Consejo de Ministros: anteproyectos de ley sobre entidades de capital riesgo y financiación de PYMES; Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía

Consejo de Ministros: anteproyectos de ley sobre entidades de capital riesgo y financiación de PYMES; Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía

El Consejo de Ministros ha recibido sendos informes del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, cuyo objetivo es hacer más accesible y flexible la financiación a las pymes y, en particular, sentar las bases para fortalecer las fuentes de financiación directa; y sobre el Anteproyecto de Ley de Entidades de Capital Riesgo, que persigue impulsar esta fórmula con la misma finalidad de mejorar la financiación de las pymes, así como incorporar Derecho de la Unión Europea respecto de los llamados fondos de inversión alternativa. El Consejo de Ministros ha analizado, además, otro informe sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial para una posterior aprobación.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de Internacionalización de la economía española 2014-2015, que incluye 41 medidas para impulsar, en el medio y largo plazo, la competitividad y la contribución del sector exterior al crecimiento de la economía y a la creación de empleo en España.

FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Las principales novedades en el Anteproyecto de Ley sobre Fomento de la Financiación Empresarial son: establecimiento de un sistema de preaviso e información por parte de las entidades de crédito para aquellas Pymes que ven restringida su financiación; mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA); diseño de un régimen específico para los establecimientos financieros de crédito; adaptación de la regulación de las titulizaciones; mejora del régimen español de emisión de obligaciones; potenciación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB); y propuesta de regulación del denominado "crowdfunding".

Más en detalle, el texto regula los siguientes aspectos:

  • Sistema de preaviso por parte de las entidades de crédito. Se obliga a las entidades de crédito a ofrecer preavisos de, al menos, tres meses e información específica sobre la situación crediticia de aquellas Pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida.
  • Mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Se establece que el reaval de la Compañía Española de Reafinanciamiento (CERSA) se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca tras el primer requerimiento. Adicionalmente, en aras de fortalecer la gestión, profesionalidad y buen gobierno de estas Sociedades se extenderán a sus directivos los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia propios de las entidades de crédito.
  • Régimen jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito. Se dotará a estas entidades del marco jurídico más eficaz para mantener y potenciar su actividad. Estarán plenamente orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
  • Mejora de la regulación de las titulizaciones en España. Se propone la adopción de reformas con un doble objetivo: por una parte, se trata de flexibilizar el régimen jurídico de las titulizaciones para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, en línea con los países más avanzados en la materia; se persigue, además, aportar la máxima seguridad jurídica y dar respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones.
  • Potenciar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata de facilitar el tránsito de las sociedades desde la Bolsa hacia este sistema alternativo de negociación. Para ello se sustituirá el requisito de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo menos oneroso, que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios. Se flexibiliza el tránsito desde el propio Mercado Alternativo hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento exige la cotización en este mercado oficial.
  • Mejora del régimen de emisión de obligaciones. Se introducen diferentes medidas en la regulación mercantil, tendentes a facilitar el acceso directo de las compañías españolas a los mercados de deuda mediante la eliminación de límites a la emisión de obligaciones.
  • Regulación del "crowdfunding". En línea con las consultas realizadas en otros países de nuestro entorno, se incluye en el Anteproyecto de Ley una propuesta preliminar de regulación en la que se fijan las condiciones para el funcionamiento de este nuevo sistema, basado en plataformas electrónicas que contactan directamente inversores y proyectos. El objetivo es impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales de desarrollo, al tiempo que se protege a los inversores. Para ello, se fijan las obligaciones de estas plataformas garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficiente. Se fijan límites por inversor tanto por proyecto (3.000 €) como por plataforma (6.000 € por año).

ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

El segundo de los Anteproyectos de Ley, por la que se regulan las Entidades de Capital Riesgo (ECR) y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva del 4 de noviembre de 2003, introduce mejoras que permitirán el mayor desarrollo de este canal de financiación de empresas. En particular, a través de la creación de las ECR-Pyme se promueve la financiación mediante instrumentos de capital y deuda de las empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión. Este tipo de entidades invertirán, al menos, un 70 por 100 de su patrimonio en Pymes, además de participar en la gestión y aportar asesoramiento. Se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital-riesgo tradicionales ya que podrán hacer un mayor uso de instrumentos financieros de deuda.

