Jurisprudencia

La Sala III añade que no basta con diseñar los medios técnicos y organizativos necesarios, también es necesaria su correcta implantación y su utilización de forma apropiada, de modo que también responderá (la empresa) por la falta de la diligencia en su utilización

La Sala III del Tribunal Supremo ha concluido mediante sentencia que la obligación de las empresas de garantizar la seguridad de los ficheros que contengan datos personales de sus clientes es de medios y no de resultado, aunque "es exigible la adopción e implantación de medidas técnicas y organizativas, que conforme al estado de la tecnología y en relación con la naturaleza del tratamiento realizado y los datos personales en cuestión, permitan razonablemente evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".

• Datos sensibles en el delito de descubrimiento y revelación de secretos
• Habitualidad de la violencia domestica de los delitos contra la integridad moral
• Pena de alejamiento emparejada a una pena privativa de libertad y su cumplimiento
• Concurrencia de causa de recusación en el juzgador y plazo para alegarla

• Criterios de valoración de la compensación económica de un divorcio
• La cosa juzgada abarca lo deducido y lo deducible pero no las pretensiones diferentes sobre responsables diferentes
• No es aplicable la Ley 57/1968 a compraventas con finalidad no residencial
• Atribución de la que fue vivienda familiar a la madre y a la hija menor de edad con limitación temporal tras el divorcio

• Concurso de acreedores y compensación de crédito que no consta en la lista de acreedores
• Letras libradas como pago de entregas a cuenta de la compra de una vivienda en construcción y descuento de las mismas
• En los seguros de personas el tomador no tiene obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado
• Validez de los préstamos hipotecarios que incorporan el IRPH como índice de referencia del tipo de interés

• Compensaciones a concesionario de autopistas de peaje: inexistencia de responsabilidad del Estado legislador
• El Tribunal Supremo reitera la nulidad e inaplicabilidad del mecanismo de financiación del bono social
• Procedimiento administrativo. Representación de personas jurídicas. Acreditación por medios electrónicos
• El recurso de casación como recurso procesal a los efectos de la exigencia de la doble instancia

La Sala Primera ha notificado hoy las primeras sentencias dictadas sobre las cláusulas que incorporan el IRPH como índice de referencia de préstamos hipotecarios, tras los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021, que respondieron a las nuevas preguntas formuladas por dos Juzgados de Barcelona e Ibiza.

La Sala Primera ya se había pronunciado sobre estas mismas cláusulas en noviembre de 2020. Los autos del TJUE de 17 de noviembre de 2021 (C-655/20 y C-79/21), al responder a las cuestiones específicamente planteadas sobre este tema confirman la corrección de esta jurisprudencia de la Sala.

• Nulidad del seguro con cobertura de invalidez permanente al ocurrir el siniestro antes de la celebración del contrato
• Cláusulas abusivas en los contratos con consumidores de préstamo hipotecario indexado a una divisa extranjera
• Acción subrogatoria de la aseguradora de un edificio en régimen de propiedad horizontal
• Daño moral que no es consecuencia del daño corporal. Familiares de víctimas en accidente de aviación

• Alteración de elementos comunes sin autorización de la junta de propiedad horizontal
• Ejecución dineraria. Alcance de la función calificadora del registrador de la propiedad
• Derecho de asociación. No discriminación. Veto a las mujeres en el acceso a una asociación
• Calificación registral denegatoria de una anotación preventiva de demanda

• Efectos penológicos cuando concurran dos o más atenuantes, o una o varias cualificadas
• El delito de amenazas de simple actividad, exige la "emisión" del mal anunciado y la "recepción"
• Subtipo agravado de comisión de lesiones en domicilio de la víctima
• Continuidad delictiva y proporcionalidad de la pena en el delito de estafa agravada

• Responsabilidad patrimonial de la administración por el retraso en la intervención quirúrgica
• Extranjería. Autorización de residencia obtenida de forma fraudulenta
• La exigencia de que las autorizaciones VTC estén domiciliadas donde lo esté el permiso de circulación no restringe el ejercicio de la actividad
• Requisitos que debe reunir un prestador de servicios de la sociedad de la información para considerar que está establecido en España