Las Administraciones Públicas y los proveedores tienen que tramitar desde hoy las facturas por vía electrónica

Solo en la Administración General del Estado, la tramitación electrónica ahorrará al año 51 millones de euros y 2,3 millones de euros más por dejar de tramitarlas en papel. Todas las facturas de los proveedores de las Administraciones Públicas quedarán automáticamente registradas y tanto las Administraciones Públicas como los proveedores podrán hacer un seguimiento de las mismas desterrando la posibilidad de ocultar facturas.

Todas las Administraciones Públicas tienen que recibir desde el 15 de enero de 2015 de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable.

Tan sólo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.

Cambio histórico en la Administración

Representa un importante avance en la Administración electrónica y un cambio histórico en la facturación de las Administraciones Públicas españolas. En un período aproximadamente de un año, las AAPP han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso, lo que representa un esfuerzo importante por el cambio radical de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico.

La Administración General del Estado, además, ha realizado un doble esfuerzo, por un lado, adaptar todos sus sistemas a la factura electrónica y, por otro lado, proporcionar un punto general de entrada de facturas electrónicas adaptado también para incorporar a todas las Administraciones Territoriales. Éstas, podían crear su propio punto de acceso o utilizar el que la Administración General del Estado ha puesto a su disposición, para facilitarles el trabajo y un ahorro considerable en la inversión.
La Administración General del Estado, además, ha tenido su Punto de Entrada de Facturas electrónicas funcionando desde el 15 de enero de 2014, un año antes, donde se han recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre de ese año.

Adhesiones a FACe

El Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) de la Administración General del Estado, tiene integrados hoy los distintos puntos de tramitación de los ministerios. Además, se han adherido a su utilización, las CCAA de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

Otras CCAA, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, no se han adherido a FACe, pero han dispuesto un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas, y el algunos casos se está estudiando la posibilidad de intercambio de información entre estos puntos y FACe.

En cuanto a EELL, se han adherido a FACe 5.177 ("Listado de Entidades Locales adheridas"). Asimismo, se han adherido 17 universidades.

Ahorros de la factura electrónica

Los ahorros anuales estimados, sólo para la Administración General del estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.

Los ahorros por factura se calculan para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas en 0,70€, pasando de un coste en papel de 0,76€ a un coste electrónico de 0,06€.

Las Administraciones Públicas ahorran por recepción 2,78€, pasando de un coste en papel de 2,87€ a un coste en electrónico de 0,09€.

En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75€.

Lucha contra la morosidad

Se refuerza la protección de los proveedores, al dejar constancia de la fecha de presentación de su factura, lo que permite un mejor control de la misma. Además, se agiliza la tramitación de las facturas, al incorporar las nuevas tecnologías, facilitando su seguimiento para su pago posterior y para su control contable.

Y, dentro de las Administraciones Públicas, los órganos de control interno podrán acceder en cualquier momento a la documentación e información del registro contable de facturas y elaborarán anualmente un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

Los registros contables, además, remitirán a la Agencia Tributaria información sobre las facturas recibidas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación. Asimismo, habrá intercambio de información entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las AAPP, con el objetivo de fortalecer también la lucha contra el fraude.

Fuente: Moncloa