Se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía con la Orden PJC/797/2025, de 21 de julio, publicada en el BOE de 24 de julio.
Esta convocatoria, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, no contiene limitación del número de plazas y será única, gratuita e idéntica para todo el territorio español.

El programa que ha de regir la evaluación es el que figura en el anexo de la convocatoria y podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:

• título de Licenciado/a en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de grado equivalente con anterioridad al inicio del curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía;
• Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, o quienes hayan superado actividades formativas para el acceso a esa profesión y a la Procura, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 64/2023 y el período de prácticas externas tuteladas
• Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

El auto rechaza el argumento de la defensa de que los elementos tenidos en cuenta contra Cerdán se hayan valorado en contra de su derecho a la presunción de inocencia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de apelación presentado por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra el auto del magistrado instructor, del pasado 30 de junio, que acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El tribunal comparte con el instructor que existe el riesgo de obstrucción de la investigación que justifica la medida cautelar de prisión, a la vista de los indicios obrantes en la instrucción de que el recurrente ejercía un "papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes" en la trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas. “Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del Magistrado Instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente", señala el auto de la Sala.

• Préstamo hipotecario. Registro especial de la Ley 2/2009. Seguro o aval del prestamista
• Embargo de vehículo. Baja provisional en el registro administrativo de tráfico por transmisión
• La declaración de suelos contaminados por el propietario del bien adjudicado en una ejecución hipotecaria

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de julio.

• Delitos de atentado, lesiones y coacciones por agresión a una doctora para obligarla a expedir recetas
• La sentencia en conformidad no queda afectada por una posterior nulidad de las intervenciones telefónicas
• Delitos sexuales sobre menores. Juicio de credibilidad o de fiabilidad
• Delito de desobediencia en pandemia por covid, y efectos de la incostitucionalidad parcial del estado de alarma

• Derechos de autor. Remuneración mínima
• Infracción de derechos de propiedad intelectual del propietario físico de las obras de arte, al reproducir, transformar y comunicar sin permiso
• No puede excluirse del seguro de vida a un hombre que mató a la asegurada, con alteración psíquica

• Negativa a abandonar el inmueble tras intentarse el desahucio. Indemnización. Residencia en distinto Estado miembro
• Contrato de seguro y jurisdicción de los tribunales civiles cuando se acudió a la reclamación administrativa previa
• Pensión alimenticia y requisitos de los gastos de educación

• Presentación de ofertas por vía telemática en contratos públicos
• Oposición excepciones caducidad y prescripción del título ejecutivo en sede de ejecución forzosa de la resolución administrativa
• Aplicación del principio de proporcionalidad contemplado en la ley en las sanciones administrativas

• Inconstitucionalidad y nulidad del art. 65 d) de la Ley de Madrid 3/2016
• Eliminación de la exigencia de determinado nivel de catalán para acceder a puestos en el Servicio de Salud balear
• Indemnización de 73.688,8 euros a una ciclista que sufrió una caída cuando circulaba por la carretera
• Protección marcaria de las denominaciones de origen e incidencia de la polisemia de las marcas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados y 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (LOANCat).

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, avala la legitimidad constitucional de la amnistía otorgada por las Cortes Generales salvo en los tres siguientes aspectos:

1. Se declara la inconstitucionalidad por omisión del art. 1.1 por ser contrario al principio de igualdad (art. 14 CE) al no otorgar la amnistía a aquellas conductas dirigidas a rechazar el “procés”.
2. Se declara que el segundo párrafo del art. 1.3 es inconstitucional y nulo porque permite amnistiar conductas posteriores a la aprobación de la LOANCat, vulnerando el art. 14 CE.
3. Se declara que los apartados 2 y 3 del art. 13 no son inconstitucionales siempre que permitan la audiencia de todas las partes personadas en el proceso ante el Tribunal de Cuentas en el tramite procesal referido a la aplicación de la LOANCat.