Jurisprudencia de Derecho Civil

Protección de datos personales. Principio de exactitud. Derecho de rectificación. Datos relativos al sexo. Inexactitud en un registro público. Solicitud administrativa de la prueba de haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo.

Todo tratamiento de datos personales debe, en particular, cumplir los principios relativos al tratamiento de dichos datos establecidos en el artículo 5 del RGPD, incluido el principio de exactitud, y satisfacer las condiciones de licitud enumeradas en el artículo 6 de dicho Reglamento. En estas circunstancias, la actualización de los datos tratados constituye un aspecto esencial de la protección de la persona en cuestión en relación con el tratamiento de esos datos.

Un Estado miembro no puede invocar la inexistencia, en su Derecho nacional, de un procedimiento de reconocimiento jurídico de la condición de persona trans para poner obstáculos al derecho de rectificación. A este respecto, es preciso recordar que, si bien el Derecho de la Unión no menoscaba las competencias de los Estados miembros en el ámbito del estado civil de las personas y del reconocimiento jurídico de su identidad de género, estos deben respetar el Derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia. De este modo, una normativa nacional que impide que una persona transgénero, al no reconocer su identidad de género, reúna un requisito necesario para disfrutar de un derecho protegido por el Derecho de la Unión, como, en el presente caso, el derecho consagrado en el artículo 8, apartado 2, de la Carta y concretado en el artículo 16 del RGPD, debe considerarse, en principio, incompatible con el Derecho de la Unión.

Préstamo hipotecario Cláusula que atribuye al consumidor el pago de los gastos asociados al contrato. Acción de nulidad. Plazo de prescripción de la acción restitutoria de las cantidades indebidamente pagadas.

La obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes. No obstante, la protección del consumidor no es absoluta y la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión.

Ejecución de resolución extranjera. Reconocimiento de la ejecutoriedad de la resolución. Firmeza de la resolución extrajera. Orden público. Sentencia a viva voz.

La ejecución de resoluciones judiciales de otros Estados miembros prevista en el Reglamento 44/2001 supone que, en un primer momento, el juzgado ante el que se formula la solicitud «otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo 53, sin proceder a ningún examen. Este «otorgamiento de la ejecución» ha de entenderse como la declaración del juzgado que reconoce la ejecutividad de la resolución de un tribunal de otro Estado miembro porque ha presentado los documentos exigidos por el art. 53 del Reglamento 44/2001: la copia auténtica de la resolución cuya ejecución solicita y la certificación, expedida por el tribunal que ha dictado la resolución en cuestión, conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V del Reglamento.

Contratos bancarios. Tarjeta revolving. Usura. Acción de nulidad y acción de restitución. Plazo de prescripción.

Estimado el recurso del usuario de una tarjeta revolving y condena a la demandada a restituirle lo pagado en exceso respecto del capital dispuesto, durante el plazo de 5 años y 82 días anterior a la formulación de la reclamación extrajudicial, con los intereses devengados desde la fecha de cada pago.

Prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por intereses en un préstamo o crédito usurario por tener estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y dies a quo del plazo de prescripción.

Protección de datos personales. Apreciación de la solvencia de una persona física. Solvencia crediticia. Decisiones automatizadas. Elaboración de perfiles. “Scoring”. Verificación de la exactitud de la información facilitada.

Operador de telefonía móvil se negó a celebrar un contrato con una cliente por carecer esta de la solvencia suficiente. El operador se basaba a este respecto en una evaluación crediticia de la cliente que había hecho de forma automatizada.

El responsable del tratamiento debe describir el procedimiento y los principios concretamente aplicados de tal manera que el interesado pueda comprender cuáles de sus datos personales se han utilizado y cómo se han utilizado en la adopción de la decisión automatizada los datos personales relativos al interesado con el fin de obtener un resultado determinado, como un perfil de solvencia. La explicación que se le facilite debe permitirle comprender e impugnar la decisión automatizada. Para cumplir los requisitos de transparencia e inteligibilidad puede ser adecuado, en particular, informar al interesado de la medida en que una variación de los datos personales tenidos en cuenta habría conducido a un resultado diferente. En cambio, la mera comunicación de un algoritmo no constituye una explicación suficientemente concisa y comprensible.

