La Sala considera que puede resultar discriminatoria por, entre otros motivos, vulnerar el derecho a la igualdad ante la Ley

Introducción

Analizamos la reciente decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España respecto a la inclusión de ciertos delitos en la Ley de Amnistía y las posibles implicaciones de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Este análisis se enfoca en los aspectos jurídicos clave y las implicaciones constitucionales que surgen de esta resolución.

El Consejo de Ministros de 9 de julio ha acordado ampliar en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta decisión posibilita la prórroga a un tercer año del plazo de dos años previsto inicialmente.

Decisión del Consejo de Ministros sobre la Nacionalidad Española

La aplicación de esta disposición adicional implica a las Oficinas del Registro Civil, con una incidencia muy importante sobre los Registros Civiles Consulares. A pesar de los esfuerzos para dotarlas de medios adicionales, en algunas Oficinas Consulares el plazo de dos años no ha sido suficiente para absorber la demanda de citas.

El Juez Llarena del Tribunal Supremo declara no aplicable la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación y mantiene las órdenes nacionales de detención contra ellos.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado el 1 de julio un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, y a los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig. En la misma resolución, el juez acuerda mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.

El instructor argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

• La prueba del interés legítimo en la solicitud de certificación literal del historial de una finca
• Inscripción de testimonio de sentencia dictada en rebeldía. Transcurso del plazo del recurso de audiencia al rebelde
• Negativa del registrador a notificar a un interesado el contenido de la inscripción practicada en un procedimiento del art. 199 LH
• Opción de compra. Depósito del precio a disposición de los titulares de las cargas posteriores

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de junio.

El BOE de 28 de junio, publica la Resolución de 26 de junio de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2024.

Publicado en el BOE de 28 de junio, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 2024 es el 12,25 por 100.

• Requisitos del delito de usurpación de funciones públicas y cohecho (caso canicas)
• Alzamiento de bienes como delito de mera actividad y no de resultado
• Relación concursal del delito de coacciones con el delito de stalking del art. 172 ter
• Delito fiscal por ser el valor real de tasación de los bienes vendidos mayor que el declarado

• Indemnización por robo de datos personales que no han sido objeto de uso fraudulento posteriormente
• La apreciación de la mejor fortuna en la pérdida del beneficio de justicia gratuita
• Préstamo usurario solicitado para pagar deuda pendientes con interés desproporcionado
• Audiencia de los menores en la adopción de medidas sobre custodia

• Exclusión de la abusividad por la intervención de un despacho de abogados en representación de los actores
• Interpretación del clausulado de un seguro de responsabilidad civil. Confusión entre los conceptos de víctima y perjudicado
• Condenan a una entidad bancaria por déficit del sistema de seguridad a reembolsar a un cliente víctima de un fraude
• Legitimación procesal de la entidad que interpone una demanda antes de ser declarada en concurso

• Inconstitucionalidad de la regulación de la Ley de Galicia 7/2022 sobre reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre
• Inconstitucionalidad de límite mínimo de las sanciones por superar el gasto electoral permitido
• Responsabilidad solidaria al Administrador por deudas con la Seguridad Social
• Incidencia de la relación entre las distintas prestaciones de los contratos mixtos y criterios a ponderar para la adjudicación