La justicia gratuita se financiará con la recaudación de las tasas judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy en su comparecencia en el Senado a poner en marcha el grueso de sus reformas antes de que finalice 2012, tiempos y plazos que se ha marcado para que quede constancia de que su objetivo es agilizar los trámites judiciales lo antes posible. Junto al calendario legislativo de su departamento, el titular de Justicia ha avanzado también el contenido de algunas de sus propuestas. Precisamente, uno de los asuntos que dijo tener "prácticamente ultimado" es el referido a la revisión de tasas judiciales vigentes, anunciado ya en Comisión en el Congreso de los Diputados. Mientras la recaudación de los depósitos se empleará para la modernización de la Justicia, tal y como establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en el caso de las tasas (aspecto sobre el que acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional de forma positiva), los ingresos se destinarán a la financiación de la justicia gratuita. Es decir, que las tasas que abonan los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.

Respecto a la justicia gratuita, Ruiz-Gallardón ha asegurado que ningún ciudadano que acredite no tener recursos para acceder en igualdad de condiciones a los tribunales quedará sin atender, pero ha remarcado que es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial.

Otro de los asuntos que se revisará en los próximos meses con el objetivo de racionalizar el volumen de litigios es el privilegio que tienen los funcionarios para acudir a los tribunales sin abogado ni procurador. Con la modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 se suprimirá esta posibilidad, equiparando así sus derechos con el del resto de los ciudadanos.

La situación de "urgencia" e incluso de "emergencia" en la que se encuentra la coyuntura económica, empuja al Ministerio de Justicia a acometer con celeridad una batería de reformas que favorezcan la competitividad de España. Ruiz-Gallardón ha afirmado que es "el momento de pasar de la reflexión a la acción" y adquirir compromisos concretos: "No hay conservadurismo más peligroso e improductivo que el de no hacer nada, el de la parálisis, el del inmovilismoautocomplaciente".

Primeras reformas

Para junio estarán también listos los primeros borradores de gran parte de las reformas parciales, así como el nuevo Estatuto de la Víctima, que como ya se avanzó en el Congreso prestará especial atención a las de terrorismo y ampliará sus derechos para que estén informadas y puedan personarse en todas las fases del procedimiento penal. Asimismo, se les consultará antes de aplicar cualquier beneficio penitenciario.

También la reforma del Código Penal tendrá una nueva redacción antes del verano, en la que se incluirá la pena de prisión permanente revisable. Ruiz-Gallardón aclaró que esta pena se introduce como "mecanismo de seguridad", de forma que la posible rehabilitación del reo tras "un tiempo límite mínimo ineludible" se estudiará mediante un test de reinserción, cuyo resultado ofrecerá al tribunal información sobre su capacidad de readaptación a la sociedad sin peligro para la misma.

Igualmente, para las mismas fechas el Ministerio de Justicia pondrá en marcha la reforma de la Ley de Responsabilidad del Menor y se presentará una batería de medidas para evitar los casos de multirreincidencia, así como una nueva regulación de las faltas.

Normativa para otoño

Entre las reformas que estarán listas antes de fin de año se encuentra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El ministro ha anunciado que en otoño verá la luz el texto en el que se recupera la necesidad de que las menores cuenten con el apoyo paterno para abortar, así como la recuperación de los derechos del concebido y un sistema de garantías para los casos en los que se produzca un conflicto entre los derechos de la mujer y el no nacido.

En el tercer trimestre del año estará también preparado el texto del nuevo Código Mercantil. El objetivo principal de esta nueva ley es recuperar la unidad de mercado en el territorio nacional para que la dispersión normativa no obstaculice la actividad empresarial. En este Código se incluirá la revisión de numerosas normas que quedarán recogidas en un único texto, como la de Patentes de Innovación y Modelos de Utilidad, la Ley General de Publicidad, la Defensa de la Competencia y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, entre otros. En este trimestre, echará también a andar un nuevo anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que, por un lado, modificará algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil para actualizar qué materias deben ser vistas por el juez y, por otro, se establecerá un catálogo con los asuntos que pueden ser 'desjudicializados' y puestos bajo otra autoridad pública con el fin de agilizar los trámites.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se busca, entre otras cosas, terminar con la politización de la Justicia tendrá su primer borrador en octubre de 2012. El texto, en el que se introduce una modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se presenta justo un año antes de que finalice el mandato de este órgano. La razón de esta reforma se consolida, según ha explicado Ruiz-Gallardón, tras revisar la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 en la que ya advertía del riesgo de que "la lucha de partidos" se trasladara al CGPJ por el mecanismo de elección de la ley de 1985. En la nueva norma se delimitarán también las competencias del Tribunal Supremo, en el que se prevé acortar la excesiva duración de los recursos. La Comisión de expertos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes ya trabaja sobre estos asuntos y sobre la reforma de la Ley de Demarcación y Planta. Igualmente, se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas de los estatutos de Autonomía en el Tribunal Constitucional.

Otra comisión estudia también la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, esencial si, como ha indicado el ministro, se tiene en cuenta que el orden penal acumula el 70% de la litigiosidad en España. El objetivo de Ruiz-Gallardón es dejar de poner parches a una ley que ha sido reformada hasta en 44 ocasiones en los últimos 30 años y abordar e incluir en ella asuntos que definan el proceso penal en el siglo XXI como el plazo del secreto de sumario, el papel de la policía judicial en la investigación de delitos o el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior.

Fuente: La Moncloa