Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.
Ello puede ser así incluso cuando la gravedad individual del incumplimiento de esta obligación y sus consecuencias para el consumidor puedan variar según los casos
Lexitor es una sociedad polaca de gestión de cobro a la que un consumidor cedió sus derechos derivados de un contrato que había celebrado con un banco. Esta sociedad afirma que el banco incumplió su obligación de información al consumidor en el momento de la celebración del contrato. Lexitor acudió a un órgano jurisdiccional polaco para reclamar al banco el pago de una cantidad de dinero correspondiente a los intereses y gastos pagados por dicho consumidor.
Condena a penas de hasta 2 años y 3 meses de cárcel a doce acusados del denominado “cartel del fuego”
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y tres meses y seis meses de cárcel a doce acusados de conformar un cártel en los contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018, mientras que ha declarado exento de responsabilidad penal a otro de los acusados al aplicar por primera vez la denominada “excusa absolutoria” por haber destapado estas prácticas ilegales.
En una sentencia, de 178 páginas, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal acuerdan absolver a otros cuatro acusados en este procedimiento, conocido como “cartel del fuego”, que no habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, como sí hicieron los otros doce.
Entre los condenados se encuentra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín C. La Sala le condena a la pena de 1 año y 9 meses de cárcel por delito continuado de cohecho, continuado de prevaricación, continuado de malversación y continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial, con la atenuante analógica de confesión tardía y simple de dilaciones indebidas. Por el contrario, le absuelve del delito de asociación ilícita.
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo de un condenado por violencia de género, que afirmaba que se habían vulnerado sus derechos porque los órganos judiciales no aplicaron la dispensa de la obligación de declarar en juicio que la ley reconocía a su expareja, denunciante en el proceso penal.
El 24 de septiembre de 2000, Hamza Mouri fue condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela a una pena de diez meses y quince días de prisión por haber agredido a su entonces pareja, causándole lesiones.
La Audiencia Provincial de Alicante rechazó el recurso de apelación y confirmó la pena de prisión impuesta por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Agotada la vía judicial, el condenado acudió en amparo al Tribunal Constitucional.
