La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la Dirección General de Tráfico regulan el acceso al Registro de Vehículos decomisados o intervenidos
La directora de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Isabel Tarazona, y el director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, han firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar el acceso de la ORGA, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, al Registro de Vehículos de la DGT y conocer así la situación registral de aquellos cuya gestión le haya sido encomendada judicialmente.
El objetivo es conocer la situación registral de los vehículos judicialmente encomendados a la ORGA. Además, colaborarán en la cancelación de precintos que tengan su origen en una jefatura provincial de tráfico.
Ambos organismos colaborarán también en la cancelación de precintos cuando tengan su origen en una jefatura provincial de tráfico para poder así gestionar vehículos intervenidos, embargados o decomisados, en particular cuando proceda su destrucción.
Este convenio da cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se creó la ORGA cuyo funcionamiento se refuerza con el acuerdo firmado hoy que establece el apoyo que le prestará la DGT, dependiente del Ministerio del Interior.
En virtud de este convenio, la DGT se compromete a asesorar a la ORGA sobre las medidas de conservación a adoptar cuando se adjudique el uso provisional por la Administración de vehículos intervenidos o embargados, así como a difundir los procedimientos de enajenación de éstos y normalizar las inscripciones relacionadas con vehículos decomisados cuya gestión se haya encomendado judicialmente a la Oficina.
Por su parte, la ORGA difundirá la colaboración con la DGT y pondrá en su conocimiento la información relativa a los vehículos que le sean encomendados judicialmente y que le pueda resultar de interés, especialmente en la venta de vehículos.
Este convenio estará vigente durante los próximos cuatro años. En el plazo de un mes se constituirá una Comisión de Seguimiento para velar por el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el texto firmado el 30 de diciembre de 2016.
Fuente: Moncloa