El Gobierno inicia la reforma de la Ley del Mercado de Valores para impulsar su función en la financiación de la economía y aumentar la protección del inversor
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado en audiencia pública un paquete legislativo que incluye la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que permitirá potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión.
Este paquete legislativo incluye además tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La publicación de los textos tiene como objetivo que ciudadanos y operadores presenten sus aportaciones y comentarios.
Con este conjunto de normas se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias. En primer lugar, la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión, que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.
La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
Adicionalmente, se incluye una clasificación de las empresas de servicios de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de activos totales, y se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable, dentro de determinados márgenes, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.
En segundo lugar, se incorporan a la normativa española los recientes cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.
Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.
También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros.
Finalmente, se incluyen modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.
Mejora de la competitividad de los mercados de capitales en España
Además de la transposición de las directivas europeas, este paquete normativo introduce otra serie de novedades relevantes para mejorar la competitividad de los mercados de capitales en España para la financiación de la inversión y el crecimiento empresarial.
Se propone una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés). Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo así la dependencia del crédito bancario.
Para que puedan conseguirse estos objetivos es clave asegurar la adecuada protección de los inversores y para ello la propuesta se centra en dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC.
Finalmente, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija con el objetivo de favorecer la competitividad de los mercados españoles en este segmento tan importante para la financiación empresarial y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores, para alinear la regulación nacional a la normativa omunitaria y a la de los países de nuestro entorno.
Fuente: Moncloa