Casos Prácticos Derecho Civil

Una persona comprueba que es publicado en una revista de su localidad, de ámbito regional y nacional, un reportaje en el que se indica que tiene abierto un proceso penal por agredir sexualmente a unas mujeres jóvenes a las que entrenaba, y en el que recoge la versión de dicha personas, quejándose de lo lento que está siendo el procedimiento, ya que le ven por la localidad, y para el que la fiscalía solicita una pena de prisión, y también se expone la versión del abogado defensor del afectado por la publicación. Asimismo, se recogen fotos de algunas de las denunciantes y del presunto agresor, y se indica que actualmente está en libertad provisional. Tras la sentencia absolutoria decide interponer una demanda por vulneración del derecho al honor. En la información publicada se resaltaba, con titulares de mayor tamaño, que «El agresor sexual lleva años en libertad» y en un recuadro, que también se resaltaba, datos del procedimiento solicitando la indemnización de daños y perjuicios.

Una pareja, casados, que vive en España con un hijo común, discuten. La madre se va de España sin avisar ni consultar al padre. Se desplaza con su hijo menor al país de origen de ella (extracomunitario), que ha ratificado el Convenio de La Haya el 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. El padre insta en España la demanda de divorcio y solicita la custodia para él, con un sistema de comunicaciones y visitas para la madre. El juzgado dicta sentencia acordando sólo el divorcio, pero no fijando ningún sistema de comunicaciones entre el padre y el hijo, al considerar que le faltan datos e informes adecuados para ello y que carece de competencia. Recurrida en apelación, la audiencia confirma esta sentencia y añade que deberá ser en el país de origen donde se inicie la modificación de medidas, porque allí se puede arbitrar un sistema de comunicaciones más adecuado. En definitiva, los tribunales españoles no dan respuesta a otra cuestión que la declaración formal de divorcio.

El presente caso tiene por objeto el análisis de la interpretación de las reglas relativas a la legitimación activa de las asociaciones de consumidores para litigar en interés de los consumidores en el contexto de los instrumentos de los mercados financieros, conforme al artículo 52, apartado 2, de la Directiva 2004/39/CE («Directiva MiFID I, actual»). La cuestión principal que se suscita es si se pueden aceptar limitaciones a la legitimación de una asociación de consumidores que interviene en representación de inversores individuales que tienen la consideración de consumidores, sobre la base de la naturaleza y el valor de los productos financieros en los que esas personas han invertido, al tratarse de producto contratados que no son de uso común y generalizado, sino más bien especulativos y de alto valor económico, todo ello valorando la compatibilidad de la normativa nacional y la comunitaria. Igualmente ha de ponderarse el posible fraude procesal del uso abusivo de esta legitimación especial, para aprovecharse del derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocido por ley a estas asociaciones.

Posible existencia de incongruencia de sentencia de incapacidad al conceder una curatela más amplia de la pedida por el Fiscal y posible vulneración de la carga de la prueba por parte del Fiscal analizando la normativa y la doctrina del Tribunal Supremo y el requisito preceptivo de la entrevista del incapacitado con el tribunal.

Demanda de un español a un ciudadano de la Unión europea por la publicación de fotografías en Facebook analizando la competencia judicial internacional y la protección de los derechos fundamentales.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué tipo de imprudencia ha de concurrir para que unos hechos den lugar al delito de homicidio imprudente y qué tipo de criterios han de tenerse en cuenta para delimitar la imprudencia leve que ha quedado despenalizada por nuestro legislador. Es la falta de atención la que determinará el error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia. La diferencia entre la imprudencia grave y la leve, se encuentra en la importancia del deber omitido en función de las circunstancias del caso, debiendo tener en cuenta a estos efectos el valor de los bienes afectados y las posibilidades mayores o menores de que se produzca el resultado, por un lado, y por otro, la valoración social del riesgo.

Relaciones paternofiliales y rebeldía del progenitor demandado. interés del menor y medidas aplicables con relación a la patria potestad en exclusiva o privación de la patria potestad, régimen de visitas y pensión de alimentos y su garantía.

Interpuesta una demanda de separación, ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida, ni durante la sustanciación del procedimiento ni en el acto de la vista oral; pero el juzgado la acuerda. Recurren en apelación utilizando como razonamiento esencial que no se puede acordar si ellos no lo solicitan, independientemente de que lo pida el Ministerio Fiscal –como así sucedió en la instancia–. Consideran que la ausencia de un debate contradictorio impide valorar la conveniencia de la custodia compartida. Al margen de lo anterior, se dice, en contra de la custodia compartida, que no se cumplen los requisitos para su concesión. Finalmente, se solicita por el progenitor paterno que la pensión de alimentos despliegue efectos desde que fue emplazado tras la demanda de separación, y no desde la fecha de la interposición efectiva de esta.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué Juzgado de Instrucción es el competente desde el punto de vista de la competencia territorial, cuando estamos en los supuestos de estafas realizadas a través de internet o vía telefónica o a través de los modernos medios de pago actuales; sin haberse superado la aplicación de la doctrina de la ubicuidad (el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares en los que tiene lugar alguno de los elementos del tipo), la misma ha sido complementada con una novedosa doctrina jurisprudencial denominada de la eficacia en la investigación policial y judicial (la competencia corresponderá al lugar donde resida el investigado si eso facilita la investigación, al hacer que la misma sea más ágil y tener mayores posibilidades de éxito).