Jurisprudencia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 19/10/2011 reitera lo que ya ha resuelto en otras sentencias, a saber que , la pensión compensatoria requiere que el divorcio produzca un empeoramiento de la situación del cónyuge que la acredita en relación a su situación anterior en el matrimonio, ya que no cabe atribuir una pensión compensatoria condicionada a la hipotética y futura pérdida de empleo con posterioridad al divorcio, pues el desequilibrio vendría provocado por el despido posterior y no por la ruptura matrimonial. En el presente caso, no se constata que la esposa sufra ningún desequilibrio económico como consecuencia de la crisis matrimonial, de acuerdo con los hechos probados, y aunque la hipotética pérdida del trabajo en la empresa del marido puede resultar muy probable debido a la crisis matrimonial, incluso si ello sucediera, no podría considerarse una causa de desequilibrio motivada por el divorcio, sino por el despido.

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La Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 5/10/2011, ha declarado que es válida la cláusula contractual que impone al pasajero la obligación de hacer facturación on line y presentarse en el aeropuerto con la tarjeta de embarque impresa, so pena de sufrir una penalización de 40 Euros si necesita que el personal de tierra de la compañía la reimprima en cualquiera de los mostradores de facturación antes del vuelo. Está admitido que RYANAIR, compañía aérea de las denominadas de bajo coste vende sus billetes de transporte a través de Internet, a solicitud del usuario mediante el acceso a su página web. Efectuada la contratación, RYANAIR emite billete o documento de transporte y el pasajero lo obtiene mediante impresión desde esa web. En dicho documento de transporte figura el número de reserva y los datos identificativos del vuelo y del pasajero, con advertencia expresa y reiterada, bajo el aviso “Importante”, de que el pasajero debe efectuar la facturación on line e imprimir la tarjeta de embarque en una hoja individual A4 para presentarla en la puerta de embarque. Esta obligación y las consecuencias de su incumplimiento constan con claridad además en las condiciones generales de la contratación que el usuario ha de aceptar a la hora de realizar la contratación o reserva de vuelo. La cláusula de penalización estimula el cumplimiento de dicha obligación asumida por el pasajero, con un importe no excesivo. Se trata de un pacto amparado por la libertad contractual del que el pasajero es suficientemente informado, no es desproporcionado, ni implica un desequilibrio importante de prestaciones, no limita injustificadamente sus derechos y cuya aplicación puede evitar con una mínima diligencia.

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El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el 28 de octubre de 2011, del Pleno de su Sala Tercera y de la que ha sido ponente el Magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas, ha declarado nulo y sin efecto el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, formulado por el Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva y al que se han adherido otros seis Magistrados, fundamenta la declaración de nulidad del referido Acuerdo, así como del Reglamento que contiene, en la falta de competencia del Consejo General del Poder Judicial para dictar la mencionada disposición. En el recurso, interpuesto por un nutrido grupo de editoriales jurídicas, se aducen como causas de esa nulidad la falta de competencia del Consejo General del Poder Judicial para elaborar normas que vayan más allá del ámbito doméstico de la organización que gobierna, así como para regular la reutilización de sentencias y resoluciones judiciales y el mercado en el que estas se comercializan, a lo que se une la omisión de diversos trámites en la fase de elaboración de la norma, como sonel informe de la Comisión Nacional de Competencia, el preceptivo trámite de audiencia y la inclusión de una memoria económico-financiera. Igualmente se alegan vulneraciones de las Leyes de Tasas y Precios Públicos y de Defensa de la Competencia, concluyendo en que la regulación dictada compromete seriamente la efectividad del derecho fundamental de acceso a la información y al principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales y vulnera de forma general los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionadora.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 28/09/2011, resuelve la reclamación de indemnización para una menor derivada de un accidente de circulación en el que fallecieron ambos progenitores siendo conductor el padre y a la vez causante del accidente, resultando herida la hija de diez meses y que viajaba como ocupante. Dicha Sentencia aplica al caso enjuiciado la doctrina que fija esta Sala en STS de 17 de Mayo de 2010, para el caso de fallecimiento de ambos progenitores en accidente. Dicha sentencia, justifica la procedencia de aplicar el referido factor corrector, aún en el caso de que uno de los padres sea causante del accidente, en atención de que se trata de un factor que toma en consideración la situación de mayor desamparo que, desde el punto de vista objetivo, supone para la hija que ambos padres hayan fallecido como consecuencia del siniestro, lo que sólo permite excluir el supuesto en que la ausencia de uno de ellos responda a circunstancias ajenas al mismo. En el presente caso, y dada la edad de la menor (10 meses) es procedente aplicar el referido factor corrector de la indemnización básica, en un porcentaje de 100% de incremento.