Al hilo de la transposición de la Directiva comunitaria de gestores de inversión alternativa se abordan otra serie de reformas:

  • Introducción de nuevos requisitos a las sociedades gestoras en cuanto a su estructura y organización para garantizar el control de riesgos, de liquidez y de conflictos de interés y, en concreto, para cumplir con una política de remuneraciones que evite la toma de riesgos excesivos.
  • Agilización y reducción de cargas administrativas en el régimen de entidades de capital-riesgo, que ya no quedarán sometidas a un régimen de autorización, sino de simple registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Ajuste de los requerimientos de recursos propios mínimos de las sociedades gestoras, que se alinean con los de la Directiva y el resto de socios europeos.
  • Adaptación del régimen de comercialización y gestión transfronteriza de fondos gestionados por sociedades gestoras europeas y extranjeras.

RÉGIMEN SANCIONADOR DEL COMERCIO

Además, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento de la Financiación Empresarial incluye un régimen sancionador específico para las infracciones administrativas en el ámbito comercial. Este régimen desarrolla la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios de 2012, que ya contemplaba su futura aprobación en su disposición final decimotercera.

Una vez eliminadas las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a determinados establecimientos comerciales con el objeto de impulsar el comercio minorista y ahorrar tiempo y costes importantes a los emprendedores, el Gobierno aprueba ahora este régimen sancionador que facilita a las Administraciones competentes en materia de inspección y control las herramientas para corregir posibles incumplimientos y garantizar la seguridad de los consumidores en el ámbito del comercio. El régimen es de carácter básico y su aplicación será vinculante en toda España, si bien las Comunidades Autónomas podrán adaptar las cuantías de las sanciones pecuniarias y establecer las no pecuniarias.

El régimen delimita y fija las sanciones correspondientes para infracciones de carácter leve (inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en los datos o manifestaciones recogidos en las declaraciones responsables o comunicaciones previas); grave (inicio de la actividad comercial sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, falta de comunicación en los casos de cambio de titularidad, falsedad u omisión de datos de carácter esencial; carecer de proyecto técnico en caso necesario, obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras); y muy grave (reiteración o reincidencia de las infracciones graves). Las sanciones podrán ser pecuniarias o no pecuniarias.

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2014-2015

Coordinado por la Secretaría de Estado de Comercio, agrupa las medidas en torno a seis grandes ejes de actuación definidos por los propios objetivos del Plan: clima de negocios y entorno empresarial; acceso a los mercados; acceso a la financiación por parte de la empresa española; promoción comercial y apoyo a la empresa; estímulo a la cultura de la internacionalización y capital humano; y fomento de la innovación.

El Plan identifica fortalezas y debilidades de la economía española en materia de internacionalización y formula objetivos para asegurar que la contribución del sector exterior al crecimiento de nuestra economía sea un fenómeno estructural, revierta en creación de empleo y se consolide como uno de los pilares del nuevo modelo económico español. Está dirigido, igualmente, a mejorar la capacidad y la propensión exportadora, diversificar los mercados de destino, incrementar la competitividad y atraer inversión extranjera. Además, contempla un sistema de evaluación para medir sus resultados a través de indicadores objetivos que se harán públicos sistemáticamente.

Mejora del clima de negocios y entorno empresarial

Entre las medidas más novedosas en este ámbito, se establece un ejercicio anual de análisis conjunto del sector público y el privado para identificar y solucionar obstáculos en el ámbito regulatorio a la competitividad de nuestras empresas. A tal fin se articula un mecanismo de consulta al sector privado que propicie mejoras regulatorias para incrementar el atractivo de España como destino de inversión extranjera.

Asimismo, se pone en marcha el proyecto 'Doing Business' regional, que extiende la evaluación de indicadores sobre la evolución del clima de negocios a las diferentes Comunidades Autónomas, de la misma forma que hace hasta ahora el Banco Mundial con España, con el fin de incentivar el intercambio de mejores prácticas.

El propio Banco Mundial, con la colaboración de prescriptores privados y la réplica de las Administraciones Públicas, medirá en la ciudad más poblada de cada Comunidad Autónoma de España y en las dos Ciudades Autónomas una serie de indicadores como el tiempo y los trámites necesarios para la apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, etcétera.

