El Gobierno presenta la reforma del sistema financiero, que pretende el saneamiento y la consolidación del sector
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó ayer que la reforma del sistema financiero pretende conseguir un sector más saneado y mejor dimensionado, con el objetivo de que vuelva a ejercer su función principal: conceder crédito a familias y empresas para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleo.
El nuevo esquema de saneamiento y consolidación del sector financiero, que previsiblemente se aprobará hoy en Consejo de Ministros, es uno de los ejes básicos -junto al presupuestario y al laboral- del programa de reformas estructurales del Gobierno, que forma parte de los compromisos asumidos por España con sus socios comunitarios y es clave para recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.
La reforma pretende disipar las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances, proceso que incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles.
El sector financiero saldrá de este proceso más fortalecido, con menos entidades pero más sólidas, de forma que las instituciones españolas se sitúen entre las más saneadas de la UE. Ningún otro país del entorno comunitario ha diseñado un proceso de saneamiento de activos semejante, pese a que en algunos casos la crisis financiera les ha afectado de forma más intensa.
A diferencia también de lo ocurrido en otros países, en el caso español la reforma no tendrá impacto en el déficit público; es decir, no supondrá coste alguno para el contribuyente, ya que los saneamientos los asumirán las propias entidades con cargo a resultados o a capital, para lo que se habilitan plazos razonables.
Saneamiento de activos inmobiliarios
Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor del conjunto del sistema financiero español ascienden a 323.000 millones de euros (a 30 de junio de 2011), de los que 175.000 millones se encuadran en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas). Los niveles medios de cobertura actual de las entidades sobre el conjunto de activos problemáticos se sitúan entre el 31% (suelo), 27% (promociones en curso) y 25% (promoción terminada y viviendas).
La incertidumbre sobre la valoración de estos activos es uno de los factores que dificultan a las entidades acudir a los mercados de financiación mayorista, con la consiguiente detracción de crédito para financiar al sector privado de la economía. Por ello es imprescindible clarificar el panorama y situar la valoración de activos en una posición más acorde con la del mercado.
Con este objetivo, se establecerán saneamientos adicionales por un valor total de 50.000 millones de euros a través de nuevas provisiones y colchones de capital. Aquellas entidades que participen en procesos de fusión (consolidación) tendrán unas condiciones más flexibles para adaptarse al nuevo marco. El objetivo es lograr un ajuste en el exceso de capacidad del conjunto del sector y que mejore la eficiencia de las nuevas instituciones. En definitiva, menos entidades pero más saneadas.
Para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros. Se prevé, además, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada…), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.
En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria se establece una provisión genérica del 7%, en previsión de un posible deterioro futuro, dado que representan un riesgo más elevado que el resto de la cartera crediticia. Esta provisión se realizará contra resultados y su importe estimado estará en torno a 10.000 millones de euros. La fecha límite para realizar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 31 de diciembre de 2012.
Tras la reforma, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán un 80% de los activos problemáticos (hasta ahora el 31%) en el caso del suelo; el 65% en el caso de las promociones en curso (antes el 27%) y el 35% en promoción terminada y vivienda (antes el 25%).
La suma total de saneamiento, considerando las provisiones y el colchón de capital, ascenderá a 50.000 millones de euros, una cifra que tiene carácter extraordinario y se exigirá, por tanto, de una sola vez. Se trata de un esfuerzo de saneamiento muy sustancial, habida cuenta de que el realizado por el sector bancario español desde 2008 a junio de 2011, con provisiones específicas, alcanzó 66.000 millones de euros.
Concentración para ganar eficiencia
El régimen de fusiones previsto en la norma que hoy aprobará el Consejo de Ministros establece que las entidades que opten por esta vía deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo que hagan posible una integración rápida y eficiente. Asimismo, las entidades en proceso de fusión deberán asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.
Los plazos para resolver los procesos de concentración serán extremadamente reducidos. Las entidades deberán presentar los proyectos de fusión antes del próximo 30 de mayo y las solicitudes se resolverán en el plazo de un mes.
Para impulsar este proceso de fusiones y consolidación del sector, los saneamientos exigidos se realizarán durante dos ejercicios. El saneamiento requerido de los activos se podrá hacer contra el patrimonio. En caso de acudir a la financiación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo podrán hacer a través de bonos convertibles contingentes. La dotación patrimonial del FROB aumentará hasta 15.000 millones de euros, de tal forma que se mejora su capacidad de endeudamiento.
En definitiva, con este significativo esfuerzo de saneamiento se conseguirá un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, y una mejora del flujo de crédito a la economía real, con un impacto positivo sobre la producción y el empleo. Además, facilitará la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda.
Fuente: La Moncloa