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El Tribunal Supremo en sentencia de 19/09/2011, siguiendo la STS de 8/10/2010 ha acogido el criterio favorable a la compatibilidad de las indemnizaciones derivadas del seguro de responsabilidad por uso y circulación de vehículos a motor y el seguro obligatorio de viajeros. No hay duplicidad en la indemnización sino distinto riesgo e interés resarcible, ya que a diferencia del seguro de responsabilidad civil, el seguro obligatorio de viajeros otorga a todo viajero que utilice un transporte público y en el momento del accidente esté provisto de dicho título, el derecho a ser indemnizado, siempre que se produzca el hecho del accidente o daño, con independencia de la culpa o negligencia del conductor, empresario o empleados, e incluso tercero, hasta el límite y en las condiciones establecidas en el mismo, de forma que para ser acreedor de la indemnización con cargo a dicho seguro, bastará acreditar la condición de viajero con el correspondiente título de viaje, circunstancia que queda acreditada en el presente caso, y que los daños corporales sufridos por la perjudicada deriven de alguna de las causas previstas en al art. 7 RD 1575/1989, de 22 de diciembre, que igualmente se acredita en el presente caso, ya que los daños corporales sufridos por la perjudicada tienen su causa en el frenazo brusco del autobús en el que viajaba y que provocó su caída.

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La Sentencia 155/2011 del Tribunal Constitucional, de 17 de octubre, entra a resolver una cuestión sobre la que todavía no había ningún pronunciamiento concreto. Señala que la conciliación previa en el orden civil se configura desde la Ley 34/1984, de 6 de agosto, como un mecanismo de evitación del proceso de carácter no necesario, que por tanto se insta por el interesado de manera facultativa y sin deparar efectos perjudiciales si no se intenta, diferenciándose de este modo de su equivalente laboral. La conciliación preprocesal civil no persigue el ejercicio de jurisdicción en sentido estricto, sino solo que se propicien las condiciones para una comunicación directa entre las partes, encaminada a facilitar un acuerdo entre ellas. Ahora bien, el procedimiento de conciliación dispensa una protección de los derechos subjetivos que se ventilan en él.

En cuanto a la naturaleza del acto de conciliación en el proceso civil, esto es, si se incluye en el área contenciosa o se incardina en la jurisdicción voluntaria, ha de señalarse que a efectos de la tutela judicial efectiva la cuestión es indiferente, desde el momento en que la jurisprudencia de este Tribunal ha venido extendiendo los derechos procesales del art. 24 de la Constitución, a esa parcela de la justicia civil. Por tanto, si se atiende al carácter tutelador de la actividad judicial que se presta en la conciliación preprocesal, como a su naturaleza propia de actividad de jurisdicción voluntaria para la que este Tribunal ha reconocido los derechos procesales del art. 24 CE, nada obsta a que se le dispense el mismo trato a dicha conciliación, lo que se traduce en el reconocimiento para el justiciable que hace uso de este cauce, del derecho de acceso a la jurisdicción.