Contrato de alimentos. Contenido. Onerosidad y aleatoriedad. Renta vitalicia.

Se otorgó una escritura notarial de cesión de la nuda propiedad de dos fincas que quedarían satisfechos «con las atenciones recibidas, hasta la fecha, por parte de la cedente, por cuenta y cargo de la parte cesionaria, así como por las atenciones futuras que a dicha cedente se le dispensasen por el mismo cesionario. La cedente murió dos días después del otorgamiento de la escritura de cesión de la nuda propiedad. El hermano del cesionario e hijo de la cedente interpone demanda de nulidad de contrato.

Inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la sentencia dictada en apelación. Ausencia de motivación razonable.

Cuando el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones resulte procedente, su inadmisión supone una preterición del mecanismo de tutela pertinente ante la jurisdicción ordinaria. No puede considerarse el incidente como un mero trámite formal previo al amparo constitucional, sino como un verdadero instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. Asimismo, la motivación que necesariamente ha de ofrecer el órgano judicial para inadmitir el incidente de nulidad, aunque sea sucinta, debe precisar el recurso extraordinario que a su parecer cabría interponer, teniendo para ello en cuenta las posibilidades reales de procedencia de tal recurso en el caso concreto, habida cuenta su regulación legal, pues no hacerlo así conlleva la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable.

Créditos para bienes inmuebles de uso residencial. Información general sobre los productos ofertados. Obligación de facilitar un “ejemplo representativo”. Ficha de información que únicamente incluye ejemplos de uno de los tipos de crédito ofertados.

La Directiva 2014/17, cuyo objeto es establecer un marco común para los contratos de crédito al consumo en relación con bienes inmuebles de uso residencial, expone, en su artículo 13.1, la información general relativa a los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial que los Estados miembros deben garantizar que sea facilitada en todo momento por los prestamistas a los consumidores; su letra g) establece que el prestamista debe facilitar, en particular, «un ejemplo representativo del importe total del crédito, del coste total del crédito para el consumidor, del importe total adeudado por el consumidor y de la TAE».

Sucesiones. Legitimarios. Herencia repudiada. Donaciones. Reducción por inoficiosa. Reducción de donaciones por inoficiosas.

La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación versa sobre la imputación de las donaciones hechas a los hijos que repudian la herencia en la que fueron instituidos testamentariamente por la causante a partes iguales junto con sus hermanos. Se desestima el recurso de casación interpuesto por los donatarios y se confirma la sentencia recurrida, que en atención a la escritura de repudiación de la herencia que otorgaron entiende que renunciaron también a la condición de legitimarios, de modo que las donaciones que recibieron se imputan al tercio de libre disposición y, en

Derecho de familia. Menores. Régimen de visitas. Interés del menor. Relación personal del menor con sus abuelos. Voluntad de los menores.

Relación personal del menor con sus abuelos a raíz del artículo 160.2 del Código civil que señala que “no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”.

Al interpretar y aplicar este precepto, sobre todo en las relaciones entre abuelos y nietos, el Supremo ha dicho:

(i) que la complejidad de las relaciones entre familiares se evidencia en los asuntos referidos a las relaciones entre parientes más alejados que los progenitores, que pueden verse impedidos de una normal relación con sus descendientes o ascendientes;
(ii) que la sala se ha manifestado a favor de estas relaciones y establecido como regla que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos únicamente por la falta de entendimiento de estos con los progenitores, pues, aunque la relación prioritaria es la paterno filial, debe prestarse una especial atención a la relación abuelos-nietos, en interés del propio menor, ya que aquellos ocupan una situación respecto de los nietos de carácter singular y desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad civil;