento, ejecución y materia probatoria. El régimen jurídico general permite alcanzar soluciones satisfactorias, pero es preciso que el legislador asuma la regulación de esta figura disruptiva (responsabilidad por daños o su uso como medio de prueba, entre otras) y fomente buenas prácticas que prevengan problemáticas derivadas de su utilización.

Palabras claves: smart contracts; blockchain; legalidad; civil; mercantil.

El presente trabajo analiza la posible calificación jurídica del caso Magrudis que ha generado una especial alarma en España en los últimos meses. La intoxicación de 216 personas que habían consumido el producto cárnico infectado por la bacteria Lysteria monocytogeneses resultó en tres muertes y siete abortos. Se analizan los delitos contra la seguridad alimenticia, la concurrencia de dolo o imprudencia, la posible calificación jurídica de los hechos, y también la posibilidad de apreciar que se trate de un curso causal no verificable, en comparación con lo que sucedió en el caso de la colza.

Palabras claves: Magrudis; delitos contra la seguridad alimenticia; salud pública; imprudencia; causa.

El procedimiento de elección de los miembros del Parlamento europeo tiene una enorme repercusión en la correcta configuración y funcionamiento de la arquitectura institucional de la Unión Europea, al incidir sobre el correcto funcionamiento de la democracia representativa en que esta se sustenta. Su influjo se proyecta también en la consolidación de un concepto de ciudadanía, esencial para que prospere el proyecto de integración. Al tratarse de un procedimiento democrático llamado a determinar la composición de una institución de naturaleza supranacional, las instancias europeas están llamadas a incidir en su regulación. Y en este sentido, y solo en el ámbito de las elecciones al Parlamento europeo, se ha reconocido a la citada institución la capacidad para proponer al Consejo las disposiciones necesarias para la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme, o, en su defecto, de acuerdo con unos principios comunes que unifiquen la materia. Cualquiera de estos dos objetivos ha probado ser harto difícil, desde el momento en que los estados se atrincheran en su soberanía y son incapaces de ceder terreno en esta materia. Buena prueba de ello es la reforma del Acta electoral europea, llevada a cabo en 2018, y con la que encaramos estas próximas elecciones. Analizamos en este artículo la necesidad de articular un procedimiento electoral europeo y las repercusiones de futuro que pueden derivarse de la incapacidad para consensuar un mínimo electoral entre los estados miembros.

Palabras claves: Parlamento europeo; sistema electoral europeo; Acta electoral europea.

No obstante su estrenada regulación por Ley 5/2015, de 27 de abril, la titulización de créditos hipotecarios continúa suscitando numerosas cuestiones, de entre las que adquiere significativo relieve la atinente a la distribución de la legitimación activa ad causam entre la entidad emisora de participaciones hipotecarias y el partícipe, que reabre el debate en torno a la necesidad de la constancia registral de la titularidad del crédito para instar la ejecución hipotecaria, atendida la exigencia contenida en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria, vinculada a la circunstancia de que mediante la cesión crediticia al fondo de titulización que implica el proceso, de conformidad con la normativa aplicable, la entidad concedente deja de ser acreedora del crédito. Pero el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, a pesar de concebir la titulización como una auténtica cesión de créditos, en su artículo 29 veta el acceso al Registro de la Propiedad de las participaciones hipotecarias a menos que vayan destinadas a inversores no profesionales. La situación descrita pone de manifiesto la carencia de una normativa coordinada que posibilite por parte de los operadores jurídicos, a través de los medios que razonablemente se encuentren a su alcance, un conocimiento cierto del ámbito de la legitimación para accionar.

Palabras claves: titulización; cesión crediticia; legitimación activa; inscripción registral.

Es communis opinio que el momento para apreciar el «desequilibrio económico» generador de la pensión compensatoria del artículo 97 del CC es el de la ruptura de la convivencia entre los cónyuges, de suerte que los sucesos acaecidos con posterioridad –entre ellos, la futura y eventual pérdida de empleo– son irrelevantes a tal efecto. Sin embargo, la STS de 7 de marzo de 2018 (Sala 1.ª - Pleno) ha venido a «mitigar» esa doctrina científica y jurisprudencial y, a través de un alambicado «juicio prospectivo de futuro», excepciona su aplicación cuando la exmujer desempeña su trabajo en una empresa del exmarido, estableciendo que si la relación laboral entre los antiguos esposos llega a finalizar «por causa no imputable» a la parte trabajadora, el excónyuge empleador habrá de pagarle –en concepto de pensión compensatoria– el equivalente al sueldo que hasta entonces percibía. Al análisis crítico de esta paradójica «matización» se destina el presente estudio, donde se pondrán de manifiesto los absurdos a que conduce, su trasnochada visión «profesionalizante» del matrimonio y su confusión entre las consecuencias laborales de la extinción del contrato de trabajo y las que de orden civil atañen a la separación o el divorcio.

Palabras claves: pensión compensatoria por separación o divorcio; momento temporal determinante del desequilibrio económico; hipotética pérdida futura de empleo de uno de los excónyuges; causas de extinción del contrato de trabajo; indemnizaciones laborales por despido.

En el presente trabajo se analiza el régimen de los actos de comunicación y, en particular, en los casos en que es necesario acudir a la ficción legal de la notificación por edictos. Se examina cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a este mecanismo, considerado como subsidiario y último recurso en supuestos determinados, y la tensión que se produce entre la tutela judicial efectiva y la eficacia procesal. Se concluye con la aplicación de la doctrina constitucional en los procesos de desahucios en los que se solicita la nulidad de actuaciones por indefensión.

Palabras claves: régimen de actos de comunicación; notificación edictal; procesos de desahucio.

Urgidos por impulsar la mediación, al igual que lo está el legislador, contribuimos con la tarea normativa según un modelo ajustado al plan de sistematización ofrecido en el sumario, a fin de dar luz a un proceso gradual que va desde los fundamentos a la razón que, en coherencia con los principios informadores, debe latir en la solución positiva. Se hace necesario colaborar en la concienciación para consolidar este instrumento que, inicialmente, se planteó como alternativo y ya es acogido como complementario y cooperativo de la Administración de Justicia, al tiempo que va ganando impulso en su ámbito de aplicación. Ponemos el acento en la enumeración de un cuadro amplio de principios que está justificada porque su amplitud y significación jurídica multiplica los valores inspiradores y los argumentos de justicia para implantar la mediación, entendiendo que, a partir de esos pilares, se pueda desarrollar un Derecho con mayores garantías de aplicación y grado de eficacia.
Hasta ahora han faltado referentes para enraizar la mediación por lo que, implicados en la tarea de impulso, se aportan razones para hacer inexcusable su invocación.

Palabras claves: resolución alternativa de conflictos (RAC); mediación; principios rectores; autonomía privada; institucionalización.