El verdadero problema del brexit: El backstop

Rogelio Pérez Bustamante¹
Catedrático Jean Monnet ad personam

Firmado el 15 de noviembre por el Gobierno británico y el 25 de noviembre por Consejo Europeo el Tratado Brexit –Withdrawal Agreement o Acuerdo de Retirada–, quedaba abierto el camino para la consecuente ratificación por el Parlamento británico y el Parlamento Europeo. La ratificación por el Parlamento británico se iría demorando ante la gran probabilidad de su rechazo. Realizada la votación el 15 de enero de 2019, efectivamente, el Parlamento británico rechazó este tratado con un resultado histórico, 432 votos en contra del Acuerdo de Retirada y 202 a favor. Este resultado constituía una aplastante derrota para el Gobierno británico y una verdadera humillación para la primera ministra.

Ante la previsión de esta derrota, el Parlamento británico había aprobado una enmienda que obligaba a la primera ministra a presentar una alternativa en caso de que hubiese votación en contra del Tratado Brexit, y en el plazo de 3 días. Parecía claro que existía un plan de la primera ministra para agotar el tiempo que concluye el 30 de marzo, fecha en que se cumplen los 2 años previstos por los tratados, en beneficio de su idea de dejar resuelta esta negociación sobre la base del Tratado Brexit que ella había aceptado.

La oposición parlamentaria, el Partido Laborista, forzó, inmediatamente al resultado negativo del Tratado Brexit, a una moción de censura del Gobierno británico, entendiendo que la derrota del tratado suponía la incapacidad de la primera ministra para seguir en sus funciones. La moción se celebró al día siguiente de la histórica derrota del brexit, pero la primera ministra ganó la votación por 325 a 306. Esta fue una cuestión de partido, no necesariamente vinculada al tema brexit.

El plan B, que obligaba a la primera ministra en un plazo de 3 días, se presentaría el 21 de enero, pero no parece incluir novedad alguna, porque la posición de la Unión Europea se ha cerrado en la defensa del contenido del Tratado Brexit. Theresa May ha vuelto a concretar sus ideas: no a un segundo referéndum, no a la unión aduanera, no a la prórroga del artículo 50 del Tratado de la Unión, no a un tratado suave al estilo de Noruega, que suponga unirse al Espacio Económico Europeo.

El plan B será sometido a votación por parte de los parlamentarios británicos el 29 de enero de 2019, sin que parezca que vaya a existir un acuerdo favorable para esa fecha y, consecuentemente, el Parlamento británico rechazará nuevamente el Tratado Brexit y el proceso se acercará a la fecha final de 30 de marzo en la mayor incertidumbre. Como nadie parece partidario de que todo se resuelva con un brexit duro, sin mediar acuerdo con la Unión Europea, la primera ministra espera que esta situación permita una reconsideración en el Parlamento británico. En esta situación conviene despejar todo el escenario y afrontar dónde se encuentra el verdadero problema y si es posible encontrar una solución.

Por encima de otras cuestiones, lo que parece insuperable es el llamado backstop, esto es, el mecanismo de salvaguarda irlandesa, establecido en el Tratado Brexit, que supone que Irlanda permanezca alineada con la normativa de la Unión Europea, evitando que se instale de nuevo una frontera física entre la República de Irlanda, miembro de la Unión, y el territorio de Irlanda del Norte, que pertenece a la Gran Bretaña. De este modo Irlanda del Norte no será considerado un Estado tercero y no quedará sujeto a controles aduaneros o fronterizos.

Esta cuestión fue una de las más costosas en el largo proceso de negociación, concluyendo con la institucionalización del llamado backstop, que supone que Gran Bretaña permanecerá en la Unión Aduanera, durante el tiempo que sea necesario, hasta que se encuentre una forma alternativa de mantener abierta la frontera. Esta decisión incluida en el tratado es la que se rechaza absolutamente en el Parlamento británico, porque supone una amenaza a la integridad territorial del Reino Unido y constituye una trampa que permite mantener al Reino Unido en la órbita de la Unión Europea.

En el fondo, el verdadero problema es que no se puede instalar una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte y debe respetarse el Acuerdo de Viernes Santo, según el cual se confirmó el derecho para los irlandeses y los norirlandeses de mantener ambas nacionalidades, aceptado por ambos gobiernos, sea cual sea el estatus futuro de la región, lo que realmente supone que no habrá una frontera que los separe. En una palabra, no puede establecerse una frontera dura.

El primer ministro irlandés, que ha venido apoyando claramente el Tratado Brexit, ha dejado bien claro que en caso de que no haya acuerdo, no quiere ver una frontera dura. Se especula con que se acepte un backstop limitado temporalmente a cinco años, pero no está claro que, aunque esto lo aceptase el Consejo Europeo, concretando este aspecto decisivo del tratado, el Parlamento británico pueda aceptar el tratado solamente con esta salvedad, y sobre todo los partidarios del brexit que exigen una verdadera salida de la Unión, sin hipotecas.

Se sabía, desde un principio, que el problema de Irlanda del Norte sería el mayor obstáculo en la obstinada decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión. Desgraciadamente, las consecuencias económicas, que afectan a las demás naciones del Reino Unido –pensamos singularmente en Escocia, que no ha sido electoralmente partidaria del brexit–, y que están afectando a los estratos jóvenes de la población británica y a las grandes corporaciones financieras, harán que empiecen pronto a valorar si el nuevo escenario que pretende instalarse con el brexit ha valido la pena e, incluso, si no es necesario dar marcha atrás y regresar al natural escenario geopolítico europeo en el inevitable futuro de la decadencia de Europa dentro del inevitable proceso de la globalización y de transformación ambiental y demográfica del planeta.