Catalá asegura que las reformas en Justicia responden a un modelo social horizontal, dinámico y diverso

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pronunciado el 16 de septiembre una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación bajo el título Una justicia moderna para la sociedad del siglo XXI en la que ha asegurado que las reformas legislativas acometidas en el ámbito de la Justicia durante esta legislatura responden a la necesidad de adaptar la realidad jurídica a un modelo de sociedad dinámica, cambiante, horizontal y diversa

Durante su intervención -a la que han asistido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero; vocales del CGPJ, representantes de los principales operadores jurídicos españoles, diputados y senadores-, Catalá ha señalado que la evolución vertiginosa de la sociedad y la horizontalidad de las relaciones imponen un modelo de Justicia restaurativa en el que las víctimas ocupan un lugar protagonista en el proceso. Ello ha obligado, en opinión del ministro, a reformular el concepto de Justicia como servicio público y diseñar herramientas jurídicas como el Estatuto de la Víctima, en las que a la regulación integral de derechos se añade protección, apoyo y seguimiento a los más vulnerables.

Según ha explicado Catalá, el esfuerzo de actualización legislativa y su adaptación a realidades recientes se ha centrado en las leyes de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que suponen de actualización de los criterios de punibilidad para las conductas que registran mayor reproche social, como las relacionadas con la corrupción, u otras de nuevo cuño incorporadas al catálogo de delitos, como determinadas formas de delincuencia informática. El refuerzo de las garantías en los procedimientos verbales y los desahucios arrendaticios recogidos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil han dado respuesta a un problema social de primera magnitud.

Por otro lado, las reformas emprendidas no han sido ajenas a una diversidad social y una coyuntura económica difícil en la que los colectivos más desfavorecidos (desahuciados) y otras víctimas (de violencia de género, de trata, de terrorismo y otros colectivos) pueden ampararse en una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que cubre sus necesidades, ha puntualizado el ministro.

La globalización ha obligado también a reforzar mecanismos de cooperación penal (Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea), mejorar el sistema de intercambio de antecedentes penales a nivel europeo y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, con especial atención a la reformulación del marco normativo del decomiso y la próxima apertura de la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos.

El ministro de Justicia ha aludido también a los nuevos mecanismos de solución de conflictos propios de una sociedad horizontal y alternativos al proceso judicial. Así, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que amplía el espectro de posibilidades atribuyendo a notarios, registradores y letrados nuevas competencias, y la Ley de mediación, contribuyen a incorporar esa horizontalidad a la lógica judicial.

La leyes de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan la necesidad de contar con un nuevo modelo de operador de Justicia más especializado y adaptado a las nuevas realidades sociales, según Rafael Catalá, por lo que establecen una corresponsabilidad en la investigación que dará a partir de ahora mayor protagonismo al fiscal e implantan nuevos elementos de agilización del proceso, como la reforma de la conexidad delictiva, el procedimiento monitorio penal y la fijación de plazos máximos en la instrucción. Igualmente, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora diferentes soluciones de refuerzo para situaciones especiales.

Por último, Catalá ha destacado la alta tecnificación de la sociedad del siglo XXI, lo que implica una Justicia vinculada a las nuevas tecnologías que permiten hacerla más próxima al ciudadano, gracias al proyecto de papel cero, pero que precisa herramientas eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada, mediante la regulación de las diligencias de investigación tecnológica.

Fuente: Moncloa