Mejora del acceso a los mercados

Se establecen medidas para facilitar el comercio y el acceso a los mercados exteriores. En particular, se impulsarán las medidas del acuerdo alcanzado en Bali en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que reducirán los costes de transacción y modernizarán los procedimientos aduaneros.

Se impulsarán, igualmente, las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la Organización Mundial de Comercio y las negociaciones comerciales bilaterales de la Unión Europea, incluyendo los acuerdos con Estados Unidos -prioritario para la política comercial del Gobierno por sus beneficios en la economía española-, Mercosur, Japón, ASEAN y China, así como la eliminación de obstáculos al comercio en terceros mercados.

Facilitar el acceso a la financiación

El Plan establece un sistema de apoyo financiero a la internacionalización eficiente. Se potenciará la actividad del ICO como financiador de empresas inversoras y exportadoras, así como de catalizador de inversión extranjera.

Asimismo, se acelera la puesta en marcha de cédulas y bonos de internalización, que permitirán una reducción de los costes de las empresas en sus actividades de internacionalización.

Como novedad, se aprueba la Línea FIEM-Facilidades UE, con una dotación inicial de cincuenta millones de euros con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), para asegurar que las empresas españolas compiten en igualdad de condiciones con sus homólogas comunitarias.

La movilización de recursos procedentes de facilidades financieras de la Unión Europea, ampliamente extendida en países como Alemania, Francia o Italia, no se utiliza con la misma intensidad en España.

La cofinanciación a través del FIEM, con el apoyo de COFIDES, de proyectos apoyados por las facilidades de la Unión Europea dotará de mayor protagonismo y capacidad de influencia a España en la preparación, selección y adjudicación de proyectos internacionales y facilitará una mayor participación de las empresas españolas en los proyectos financiados por estas facilidades.

Promoción comercial y apoyo a la empresa

Este apartado incluye diversas medidas para facilitar el acceso a los apoyos públicos a la internacionalización con el lanzamiento, en marzo, de la 'Ventana Global' del ICEX, un nuevo instrumento on-line capaz de canalizar consultas, solicitudes o demandas de empresas e instituciones a todos los instrumentos de la Administración General del Estado relacionados con la internacionalización.

Los usuarios podrán realizar cualquier consulta en materia de fiscalidad, financiación, apoyo institucional, etcétera. También podrán demandar asesoría en lo relativo a información previa al acceso a un mercado concreto: situación económica, potenciales clientes, métodos de contratación, etcétera. Entre estos instrumentos, se ofrecerá a las empresas la elaboración de estudios e informes de mercado de los sectores prioritarios en mercados estratégicos que permitan la planificación y el desarrollo comercial en estos países.

En el ámbito del apoyo a la empresa en el exterior, y de acuerdo con los objetivos del Plan, se analizará la configuración actual de la red de Oficinas Económicas y Comerciales españolas para ajustarla a las necesidades de las empresas españolas y aumentar la presencia en aquellos países donde se detecten más necesidades, en coherencia con los fines y objetivos rectores de la política exterior del Gobierno.

Cultura de la internacionalización y capital humano

El Plan incorpora medidas para el estímulo de la formación en internacionalización y el desarrollo del capital humano especializado. En particular, se refuerzan las actividades de formación en el ámbito de la internacionalización, a través del Centro de Estudios Económicos y Comerciales; la atracción de talento y el desarrollo de una estrategia integral al servicio de la movilidad internacional de la universidad española.

Fomento de la innovación

La innovación será también parte fundamental de las políticas de apoyo a la internacionalización y se traducirá en nuevas medidas como la creación de un programa especial para el fomento de la inversión extranjera directa en el sector de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones (TIC) en España.

Esta medida tiene por objetivo el incremento del establecimiento, tanto de empresas tecnológicas y emprendedores extranjeros en España, como de empresas de capital riesgo, empresas de inversión, incubadoras, aceleradoras y "business angels" que inviertan en empresas TIC españolas.

El Plan, que se actualizará con carácter bienal, ha sido elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, con la participación de todos los Ministerios del Gobierno en el marco del Grupo de Trabajo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española y ha sido presentado a las Comunidades Autónomas en el ámbito del Consejo Interterritorial de Internacionalización. El sector privado, representado principalmente por CEOE, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, así como por las principales asociaciones de exportadores y organizaciones empresariales del ámbito de la internacionalización, también ha colaborado en su elaboración.

Fuente: Moncloa