Jurisprudencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, -actual eurodiputado- y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso "Tsunami Democràtic". El Tribunal Supremo designa instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

Los magistrados concluyen que respecto a estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados".

El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.

• Delitos de defraudación a la seguridad social y elemento subjetivo
• Delito de amenazas en el ámbito familiar y posibilidad de penas alternativas
• Delito de desobediencia por obstruir el derecho de visitas a un menor
• Delito de injurias y profesora que vierte críticas sobre profesores de un centro de enseñanza

• Infracción de la marca denominativa de la UE "Pasapalabra"
• Contrato de lease-back o simulación de préstamo
• La acción directa en vía civil contra la aseguradora de la Administración exige no haber acudido previamente a la vía administrativa
• Intereses usurarios en tarjetas revolving. La legibilidad del clausulado en los contratos con consumidores

• Privación de la patria potestad en interés del menor
• Interrupción de la prescripción en los supuestos de solidaridad impropia
• Indeterminación en la fijación de la pensión de alimentos del hijo menor
• Compatibilidad de la responsabilidad por productos defectuosos con las reglas generales de responsabilidad

• Un ayuntamiento puede dictar instrucciones a sus letrados en el ejercicio de sus funciones
• Derecho de las pacientes de la sanidad pública a decidir el destino de las células madre
• La publicación en el BOE es el único elemento exigible para el debate y la votación sobre la convalidación de los decretos-leyes
• La protección de datos personales en las comisiones parlamentarias de investigación

El tribunal de la sección 21 le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación.

El tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona condena al deportista Daniel Alves a 4 años y seis meses de prisión por violación, al apreciar el tribunal reparación del daño al depositar el acusado indemnización desde la fase inicial de la instrucción; libertad vigilada por tiempo de 5 años, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión; prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses; así mismo, se le condena a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio relacionados con menores de edad por tiempo de 5 años, a aplicar una vez cumplida también la pena de prisión; indemnización de 150.000 euros por el daño moral y las lesiones; a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal por delito leve de lesiones; y al pago de las costas procesales.

• Concurso de acreedores y reintegración de la masa activa con acciones rescisorias especiales
• Responsabilidad de los administradores sociales de deudas nacidas después de la causa de disolución
• Posibilidad de ejercitar acciones de reintegración tras la reapertura del concurso que pudieron haberse ejercitado antes
• Demanda del prestatario contra los prestamistas cedente y cesionario de un crédito declarado nulo por usurario

• Condena a una comunidad de propietarios por los daños de filtraciones en cubierta por ser elemento común
• Es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento y su acción para pedirlo no está sometida a caducidad
• Responsabilidad extracontractual. Interpretación extensiva del artículo 1910 del Código Civil
• Supresión de datos personales. Tratamiento ilícito. Registro de solvencia patrimonial

• Edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación y posibles obras en las mismas
• Diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito por parte de la administración Local
• Existe «identidad económica sustancial» entre el extinto Banco Popular y el Santander que justifica la sucesión en la responsabilidad por infracción
• Sanción por tratamiento de datos personales. Aplicación para el seguimiento epidemiológico de la COVID-19

• Insolvencia punible por aportación de inmuebles a una sociedad constituida con su cónyuge
• Asesinato con alevosía cualificada por desvalimiento y delito de inducción al suicidio
• Condena al dueño de un bar por no impedir que un hombre atacara sexualmente a una clienta
• Comiso de instrumentos del delito