Jurisprudencia

El tribunal de la sección 21 le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación.

El tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona condena al deportista Daniel Alves a 4 años y seis meses de prisión por violación, al apreciar el tribunal reparación del daño al depositar el acusado indemnización desde la fase inicial de la instrucción; libertad vigilada por tiempo de 5 años, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión; prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses; así mismo, se le condena a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio relacionados con menores de edad por tiempo de 5 años, a aplicar una vez cumplida también la pena de prisión; indemnización de 150.000 euros por el daño moral y las lesiones; a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal por delito leve de lesiones; y al pago de las costas procesales.

• Concurso de acreedores y reintegración de la masa activa con acciones rescisorias especiales
• Responsabilidad de los administradores sociales de deudas nacidas después de la causa de disolución
• Posibilidad de ejercitar acciones de reintegración tras la reapertura del concurso que pudieron haberse ejercitado antes
• Demanda del prestatario contra los prestamistas cedente y cesionario de un crédito declarado nulo por usurario

• Condena a una comunidad de propietarios por los daños de filtraciones en cubierta por ser elemento común
• Es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento y su acción para pedirlo no está sometida a caducidad
• Responsabilidad extracontractual. Interpretación extensiva del artículo 1910 del Código Civil
• Supresión de datos personales. Tratamiento ilícito. Registro de solvencia patrimonial

• Edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación y posibles obras en las mismas
• Diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito por parte de la administración Local
• Existe «identidad económica sustancial» entre el extinto Banco Popular y el Santander que justifica la sucesión en la responsabilidad por infracción
• Sanción por tratamiento de datos personales. Aplicación para el seguimiento epidemiológico de la COVID-19

• Insolvencia punible por aportación de inmuebles a una sociedad constituida con su cónyuge
• Asesinato con alevosía cualificada por desvalimiento y delito de inducción al suicidio
• Condena al dueño de un bar por no impedir que un hombre atacara sexualmente a una clienta
• Comiso de instrumentos del delito

• Agresión sexual a menores de 16 años y la posibilidad de error de tipo absolutorio
• Anulada la condena por resistencia a un ciudadano que trató de impedir la entrada de la Policía en su casa
• Robo con violencia y el empleo de violencia para proteger la huida antes de consumarse el delito
• Delitos de robo y detención ilegal y posible concurso real

• Venta de un activo de una entidad en concurso de acreedores sin autorización judicial
• Ejercicio de acciones del concursado. Reclamación de rentas del arrendador en concurso contra el arrendatario
• No hay compensación para el pasajero que llega a destino con menos de tres horas de retraso en un vuelo alternativo que él mismo reservó
• Día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción individual de responsabilidad contra el administrador concursal

• Indemnización por pérdida de oportunidad en el retraso de diagnóstico de un cáncer
• Nulidad de Ordenanza que prohíbe estufas de gas en terrazas de hostelería
• Extensión de las garantías constitucionales del derecho de defensa a los procedimientos sancionadores
• El TC declara inconstitucional y nula la suspensión de expropiaciones de la DT 11ªde la Ley valenciana de urbanismo

• Vulneración del derecho a la intimidad por incumplimiento de las obligaciones de custodia de grabación
• Revocación por ingratitud de donaciones
• Plazo de prescripción de la acción restitutoriade gastos de notaría, registro y gestoría
• La rectificación en un medio digital debe insertarse en la noticia original además de publicarse en un nuevo vínculo

Establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Resalta que fue además una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal.

Asimismo, la Sala, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, según el tribunal, cuando la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.