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El Tribunal Supremo en Sentencia 28/09/2011 ha declarado que, en la donación de inmuebles, la actuación dolosa de los donatarios, provoca que el donante preste su consentimiento de forma viciada, lo que conlleva la nulidad del consentimiento prestado, y por tanto del contrato de donación. El dolo se manifiesta no sólo en la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también en la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe. Y es lo que ocurre en el presente caso, ya que la actuación de los donatarios es dolosa, y alcanza la suficiente gravedad para determinar la nulidad del contrato de donación. En el presente caso, no se discute si el hijo de la donante, actuando por sí y en favor de sus hijos, también demandados, fue quien acudió a la notaría aportando la documentación necesaria par la preparación de las escrituras de la donación y precisando cuáles eran los inmuebles que habían de ser objeto de las mismas, todo ello sin contar con la voluntad y el consentimiento de su madre, quien convencida de que se trataba de la donación a su hijo de un sólo inmueble, se ve sorprendida cuando, ya en la notaría, se encuentra con la presencia de sus nietos y con el hecho de que las escrituras que habían sido preparadas se referían a otros inmuebles y habían de otorgarse no sólo a favor de su hijo, sino también de sus nietos; situación de sorpresa, que ante la presión que imponían las circunstancias configuradas concientemente por el donatario con tal finalidad, le llevó a prestar en el acto un consentimiento que evidentemente estaba viciado, ya que tratándose de una persona de avanzada edad, y como pone de manifiesto el perito doctor se trata de una persona dependiente y que por ello carece en ese momento de la voluntad necesaria para hacer frente al conflicto emocional que le planteaba la donación, cuando se vio en la tesitura de firmar la documentación que le fue presentada en la notaría, por lo que plasmó su firma sin desearlo.

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La inclusión en una cláusula de protección de datos de la utilización de los datos del cliente para cualesquiera otras finalidades no incompatible con las anteriores, no vulnera el art. 4 de la LOPD. La cláusula que permite el ofrecimiento y aceptación de servicios bancarios a través de la vía SMS, siempre que anteriormente se hayan comunicado las condiciones generales del contrato en soporte distinto, no es abusiva. Es abusiva, la cláusula que permite la contratación telefónica de productos o servicios, sin que conste por escrito o soporte duradero las condiciones que hayan de regir dicha contratación. También es abusiva la cláusula que exime de responsabilidad, en todo caso y sin matiz alguno, a la entidad bancaria por el uso fraudulento de las claves de la banca electrónica.

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El Tribunal Supremo en fecha de 29 de junio de 2011, y siguiendo reiterada jurisprudencia, ha declarado que la celebración de juicio oral contra persona acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar es un hecho de relevancia general, lo que justifica no sólo el interés público especial de la información, sino incluso el que se expresen los datos de identidad de los detenidos, en lugar de las letras iniciales de su nombre y apellidos. Dicha información publicada tiene relevancia social y prevalece sobre el derecho al honor. En orden al derecho a la propia imagen, la veracidad es inmanente salvo que se manipule la representación gráfica. En el presente caso, existe una directa relación entre la imagen publicada y el contenido de la información escrita, y por tanto la imagen puede considerarse accesoria respecto de la información publicada.

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La Sentencia 4/2001 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 28 de septiembre, nos recuerda que el expediente de jura de cuentas, desde la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, concluye con un decreto del secretario, dictado al margen de toda intervención judicial, que no es recurrible. Por ello, dado que los conflictos de jurisdicción solo caben en relación con resoluciones que, además de judiciales, sean jurisdiccionales, los jueces y tribunales que sustenten tales conflictos positivos frente a la Administración difícilmente podrán argumentar por sí mismos sin invadir las competencias exclusivas del secretario del juzgado o tribunal, e igual ocurriría si el conflicto fuera negativo.

El expediente de jura de cuentas no solo ha perdido su carácter jurisdiccional sino que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales.

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