Montoro aboga por una administración electrónica, sin papel e interconectada

El ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, ha defendido el 9 de septiembre en el Pleno del Senado​ el proyecto de ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y el proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Montoro ha destacado que estas normas tienen por objeto implantar una Administración electrónica, "interconectada, transparente y con una estructura clara y simple", mejorando la relación de la Administración con ciudadanos y empresas y de las Administraciones entre sí.​

​Uno de los propósitos principales de los proyectos de Ley es, precisamente, la consecución de una Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, aspecto en el cual el Gobierno ya ha desarrollado diversas iniciativas.​

En este sentido, Montoro ha destacado el uso de la factura electrónica y ha anunciado que desde el pasado enero y hasta el 2 de septiembre más de tres millones y medio de facturas electrónicas se han tramitado a través del nuevo Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE), por las distintas Administraciones Públicas, según datos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del total, 487.103 facturas electrónicas se han tramitado en los últimos 30 días. Y más de la mitad de esas facturas pertenecen a entidades locales.

Actualmente, 7.679 entidades locales están adheridas al sistema de factura electrónica, de las que casi el 95% están haciendo uso del mismo. Entre estos municipios hay 27 con más de 200.000 habitantes. También la práctica totalidad de las comunidades autónomas (excepto el País Vasco), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, forman parte del sistema y lo están utilizando con éxito.

Asimismo, el ministro ha anunciado que el próximo día 15 de septiembre se va a someter a la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, por el que se creará un marco de referencia para la implicación de todos los actores y recursos del Estado en ese proceso de transformación a una Administración digital e interconectada.

Principales novedades de los proyectos

• Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.
• Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Para ello se potencia, por ejemplo, el uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan al ciudadano en el momento para realizar su trámite.
• Se reducen las cargas administrativas para los ciudadanos y se establece como regla general la no solicitud de documentos. No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.
• Habrá un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad, con lo que se gana en agilidad al reducir plazos.
• Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.
• Las empresas se relacionarán obligatoriamente de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición.
• Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).
• En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común de entrada en vigor de las normas (enero y junio), lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.
• Se racionaliza la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, evaluación y extinción de entes públicos

Balance CORA

Por otro lado, el ministro ha destacado los últimos datos elaborados para la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (​CORA).​ En los casi dos años de funcionamiento se han suprimido 2.297 entes públicos.

En cuanto a los ahorros, Montoro ha destacado que superan los 500 millones de euros sólo en la centralización de contratos de los ministerios y organismos públicos estatales, mientras que la cifra total de ahorro entre todas las Administraciones asciende a 22.300 millones de euros a lo que hay que añadir 2.300 millones de ahorro para ciudadanos y empresas.

A todo ello hay que sumar 5.000 millones de euros de ingresos por ventas de participaciones empresariales. En total, 29.600 millones de euros de ahorro por la aplicación, hasta el momento, de las medidas contenidas en el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas.

Fuente: Moncloa